1. Introducción

El repertorio de acciones colectivas del ciclo de protesta1 abierto en 1997 tiene como una de sus principales formas de acción a los cortes de ruta2 . En los últimos tres años esta forma de protestaes adoptada por actores disímiles, que abarcan una amplia gama de reclamos.

El presente trabajo tiene como objetivo la comprensión y el análisis del corte de ruta que tuvo lugar en mayo de 1997 3en el departamento de Gral. San Martín, ubicado al norte de la provincia de Salta. El análisis de este conflicto cobra importancia en la medida en que esta expresión de protesta fue una de las primeras en utilizar este tipo de acción dentro del ciclo4 y, por otra parte, logró alcanzar una amplia visibilidad. Esta visibilidad permitió instalar, aunque más no sea por un breve período, los problemas de la zona dentro de la discusión pública nacional5 .

Nuestro enfoque abordará el problema desde la perspectiva del actor, preguntándonos bajo que dimensiones pueden pensarse a los sujetos sociales en tanto actor colectivo capaz de crear "otra" situación que comporte definir su propio horizonte de expectativas6. Siguiendo esta línea, consideramos a las acciones colectivas no como entidades empíricas u homogéneas, sino como un conjunto de relaciones que cumplen con ciertas condiciones analíticas: la presencia de un conflicto que plantea una ruptura del límite del sistema ante una situación de exclusión; la posibilidad de trasponer la situación individual para articular un proyecto en común, mediante una serie de interacciones que son condiciones de posibilidad para la conformación de una identidad colectiva (Melucci, 1985).

Estas cuestiones nos llevan a preguntarnos acerca del quién, el por qué y el cómo del corte de ruta en el departamento de San Martín, apoyándonos en las teorías de la acción colectiva que intentan integrar tanto el aspecto del "origen" de las mismas, el "por qué", (la escuela europea, Melucci) como el de los medios, el "cómo" (la escuela de "movilización de recursos" Tarrow) por los cuales las acciones son llevadas a cabo.

En la primer parte del trabajo intentaremos dar cuenta del impacto de las transformaciones estructurales sobre el escenario del conflicto. El segundo apartado estará destinado a analizar la gestación, el desarrollo, y la desactivación del conflicto. Luego, nos abocaremos a explorar las implicancias políticas del corte. El último apartado tratará de extraer algunas conclusiones a partir del análisis precedente.

2. Las transformaciones estructurales: de la matriz estado -céntrica al predominio del mercado.

Durante la etapa signada por la matriz estado-céntrica (Cavarozzi, M.; s/f) -circa mediados de la década del '40 hasta mediados de la década del '70 -, el Estado era el encargado de consolidar el desarrollo de la economía en su conjunto a través de medidas proteccionistas y políticas promocionales de la actividad productiva (Azpiazu D.; Basualdo, E.M., Khavisse M.;1989). Durante esta etapa, los procesos del mercado y del estado, lejos de ser antitéticos, eran complementarios, configurando lo que Teubal (1994) denomina un "modelo articulado".

Junto a esta complementariedad de los procesos de mercado y estatales, se produjo una expansión de la sociedad civil, que variaba desde la emergencia y fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores hasta la influencia del Estado sobre ciertos dominios "privados" como la escuela, la familia y el lugar de trabajo. En este sentido, aún cuando la participación popular era balanceada y compensada por la imposición del control estatal, la política era considerada como el canal de expresión de las demandas sociales.

Es necesario resaltar dos aspectos de esta etapa: por un lado, la trascendencia que adquiría el proceso de institucionalización social desde la política, a través de canales causi -corporativos entrelazados con organizaciones públicas, asociaciones profesionales y sindicatos. Por el otro, la importancia del mercado laboral como escenario activo en donde se posicionaban nuevos grupos sociales, permitía el acceso a las políticas sociales estatales. Esta articulación del mercado laboral y de la política, a través de la satisfacción de demandas y la instrumentación de políticas sociales universalistas, implicó la referencia al Estado como garante, no sólo del modelo en su conjunto sino también como la expresión política a favor de la protección social.

El fin de este modelo de crecimiento sustitutivo en lo económico y distribucionista e integrador en lo social y político sufre un quiebre a partir de mediados de la década del '70, en primer lugar, con las medidas económicas impuestas en 1975 desde el Ministerio de Economía comandado por Celestino Rodrigo. Posteriormente, las bases para la redefinición del modelo de acumulación fueron implantadas por la dictadura militar a partir de 1976.

Este modelo se profundizó a través del diagnóstico y las propuestas del "Consenso de Washington", con un proceso denominado de "ajuste estructural" -llevado a cabo en la Argentina por la administración menemista. Es así como el discurso neoliberal se torna hegemónico y con él, una serie de temas como el control de la inflación (durante los '80 y principios de los '90 para el caso argentino), el pago de las deudas públicas -principalmente deuda externa-, la reducción de los déficit fiscales, etc. En cambio, las consecuencias de la liberalización para las economías regionales, la precarización e informalización del empleo, el abandono de políticas sociales universalistas, entre otros temas, quedaron marginados de la agenda pública y de la discusión política.

Así, sobre la base de las recetas proporcionada por los organismos internacionales de crédito, países como la Argentina, han implementado medidas que remiten a la liberalización financiera, industrial y comercial, instaurando lo que McMichael denominó "el dominio del mercado". De esta manera, la apertura de las economías en favor de los poderosos actores de la economía global implicó el quiebre de la articulación de intereses entre el mercado y el Estado, a favor del primero7.

El dominio del mercado en Argentina supuso, por otra parte, un modelo social y sectorialmente desarticulado (Teubal, M.; 1994). La desarticulación de gran parte de la industria manufacturera, que había florecido al abrigo de las políticas de sustitución de importaciones, transformó la estructura ocupacional, que se reflejó en el aumento del cuentapropismo, en la tercerización de la economía, en altos índices de desocupación, de subocupación y de precarización del empleo, incluso hasta el límite de la marginación y en empobrecimiento de vastos sectores de la población.

Ahora bien, los actores sociales que se ven influidos por los cambios estructurales que presentamos más arriba no son receptores pasivos, sino que pueden ser pensados como participantes activos que procesan la información y arman estrategias que determinan que, ante circunstancias estructurales similares, algunos actores actúen de una manera y otros de otra. En otras palabras, todas estas transformaciones que presentamos en la esfera de lo macro-económico y lo estatal se producen en espacios determinados, es decir, los "fenómenos macro sólo son inteligibles en contextos concretos", trastocando situaciones individuales y comunitarias (Long y Long, 1992). En este sentido, el estudio de caso que abordaremos aquí es el de una zona que se desarrolló al abrigo de YPF, empresa pública característica del modelo estado- céntrico. Creemos que los cortes de ruta son expresiones de protesta que tienen lugar en la reformulación de la matriz centrada en el estado hacia el "nuevo" dominio del mercado.

