El máximo tribunal dejó sin efecto las medidas solicitadas por la multinacional Barrick Gold, entre otras empresas, y aceptadas por la Justicia de San Juan, que suspendían la aplicación de la ley que protege y preserva las reservas de agua dulce, aprobada por el Congreso en 2010. Además, la Corte llamó la atención al tribunal provincial debido a que -en su resolución original- no se advierten cuáles fueron los “efectos irreparables” invocados por las empresas en sus presentaciones. Ahora, con la ley en plena vigencia, se deberá avanzar en el inventario de los glaciares existentes, previsto en la norma.