3. Las transformaciones sociales en el escenario de la protesta

El conglomerado más importante de la provincia de Salta, luego de la ciudad capital, está formado por las localidades de Tartagal y General Mosconi, en el departamento de General San Martín8. Éste se encuentra ubicado en el Norte de la provincia y su frontera septentrional demarca la frontera entre Bolivia y Argentina.
Los 10 kilómetros que separan Tartagal y Mosconi se encuentran unidos por la ruta nacional 34, que hacia el Sur conecta con la capital provincial y, hacia el Norte, sirve como vía de transporte hacia Bolivia. Viniendo desde el Sur, la ruta llega primero a General Mosconi y luego a Tartagal, para luego seguir su rumbo hacia la frontera.

Roza a ambos poblados en sus márgenes, pues la plaza -el "centro" de todo pueblo o ciudad pequeña- se encuentra a unos 2 ó 3 kilómetros de la ruta.

Las localidades de la zona son resultado de historias conectadas y diferentes, donde la distancia espacial, hasta cierto punto, se corresponde con algunas diferencias sociales.

El municipio de General Mosconi tiene cerca de 20 mil habitantes y en su ejido están instaladas las principales empresas multinacionales de la zona que se dedican a la actividad hidrocarburífera, es decir, a extraer, procesar y transportar gas natural y petróleo (incluída entre éstas a la actual Repsol-YPF). En el pueblo de Mosconi propiamente dicho se instalaron la mayoría de los trabajadores que no formaban parte del personal más calificado de la empresa. En Campamento Vespucio, cinco kilómetros al Oeste de Mosconi, YPF se permitió construir un pequeño poblado al pie de los cerros. Allí se radicó el personal más calificado de la empresa y los empleados ligados a actividades conexas (hospital, colegios, servicios), merced a las viviendas, los edificios y los caminos construidos por la empresa estatal. "El Campamento", como lo llaman los pobladores de la zona, hoy está cerca de ser un pueblo "fantasma". En definitiva, las variaciones demográficas de este pequeño municipio estuvieron intensamente ligadas con las situación de la empresa estatal.

Si se transita la ruta nacional 34 desde Mosconi hacia el Norte durante 10 kilómetros, se llega al municipio de Tartagal. Sus 60 mil habitantes prácticamente triplican los de General Mosconi, aunque su crecimiento mucho tuvo que ver con el desarrollo de los servicios -comerciales, financieros y administrativos- en los cuales se volcaba gran parte de la masa salarial de los empleados de YPF. Fue bajo la égida de esta empresa estatal de hidrocarburos que se desarrolló la actividad económica y social de la zona. La presencia y las actividades de la empresa estatal no sólo generaban nuevas actividades relacionadas con la explotación, el transporte y la comercialización de hidrocarburos, sino que también aseguraba los beneficios derivados del accionar estatal: asistencia médica, cooperativas, mutuales y promociones (Favaro, O. y Morinelli, M.; 1991). La importancia de YPF en la zona en lo que hace a la generación de empleo se evidencia en que, en 1995 -incluso ya producida la privatización- se calculaba que cada puesto directo de trabajo en actividades hidrocarburíferas generaba 13 puestos indirectos de trabajo (MTySS, 2000).

El cambio de régimen de acumulación, y sobre todo su profundización con las medidas del Plan de Convertibilidad, trastocaron de raíz este escenario9 . El mismo año (1991) en que entró en vigencia el Plan de Convertibilidad se realizó el censo nacional. Éste consignó niveles alarmantes en lo que respecta a las necesidades básicas insatisfechas en el departamento: 41% para la localidad de Tartagal y 27% para Mosconi (INDEC -SIEMPRO, 1991).

En 1992 privatizan los yacimientos, las destilerías y las plantas de YPF, lo que seguramente no ayudó a mejorar esta situación. Este hecho fue un punto de inflexión que marcó un antes y un después, tanto en la situación económica y social como en los mundos de vida de los habitantes del departamento. El traspaso a manos privadas supuso una reducción de personal del 90%, mediante el pase a retiro de entre 2400 y 3500 empleados.
(Aguilar, M. A. y Vázquez, E.:1998; El Tribuno, 9/5/97) Para aquellos que conservaron sus trabajos en la empresa, la privatización implicó la extensión del horario laboral, aún cuando en muchos casos los sueldos fueron reducidos10. Algunos -los menos- de los empleados despedidos pudieron pasar a las empresas subcontratadas por las transnacionales hidrocarburíferas bajo una relación asalariada, aunque muchas veces trabajando sólo por el salario familiar. Por otro lado, la gran mayoría de los empleados retirados pasaron al sector cuenta propia con mayor o menor éxito, o directamente transitan como pueden la condición de desocupados. Junto con el aumento de la desocupación de la zona11 y la caída del ingreso familiar para aquellos aún ocupados, se produjeron dos fenómenos: un aumento de la tasa de actividad, debido a las mayores necesidades (lo que potenció el problema de la desocupación). En segundo lugar, se profundizó la crisis del sector comercial, tanto por la disminución del consumo como por la competencia que deben sufrir frente a las mercaderías más baratas traídas de Bolivia, favorecidas por el tipo de cambio (Aguilar, M. A. y Vázquez, E.; 1998). Dichas situaciones se expandieron hacia otros poblados, lo que aumentó aún más la crisis de la zona. En conclusión, el proceso de desarrollo que significó el auge de YPF se frenó, para iniciar un camino inverso.

4. Identidad colectiva y cortes de ruta como forma de protesta.

4.1. Activación de redes y construcción de un "nosotros": surgimiento y desarrollo de la protesta.

Las protestas producidas en 1996 en Cutral-Có -Plaza Huincul (Neuquén) reinstalaron a los cortes de ruta dentro del repertorio de acciones colectivas. En junio de ese año se cortó la ruta nacional 22, acción que se repitió en abril de 1997, días antes del corte de ruta producido en Tartagal-Mosconi. Si bien esta forma de protesta no es totalmente novedosa12 , es resignificada en tanto involucra nuevas dimensiones13 .

La protesta de Neuquén, puesta en relación con la del departamento de San Martín, puso de manifiesto que "las oportunidades creadas por los más "madrugadores" ofrecen incentivos para la formación de nuevos movimientos. Hasta los grupos convencionales de intereses se sienten tentados por la acción colectiva no convencional". (Tarrow, 1997: 59) Este aspecto se ve reflejado en las palabras de uno de nuestros entrevistados:

"creo que Cutral-Có, fue... una enseñanza para todo el país. Y en el 97 nosotros nos animamos gracias a lo que sucedió en Cutral-Có. (...) incluso el empresariado local, la protesta social que era del empresariado, de las instituciones, se prendieron en el corte porque estaban admirados de lo que hizo Cutral-Có. Era muy nuevito lo que había sucedido y es como que nos impulsó a...fue como una luz donde nosotros fuimos y nos aferramos.

Una posibilidad de lucha, se abrió un nuevo campo de lucha. De protesta. (...) Y mucha gente acá actuó empujada por esa sensación que le produjo Cutral-Có. (...) fue un espejo donde nosotros nos miramos y dijimos "es válido"." (Entrevista a dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados, UTD, agosto de 2000).

Sin embargo, la decisión de realizar el corte de ruta no responde a una suerte de "generación espontánea". Frente a una difundida percepción de que los cortes de ruta surgen ex nihilo, presentamos aquí una lectura que intenta demostrar que la protesta hace su aparición en un escenario en que el descontento social se encuentra latente. En este sentido, se puede observar que el proceso que culminó con el corte de la ruta 34 tuvo como disparador una serie de quejas contra la empresa privada que provee el suministro de energía eléctrica.

Desde comienzos de ese año, se habían producido una serie de cortes del suministro, lo que motivó la movilización de los vecinos del departamento. A pesar de que la empresa de electricidad había sido privatizada -mediante la justificación de que esto redundaría en un mejor servicio- los sucesivos cortes del suministro produjeron cuantiosas pérdidas materiales en comercios y hogares. Frente a esta situación, los vecinos emprendieron una serie de acciones con el objetivo de vehiculizar sus reclamos. A tal fin, se formó una comisión de vecinos, que contaba con representantes de los medios de comunicación, de los comerciantes y de los barrios periféricos de Tartagal. Pero el grupo de cinco representantes de los vecinos que se había reunido con este fin específico fue la caja de resonancia para una serie de demandas que excedían a este problema concreto, ya que los vecinos se acercaban a esta comisión con reclamos por las deficiencias en la infraestructura de la zona (cloacas, pavimento, vivienda, etc.).

Ante esta situación, se llamó a una asamblea popular en la plaza principal del pueblo. En esta asamblea se decidió protestar contra la empresa de energía, llevando a cabo un tipo de acción relativamente novedosa: la realización de un "apagón". Esta protesta tuvo un alto acatamiento, a pesar de que el intendente, opositor a la medida, decidió encender todas las luces del alumbrado público para restarle fuerza a la demanda.

Frente a la inacción de las autoridades provinciales y nacionales, se decidió enviar una serie de cartas, que, de todos modos, no obtuvieron respuesta. Este proceso de movilización civil acrecentó el divorcio entre los ciudadanos y sus representantes, en tanto los canales clásicos para vehiculizar sus demandas -los partidos políticos y las instancias gubernamentales- se tornaron ineficaces o directamente se oponían a las protestas populares. Este reclamo, que había comenzado por el corte de energía, llevó a la discusión pública una serie de demandas que excedían ese problema. En este marco, luego de que un periodista pasara dos días en huelga de hambre sin obtener respuestas por parte de las autoridades, se convocó a una asamblea popular. En este ámbito, y por iniciativa de los vecinos reunidos en la plaza del pueblo, se decidió el corte de la ruta 34.

Creemos que el proceso de movilización y la activación de redes sociales posibilitaron que el reclamo contra los cortes del suministro eléctrico desembocaran en el otro corte, el de la ruta, en tanto las asambleas, las movilizaciones, los apagones, y las huelgas de hambre fueron situaciones que permitieron la construcción de un "nosotros", que fue tanto condición de posibilidad como resultado de estas acciones colectivas. Podría argüirse que la protesta presentó rasgos de agregación, más que un proceso de identificación colectiva: la gente estaría aglutinada por una demanda concreta -la provisión de un servicio eléctrico eficiente- y emprendería una acción en este sentido. Ahora bien, sostenemos que existe una acción que involucra una identificación colectiva, un "nosotros", en tanto se dio un proceso de solidaridad, es decir, "la capacidad de los actores para reconocerse a sí mismos y ser reconocidos como parte de la misma unidad social". (Melucci, 1994)

Este "nosotros", en tanto identidad colectiva, se debe leer como una construcción interactiva y compartida, como "una definición que debe concebirse como un proceso, porque se construye y negocia a través de la activación repetida de las relaciones que unen a los individuos." (Melucci, 1994:172) En este sentido, una identidad colectiva nunca está "suturada"14 , no es algo dado de una vez y para siempre, por el contrario, es un proceso interactivo que, así como se construye, puede desmoronarse.

Si consideramos al individuo como "una retahíla de yoes", una "sucesión de yoes que se desarrollan simultánea y consecutivamente"; debemos tomar en cuenta que "cuando realizo una elección doy 'prioridad' a uno de los yoes que en este momento me constituyen como individuo" (Pizzorno, 1989, citado en Revilla Blanco, 1994). En este sentido, pensamos que la decisión de tomar una acción conjunta en referencia a los intereses del departamento puso en juego un proceso en el que los sujetos privilegiaron la pertenencia a un "yo" en referencia a la zona, en base a una "solidaridad territorial" que articularía una identidad colectiva en referencia al nivel local. Ante el debilitamiento de las identidades "partidarias" o " de clase", se abre la posibilidad de definir una identidad en referencia otros anclajes; en este caso específico, la comunidad de pertenencia15 . Esta identificación anclada en lo local puede entenderse mejor en la referencia a poblaciones que nacieron y crecieron bajo el paradigma de un Estado que ampliaba la ciudadanía tratando de llevar el accionar de la instancia nacional a espacios extrapampeanos. Hay que tener en cuenta que estas localidades presentan ciertas especificidades: son comunidades relativamente pequeñas, cuyas historias están íntimamente ligada al desarrollo de YPF. La privatización de la empresa estatal de hidrocarburos también funcionó como un polo que aglutinó a los pobladores -aunque más no sea por sus consecuencias desfavorables. Este hecho se construyó como "factor común" con el paso del tiempo: en el momento de la privatización muchos estuvieron de acuerdo con ella y para otros no era un hecho que modificara su situación. Pero luego de unos pocos años, los pobladores advirtieron que las consecuencias de la privatización afectaban tanto a quienes habían sido despedidos de la compañía como a aquellos que no pertenecían a ella.

Además, tanto la mayoría de los participantes como los principales referentes de la protesta son los hijos/as de aquellos/as inmigrantes que hicieron crecer la ciudad16 . Son nacidos y crecidos en el lugar entre los cuales está presente la idea de la desigual distribución de la riqueza de su subsuelo: es decir, el contraste entre la millonaria facturación de las empresas de hidrocarburos y la pobreza de la zona, y, por otro lado, la injusta distribución de las regalías respecto de Salta capital17 . En relación con este tema, unos de los entrevistados manifestaba:

" (...) vos no podés permitir que en una zona tan rica haya tanta miseria. (...) Porque debe ser traumático que tu hijo te pida que le des la leche y el pan y no tener para darle. Y no puede ocurrir eso acá (...) En esta zona se habla de más de un 50% de desocupación. Entonces, el subsidio primero viene como un reconocimiento a que somos los dueños de las riquezas, los naturales de la zona, y que es posible, matemáticamente, que las empresas destinen un día de trabajo, un día de producción, y los 29 días del mes se lo llevarían." (Entrevista a integrante de la comisión negociadora de 1997 y dirigente de la Coordinadora de Desocupados, agosto de 2000.)

En definitiva, proponemos que en la lucha por instaurar el problema para atraer la atención de las autoridades se reafirma la pertenencia a un "yo" en referencia al lugar donde se vive, es decir, se privilegia esta dimensión por sobre las múltiples orientaciones que constituyen una personalidad. Este "nosotros" se construye no sólo en referencia al sí mismo, sino también en un juego de oposiciones con un "ellos", con un "otro", que pueden ser alternativamente, Salta capital y el estado nacional o bien las empresas hidrocarburíferas o de servicios públicos. La relación conflictiva con esta alteridad permite construir un "nosotros" tendiendo un arco de solidaridad que subsume sus diferencias y oposiciones, situándolas en un plano externo, aunque más no sea coyunturalmente18 .

Ahora bien, este estudio de caso permite reforzar la idea permanentemente resaltada por Melucci que afirma la construcción de una identidad colectiva y no su tratamiento como si fuera una entidad ya coagulada o cierta substancia. En este sentido, la identidad colectiva se actualiza en cada interacción, dentro de las cuales la acción colectiva adquiere una especial relevancia. Tenemos en cuenta la importancia que adquieren las acciones colectivas previas al corte de ruta en tanto instancias que hacen "emerger" cierta identidad anclada en la pertenencia local mediante la interacción y la apelación discursiva.

El corte transcurrió en un estado de asamblea permanente, en el cual se entablaron una serie de relaciones e interacciones que permitieron la emergencia de una identificación en base a lo local. Sin embargo, es importante destacar que el resultado de este proceso contiene en su mismo desarrollo las posiblidades de su disolución, ya que esta construcción identitaria es un proceso inacabado y permanentemente negociado. Este carácter fragmentario de la identidad colectiva queda evidenciado en la diferencial distribución de los cuerpos en el espacio: los manifestantes se dividieron en dos piquetes principales; el "piquete Norte", ubicado en la entrada de Mosconi (en la puerta de la empresa Tecpetrol), y el "piquete Sur" que se dispuso 300 metros más al Sur.

Este último piquete estaba formado principalmente por desocupados y changarines, mientras que el primero contaba con la presencia de docentes y comerciantes. "Se montaron dos piquetes, uno norte y otro sur (...) Los que tienen "poco" para perder al frente: desocupados, trabajadores temporarios; los otros apoyaron desde la retaguardia: los docentes, los empresarios, los comerciantes." (Aguilar y Vázquez: 1998). Esta situación pone de manifiesto que, si bien se construyó una identidad a nivel "general" privilegiando la referencia a lo local, otras dimensiones de la personalidad no fueron "borradas" ni desaparecieron en el proceso.

Sin embargo, es nuestra intención focalizar el análisis en el corte de ruta, en tanto aquella acción colectiva que otorgó "visibilidad" a esta protesta a nivel nacional. Visibilidad que es alcanzada a través de la presencia en los medios masivos de comunicación y cuyo efecto fue doble: por un lado, atrajo la atención de las autoridades gubernamentales, obligándolas a concurrir al lugar del conflicto. Y, por otro, la problemática se instaló en la agenda pública nacional, poniendo en el centro de la escena a una zona que no sólo es relegada en términos materiales sino también simbólicos. En otras palabras: el conflicto social del norte salteño le recordó a la opinión pública nacional, y sobre todo a Buenos Aires, que esa zona fronteriza también es parte de la Nación. Dicho de manera más coloquial, fue una manera de rebelarse contra la idea que expresa el dicho popular: "Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires."

Ahora bien, el bloqueo del tránsito por tiempo indeterminado implica cierta incertidumbre: imposibilita la libre movilidad de las personas, pero también -y quizás podríamos decir, "sobre todo"- interrumpe la actividad mercantil y productiva, al no permitir que las empresas hidrocarburíferas puedan realizar la circulación de sus mercancías (esto sin mencionar que la obstrucción de una ruta nacional constituye un desafío a las mismas autoridades que desoyeron los reclamos). En otras palabras, la forma de la acción introduce un nivel conflictual entre, por un lado, los manifestantes y las empresas, y, por el otro, entre aquellos y el Estado.

El corte de ruta se instaló como la oportunidad para instaurar la situación de la zona como un problema que merece la atención del Estado. Y, al mismo tiempo, el levantamiento de la medida se constituyó en la "moneda de cambio" para las negociaciones con las autoridades gubernamentales. Desde un comienzo, las negociaciones enfrentaron las posiciones de los representantes gubernamentales y los vecinos: "Hemos hablado con los manifestantes para explicarles que estamos dispuestos a dialogar, pero en la ciudad de Salta, porque ir hacia el corte de ruta sería avalar una actitud de ilegalidad. (...) Ellos exigen nuestra presencia en el lugar, pero nosotros queremos dialogar en un marco civilizado, no sólo para escuchar los planteos, sino también para trabajar sobre ellos". (Secretario de Gobierno, El Tribuno, 9/5/97, p.22)

La "invitación al diálogo" se hace con la salvedad de que tenga lugar en la capital provincial, tomando en cuenta las situaciones diferenciales que se plantean entre una negociación en el lugar del corte (con los miles de pobladores presionando in situ) y la presencia de un grupo de representantes vecinales negociando en los despachos de los funcionarios en la capital provincial.

A pesar de todo, las autoridades gubernamentales arribaron a la zona, abriéndose un proceso de negociaciones y discusiones acerca de las posibles salidas a la situación. En este marco volvieron a aparecer las divergencias: mientras que los vecinos demandaban la realización de una serie de obras públicas con el objetivo de revitalizar económicamente a la zona, las autoridades sólo buscaban que se llegue a un acuerdo para poder así desactivar la protesta.

"¿Qué entiendo yo después, con el paso del tiempo? Yo creo que en ese momento, si al gobierno provincial le pedíamos que nos consiga, que dentro del acuerdo tenía que haber una entrevista con Clinton, la conseguíamos. O sea, no la conseguíamos; la aceptaban. Firmaban. Yo creo que ellos desde el primer momento estuvieron concientes que había que firmar para destrabar la situación, y después cumplir era otra historia. Yo creo que nunca tuvieron intención de cumplir. A mí eso es lo que me lleva hoy en el tiempo, hoy analizando lo que pasó, llego a esa conclusión. Nunca tuvieron intención de cumplir el acuerdo." (Entrevista a integrante de la comisión de vecinos, agosto de 2000)

Frente a los reclamos, el Ejecutivo provincial desarrolló tres tipos de estrategias: 1. se desentendió de algunos, deslindando la responsabilidad en el Gobierno Nacional; 2. aceptó colaborar con los Planes Trabajar, (que cumplen una doble función: "calman" la protesta con paupérrimos subsidios que, si bien permiten un ingreso absolutamente indispensable, son utilizados como recursos que alimentan y refuerzan las llamadas "redes clientelares" de la política); y, por último, 3. ignoró directamente algunos de los pedidos, precisamente aquellos que van a las cuestiones de fondo -la demanda por fuentes de trabajo legítimas y sustentables. En este sentido, la respuesta frente a la demanda de emprendimientos productivos fue un tanto difusa. "La Provincia se compromete a estudiar programas productivos con el sector privado a ser financiados con el Fondo Provincial de Inversiones" (El Tribuno, 11/5/97, p. 43; el subrayado es nuestro.)

En este punto se ponen en evidencia los diferentes marcos de significado que atraviesan al proceso de negociación. Vemos que se encuentran en tensión dos matrices societales, aquella denominada "estadocéntrica" y la podemos llamar "mercadocéntrica", las que establecen relaciones diferenciales entre las esferas de la economía y la política. Cabe aclarar que esta tensión atraviesa a ambas partes de la negociación.

En lo que hace a la dinámica económica, los polos de la tensión se mueven entre una vuelta a una sociedad de pleno empleo (o a una situación en la que ciertos derechos y beneficios estaban garantizados de manera "universal") y las restricciones que impone el nuevo modelo de "Estado mínimo", que entiende que cualquier emprendimiento productivo depende de la iniciativa del capital privado.

Esta tensión se ve parcialmente reflejada en las distancias que se establecen entre las demandas y los ofrecimientos de las autoridades: mientras estas últimas sólo pasan por medidas de tipo financiero -refinanciación de pasivos, otorgamiento de créditos- o de ayuda coyuntural -los planes Trabajar-; los principales reclamos de los vecinos pasan por obras públicas de infraestructura y emprendimientos productivos que mejoren su calidad de vida y demanden mano de obra estable y genuina.

En cuanto a la dinámica política, podríamos afirmar, a grandes rasgos, -ya que la dimensión política del corte será abordada más adelante- que los manifestantes rechazan los canales institucionales tradicionales de la matriz estadocéntrica, mientras que las autoridades reavivan las redes clientelares, esta vez bajo la forma de planes de trabajo temporario19 .

4.2. Conflicto y negociación: la desarticulación de la protesta

El carácter disruptivo del corte de ruta se reafirma cada vez más a medida que los días pasan, en tanto el juez federal y las fuerzas de seguridad amenazaban con la represión para desalojar la ruta. Además, para aquellos que impulsaron el levantamiento del corte con el objetivo de poder recibir los recursos que se prometían, el mantenimiento de la medida de fuerza se veía cada vez más como un obstáculo que como una oportunidad para la acción colectiva. En definitiva, las relaciones con las autoridades reconfiguraron la situación, y a partir de este nuevo "escenario" se hicieron manifiestas algunas discordancias entre los diferentes sectores de la protesta.

De esta manera, vemos que se dio un proceso de "particularización" en las negociaciones e intereses: el sector de los empresarios y comerciantes, al ver satisfechas en cierta medida sus preocupaciones con los ofrecimientos oficiales de refinanciación de las deudas y el otorgamiento de créditos, privilegiaron su adscripción "corporativa", en detrimento de la pertenencia a una. Por otro lado, las medidas atienden de manera insuficiente a quienes reclaman por un mejor acceso a los recursos; tanto a aquellos que no poseen las "adscripciones" que demanda la burocracia para que sean pasibles de la asistencia estatal, como para quien accede a los planes temporarios de trabajo, pues a cambio de un ingreso mínimo debe dedicarse a un trabajo informal e inestable que sólo se mantendrá durante algunos meses.

No estamos afirmando necesariamente que los que aceptaron la propuesta del gobierno privilegiaron una situación particular y el grupo de desocupados y quienes quisieron mantener el corte representaban alguna generalidad. Existen más bien ciertas disonancias entre aquellos sectores basados en lógicas corporativas y aquellos conformados en torno a un "nosotros" que se refuerza en la acción colectiva. Es decir, se produjo un "choque" entre aquellos grupos que responden a intereses que tienen que ver con una actividad económica -y que por lo tanto cierto tipo de medidas pueden apuntar directamente a su beneficio- y aquellos que surgen para superar problemas de recursos y aislamiento (Giarracca, 1994), para los cuales la organización no se plantea como objetivo central la defensa de intereses, sino como una intervención que pueda transformar en algún sentido el orden de los acontecimientos (Gras, 2000)

" Organización interna no había, (...) sino que se fue generando sobre la marcha. Y en el desarrollo del corte, cada sector iba incorporando sus reivindicaciones. Como era un corte muy pluralista, que fue motorizado por los medios de comunciación, por sectores de los madereros, desocupados, el propio petitorio en sí ya involucraba los diferentes sectores, incluso hasta contradictorios. Por ejemplo, el sector maderero planteaba que les den tierras para explotarlas. Los madereros de la zona, la explotación que le está haciendo a los trabajadores es tan brutal como la que le hacía 100 años atrás. (...) Y también estaban esos trabajadores pidiendo trabajo, y quizás hasta apoyándolo al tipo que los explotaba. O sea, el maderero no planteaba mejorarle la situación al trabajador. Por eso había intereses contradictorios. Que incluso, en determinado momento del corte se quiebra, se evidencian estas contradicciones, porque había un grupo de pequeños empresarios, que se habían rotulado como deudores del Banco Nación. Así que hicieron tramitaciones para ver si conseguían refinanciamiento de sus deudas, incluso nuevos empréstitos. Pero bueno, les dijeron que sí; a los madereros las tierras; y mandaron operadores tratando de quebrar la unidad que había hasta ese momento. Entonces, en determinado momento se quiebra esa unidad y estos sectores se vuelven a la ciudad. Y quedan los desocupados y algunos sectores muy pequeños que apoyaban a los desocupados." (Entrevista a integrante de la comisión negociadora de 1997 y dirigente de la coordinadora de desocupados, agosto de 2000.)

Podemos pensar que quienes forman parte del grupo de desocupados se encuentran en una situación en la que la vuelta a la "normalidad" no presenta un horizonte de expectativas. En cambio, para los comerciantes y empresarios beneficiados con créditos y renegociaciones, aunque la posibilidad de sacar adelante su negocio no sea fácil, esta actividad les otorga no sólo algún ingreso, sino cierto horizonte de sentido. En esta línea, el trabajo puede pensarse no sólo como la búsqueda de un ingreso sino también como la posibilidad de alcanzar un horizonte de sentido; como un medio para conjurar las incertidumbres de un futuro desalentador y que permita dotar de significado a la relación con el mundo. De esta manera, la protesta puede verse como un momento en el cual se busca "revertir" la situación individual definida negativamente por el no-trabajo para poder construir una "positividad"; una posibilidad de llevar una situación de angustia individual (que puede estar comunicada intersubjetivamente dentro del núcleo cercano o familiar, pero que no trasciende a un nivel más amplio, "comunitario") a un plano intersubjetivo que permita ampliar los lazos de solidaridad en común con aquellos que definen la situación de manera similar y así poder buscar la articulación de un acción política en común20 .

Cabe agregar que otro de los procesos que "atentan" contra la precaria identidad colectiva es la heterogeneización de la protesta, es decir, la aparición de un amplio número de grupos participantes en el momento de las negociaciones. Esta heterogeneización dificulta la elección de líderes que puedan hablar y actuar en nombre de la multitud ya que entran en colisión diferentes orientaciones que no logran articularse en un proyecto en común. La alta participación vecinal y la presencia de actores disímiles, como así también el rechazo a todo poder institucionalizado, otorgan a la protesta su fortaleza, pero a su vez ésta encuentra su límite y debilidad a la hora de presentar un cuerpo unificado de demandas y representantes frente a las autoridades gubernamentales.

Ahora bien, señalar la "particularización" y "heterogeneización" como límites de la protesta podría suponer una tensión con los supuestos epistemológicos aquí planteados: la negación de la unidad de los fenómenos y sujetos sociales. Sin embargo, remarcar el momento de fragmentación de la protesta no implica afirmar la necesidad de un sujeto unificador. Nuestra indagación nos llevaría, más bien, a preguntarnos por las condiciones de posibilidad del surgimiento de un proyecto que pueda tender un arco de solidaridad entre diferentes reclamos e identidades y que, a la vez, permita mantener la particularidad de cada una de ellas.

5. Algunas implicancias políticas del conflicto.

En los apartados anteriores intentamos hacer inteligibles el "cómo" y el "por qué" de los cortes de ruta en Tartagal y Mosconi, centrándonos en un esquema teórico que ponderaba los procesos de construcción de una identidad y el análisis de la acción colectiva. Sin embargo, somos conscientes que estas conceptualizaciones no agotan (ni podrán hacerlo nunca) el fenómeno en su totalidad. En este sentido, creemos que este corte de ruta, en tanto acción colectiva, también puede revelarnos aspectos políticos de la realidad social argentina.

El orden de posguerra estaba caracterizado básicamente por una inclusión masiva en los marcos institucionales de la sociedad, por una economía de pleno empleo y por la construcción de identidades sociales en base a la relación laboral y/o partidaria. En cambio, el ordenamiento social pos-ajuste es considerablemente más fragmentario, sobre todo como consecuencia de la desarticulación del mercado laboral de pleno empleo. En este sentido, la salida del mercado laboral supone la pérdida de pertenencias e identificaciones institucionales de fuerte contención como eran el sindicato, la obra social o la identidad partidaria. Como sostiene Raus (1996) esta relativa ausencia de lazos políticos y culturales con el sistema institucional "genera un proceso de pérdida de relación con el Estado y el sistema normativo que él legitima". Esta desinstitucionalización, junto a las dificultades de las economías regionales frente al proceso de globalización en curso, tienen lugar en un marco en que la dinámica del mercado -impuesta por los organismos internacionales de crédito- determina las políticas económicas de los Estados nacionales. Ante estas restricciones, el margen de maniobra de la política institucionalizada se ve limitado. Así, la falta de respuestas para problemas como los altos niveles de desocupación o la crisis de las economías regionales y el descrédito de los partidos políticos sumado a la profunda distancia entre representados y representantes, llevan a un el cuestionamiento del Estado y de la política institucionalizada como instancias generales de coordinación de la sociedad, generándose una crisis de representación.

De esta manera, si consideramos al estado en tanto forma, es decir, como el poder capaz de unificar la división generada por la sociedad misma y como la manera bajo la cual la sociedad se representa a sí misma (Lechner, 1985); en este escenario, donde la política institucionalizada perdió la capacidad de articular los intereses y demandas de los distintos grupos sociales, estas protestas cuestionan "al Estado en tanto "síntesis de la sociedad civil"" (Lechner, 1996: 108).

Es en este punto donde la política institucionalizada se enfrenta con una forma y un sentido de la política radicalmente distintos. La forma que adquiere la protesta de Gral. Mosconi y Tartagal lleva implícita el rechazo a los canales típicos para la solución de un conflicto. Esta situación puede ser considerada un ejemplo de lo que Lechner (1996) denominó la "informalización de la política", es decir, la multiplicación de encuentros informales donde la deliberación política se encuentra por fuera del parlamento, de los partidos políticos, y basada en la existencia de liderazgos espontáneos y revocables y asambleas con instancias deliberativas horizontales. Frente a una política que tiene como principal objetivo "la administración de lo existente", los cortes de ruta rompen con esta lógica y proponen (aunque todavía sean protestas esporádicas que se agotan en sí mismas) la idea de una política, en tanto capacidad de transformación de las relaciones sociales (Laclau y Mouffe, 1987).

En este sentido, los cortes de ruta, en tanto acción colectiva, inscriben su reclamo no sólo frente al Estado sino también en el espacio público. Si entendemos por espacio público un espacio de visibilidad donde hombres y mujeres a través de la palabra y de la acción revelan "quienes son", los cortes de ruta y las asambleas populares que se llevan a cabo durante éstos otorgan la posibilidad a aquellos que participan, de hacerse oír, de hablar y de ser escuchados. Pero, como dijimos, el corte no sólo supone discurso sino también acción. En este sentido, si a la acción, "le es peculiar sentar un comienzo, empezar algo nuevo, tomar la iniciativa" (Arendt; 1997: 66), el corte de ruta otorga la posibilidad a estos actores de empezar algo nuevo en el ámbito de las relaciones sociales 21.

De esta manera, la fuerza que adopta el reclamo (no sólo por el tratamiento mediático que éste adquiere sino también por las condiciones socio -históricas por las que está atravesando la Argentina) abre un espacio de interrogación y de debate, tanto sobre actual orden socio -económico, como así también sobre la legalidad que el corte de ruta adquiere, en tanto medio de hacer conocer un reclamo. Desde el gobierno, los cortes de ruta son asimilados a delitos contra la propiedad y contra el derecho a la libre circulación. Sin embargo, desde otro punto de vista, los vecinos del departamento de San Martín pueden aparecer en la esfera pública como enunciadores de reclamos básicos: piden la configuración de una situación económica que les permita reproducirse bajo condiciones dignas. En base a este reclamo, los cortes de ruta denuncian la existencia de un sistema democrático "desigual" y de un estado que ha dejado de garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos. De esta manera, si consideramos junto a Lefort (1987) que "la democracia moderna nos invita a reemplazar la noción de un régimen regulado por leyes, de un poder legítimo, por la de un régimen fundado en la legitimidad de un debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo"22 (p. 40; las cursivas corresponden al original), la degradación de los derechos ciudadanos no sólo se debe a un incorrecto funcionamiento de las instituciones democráticas sino también a la fragmentación del espacio público mismo, es decir, a la falta de un debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo.

En este contexto, nos preguntamos si a partir de lo que denominamos "la nueva protesta" (Alonso, Barbetta, y Lapegna; 1999; GER; 1999) se puede configurar un espacio abierto al debate, en el sentido dado por Lefort. Si consideramos que tanto la ciudadanía como los derechos no son atributos naturales, ya que su definición depende de la participación ciudadana y de los resultados de la lucha política; la configuración de este espacio posibilitaría participar, a un gran número de individuos, de la lucha en torno a las condiciones de pertenencia, dando lugar a los conflictos por la (re)definición y extensión de sus derechos23 . En otras palabras, el reconocimiento de estos sujetos como actores políticos supondría la puesta en marcha de un proceso de democratización del modelo económico.

6. Algunas reflexiones finales

Las transformaciones socio -económicas que se fueron desarrollando desde mediados de la década del '70 establecen las condiciones de posibilidad para el surgimiento de nuevas expresiones de protesta que involucran la aparación en el espacio público de nuevos actores y nuevas demandas, al mismo tiempo que se produce una deslegitimación de los canales "clásicos" de intermediación entre la sociedad y el Estado.

Ante un proyecto social caracterizado por la no inclusión, los cortes de ruta expresan una dimensión conflictual en el plano de lo social, en la que hacen su aparición algunos de estos nuevos actores y nuevas demandas que no encuentran ni en los partidos políticos ni en las autoridades estatales canales válidos para sus reclamos. Siguiendo la línea argumental que expusimos aquí, sostenemos que estos actores y demandas no son entidades dadas o preconstituídas, sino que se (re)construyen en el marco de negociaciones, acuerdos, luchas y conflictos.

En el estudio de caso que abordamos aquí, esta consideración de la identidad colectiva como un proceso inacabado se expresa en lo que denominamos "particularización" y "heterogeneización" de la protesta. Aquí, el "nosotros" construído en la protesta es puesto en cuestión, tanto por una imposibilidad de sostener en el tiempo una articulación en un nivel general, como por la consecuente "particularización" que se presenta al privilegiarse intereses que expresan posiciones de sujeto diferenciadas e incluso antagónicas. Es decir, ante la evidencia de que los ofrecimientos oficiales benefician a quienes tienen mayor acceso a ciertos recursos se produce una ruptura en ciertos intereses "comunes" para poner de manifiesto que las posiciones estructurales, si bien no definen a manera de un "sustrato" una posición de sujeto, tampoco son intercambiables a voluntad.

Este marco expresa que una identidad colectiva se "actualiza" y toma forma en cada situación concreta, y que en su conformación juegan un papel fundamental las negociaciones y los intercambios de sentidos. El quiebre de la consonancia entre los distintos actores, y los conflictos entre los diferentes significados que se ponen en juego, dan relevancia al aspecto relacional y al carácter de proceso inacabado que interviene en la construcción de identidades colectivas, reafirmando que "en los cortes, en tanto protestas (...) se produce la construcción de identidades colectivas fragmentarias y transitorias." (Scribano,1999: 50).

El proceso de identificación en el plano de lo local es la condición de posibilidad, el "piso", que permite poner en juego una acción colectiva de protesta. Pero también se vislumbra como su límite, su "techo", cuando las soluciones de fondo para los problemas locales tienen que ver con cuestiones que superan ese ámbito, pues las causas de esos problemas tuvieron su origen en decisiones políticas implementadas desde el gobierno nacional. En este marco, cabe preguntarnos por las condiciones de posibilidad del surgimiento de alianzas que permitan articular a las distintas protestas sociales en la construcción de un proyecto que se proponga alterar el orden de los acontecimientos, tratando de imaginar un país diferente.

Bibliografía

Azpiazu D.; Basualdo, E.M., Khavisse M.; El nuevo poder económico; Editorial Legasa, Buenos Aires, 1989.

Cavarozzi Marcelo, "Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina", mimeo.

Favaro, O. y Morinelli, M., Petróleo, estado y nación, CEAL, Buenos Aires, 1991.

Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo, Secretaría de Empleo, MTySS, mimeo, Buenos Aires; 2000.

INDEC -SIEMPRO, en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991.

Orlansky, D; Crisis y transformación del Estado en la Argentina (1960-1993), en Ciclos, año IV, Vol. IV, no. 7, 2º semestre de 1994.

Aguilar, M. y Vázquez, E; Flexibilización salvaje en la selva chaco-oranense. El caso de Orán y Tartagal (Salta); en Realidad Económica, no. 153, enero-febrero 1998.

Tarrow, S.; El poder en movimiento, Alianza, Madrid, 1997.

Laclau, E. y Mouffe, C.; Hegemonía y estrategia socialista, Siglo XXI, Madrid, 1987.

Scribano, A.; Argentina "cortada": cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste, en López Maya, M.(ed.) ; Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste; Nueva Sociedad, Buenos Aires, 1999.

Melucci, A.; Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales; en Zona Abierta Nº 69, Madrid, 1994.

Long, N. y Long , A.; Campos de batalla del conocimiento. La interrealación de teoría y práctica en investigación social y desarrollo, Routledge, London, 1992.

Teubal, M. "Cambios en el modelo socioeconómico: problemas de incluidos y excluidos" en Giarracca, N. (comp) Acciones colectivas y organización cooperativa: Reflexiones y estudios de caso, Centro Editor de América Latina -Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencias Sociales; UBA, Buenos Aires, 1994.

Grupo de Estudios Rurales "La protesta social en los mundos rurales durante los noventa. Reflexiones e interrogantes para un nuevo pensamiento", Ponencia presentada en el congreso de la CTA "Segundo encuentro por un nuevo pensamiento en Argentina", noviembre de 1999.

Alonso, J, Barbetta, P. y Lapegna P. "La protesta social agraria. Nuevos actores, nuevas alianzas", en Ciencias Sociales Nº40, Facultad de Ciencias Sociales -UBA, Buenos Aires, noviembre 1999.

Lefort, Claude; "Los derechos del hombre y el Estado Benefactor" en Vuelta Nº12, 1987.

Revilla Blanco, Marisa, "El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido", en Zona Abierta Nº 69, Madrid, 1994.

Smulovitz, Catalina "Ciudadanos, derechos y política" en Revista Agora Nº7, Buenos Aires, 1997.

Lechner, Norbert "La política ya no es lo que fue" en Nueva Sociedad Nº 144, julio- agosto 1996.
Arendt, Hannah, La condición humana, Paidós, España, 1996.

Arendt, H. ¿Qué es la política?, Paidós, España, 1997.

Lechner, N. "Aparato de estado y forma de estado", en Labastida J. y Del Campo M. Hegemonía y alternativa política en América Latina, Siglo XXI -UNAM, México, 1985.

Mc Michel, P. "Globalización monetaria y estatal: reestructuración agroalimentaria al fin del siglo", en Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina, Memoria de Sesiones plenarias, ALASRU,

Farinetti, Marina; "¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina", en Trabajo y Sociedad, no. 1, julio-septiembre 1999.

Gras, Carla; Las organizaciones del agro, Documento de la Cátedra de Sociología Rural, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2000.

Rauss, Diego, "Argentina: las condiciones sociales de la gobernabilidad" Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1996.
Iñigo Carrera; Nicolás y Cotarelo, María; "Revuelta, motín y huelga en la Argentina actual", en PIMSA Documentos y Comunicaciones, Buenos Aires, 1997.

Fuentes periodísticas

Diario Clarín
Diario El Tribuno

Otras fuentes

Entrevistas realizadas en Tartagal y General Mosconi durante agosto de 2000.

Notas

* Sociólogo, becario FONCYT del Grupo de Estudios Rurales, correspondiente al Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Argentina. E-mail: pablo08@tutopia.com

** Sociólogo, Ayudante de Investigación del Grupo de Estudios Rurales, correspondiente al Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Argentina. E-mail: plapegna@hotmail.com

1. Para una definición conceptual de ciclo de protesta ver Tarrow S. (1997); o bien los capítulos iniciales de este libro.

2. Ver cuadro Nº5 del capítulo inicial.

3. Vamos a tratar el corte de ruta y la "pueblada" de mayo de 1997, aunque hubo otros cortes posteriores, los más importantes en diciembre de 1999 y mayo de 2000.

4. Junto con las protestas desarrolladas en Cutral -Co y Plaza Huincul (Neuquén) durante junio de 1996 y abril de 1997.

5. El momento de visibilidad se instala a partir de una serie de influencias recíprocas: la apropiación del espacio público que supone el corte y sus consecuencias (interrupción de la circulación, potencial enfrentamiento con las autoridades, etcétera) permiten que la protesta se constituya como noticia. A su vez, quienes participan en el corte pueden suponer que sus acciones y demandas, al ser reflejadas por los medios de comunicación de alcance nacional, posibilita que el conflicto no quede circunscripto al ámbito local, restringiendo la posibilidad de que las autoridades repriman la protesta.

6. El corte de ruta como forma de protesta fue analizada por varios autores desde diferentes perspectivas teóricas. Ver Scribano (1999), Iñigo, Laufer y Spiguel (1999), Aguilar y Vázquez (1998), Farinetti (1999)

7. Considerando que las medidas de ajuste no son únicamente económicas sino que también reorganizan las estructuras y las políticas de los Estados, la transformación de los estados nacionales no sólo supone la eliminación de las regulaciones de la economía, sino también la pérdida de soberanía de los estados en favor de organismos e instituciones transnacionales. De esta manera, el centro de toma de decisiones (por lo menos en lo que hace a las decisiones de política económica) tiende a desplazarse de la órbita de los estados -nación hacia los organismos internacionales, que actúan como reguladores del mercado. Esto último no supone un estado ausente, sino la existencia de un estado que establece las condiciones necesarias para el desplazamiento al que hacíamos referencia. Un Estado que, al mismo tiempo que desmantela sus aparatos empresariales y asistenciales, consolida sus aparatos de control. (Para esto último, ver Orlansky, 1994)

8. En donde también se encuentran las localidades de Aguaray, Pocitos y Salvador Mazza.

9. Las medidas neoliberales que implicaban la privatización de empresas públicas se dieron en toda América Latina. A pesar de ello, países como Brasil y México no vendieron a capitales privados sus empresas estatales de hidrocarburos, algo que la Argentina realizó sin demasiada demora.

10. Las empresas consideran más beneficioso tener dos empleados con turnos de doce horas que tres empleados con turnos de ocho. Por otra parte, muchos de ellos trabajan bajo el convenio de la UOCRA y no bajo el estatuto petrolero, que estipula sueldos mínimos mayores.

11. Tanto fuentes periodísticas como informantes calificados estiman que la tasa de desocupación es cercana al 50%.

12. Durante los años '70 ya se habían dado cortes de ruta como forma de protesta. En el departamento San Martín también se había utilizado el corte de ruta como protesta ante la privatización de YPF en 1992, aunque se planteó como un corte de un sólo día de duración.

13. Un hecho a destacar es que se combinan con "puebladas": se produce el levantamiento de pueblos enteros, aglutinándose diferentes sectores, y la obstrucción de la circulación se prolonga por varios días y no por una sola jornada. Por otra parte, los líderes de la protesta sopesan su legitimidad a la luz de su manejo en las negociaciones y de la retórica utilizada en las asambleas. Es decir, no se presenta una movilización de un actor fuertemente institucionalizado, con dirigentes que provengan de organizaciones estructuradas como partidos políticos o sindicatos. Pero quizás lo más significativo sea que estos aspectos se combinan con nuevas relaciones de subordinación que son cuestionadas en estas protestas. A diferencia de los cortes de ruta que podían tener lugar hace unas décadas, ahora las demandas no giran en torno a la relación trabajador-empleador; más bien se protesta porque la participación en esa relación se ha vuelto un bien escaso. Tampoco se pide que se garanticen los mecanismos formales de la democracia, no se reclama -como en décadas anteriores- en pos de un llamado a elecciones.

14. Esta perspectiva se sostiene desde una comprensión de los sujetos dentro de un marco constructivista que "renuncia a la categoría de sujeto como entidad unitaria, transparente y suturada" (Laclau,1987: 187).

15. Es decir, nos podríamos interrogar por la relación entre el desplazamiento de las referencias identitarias y los cambios en el repertorio de acciones colectivas. A mediados del siglo XIX, Europa es testigo de una modificación en el repertorio de acciones colectivas: se pasa de un marco parroquial y orientado a las autoridades a uno nacional y autónomo (Nota: Social Movements, an Introduction; Della Porta, D. y Diani, M., Blackwell, 1999)- Estos procesos suceden pari passu con la contrucción de organizaciones de trabajadores y partidos políticos de alcance nacional. El debilitamiento de las formas identitarias ligadas a un espacio nacional podría estar tendiendo a que las protestas se reorienten en un nivel restringido a lo parroquial, a la vez que las reclamos se orientan hacia las autoridades, solicitando que éstas resuelvan las demandas. La desaparición del Estado nacional en tanto generador de empleo y su aparición en la escena pública local sólo como garante de la seguridad en los espacios que corresponden a su jurisdicción (las rutas nacionales) podría estar favoreciendo una protesta social con una dinámica doble: restringida a lo local en lo fenoménico pero que a la vez, en las demandas orientadas al Estado, busca actualizar su relación con un espacio de carácter nacional.

16. Una placa en la puerta de la municipalidad de Tartagal expresa: "Autoridades y pueblo de Tartagal. A los pioneros que afrontando los peligros de la selva virgen fundaron en su corazón esta hoy pujante cuidad, la primera del interior de la provincia, cabecera del departamento de San Martín. Producto de su visión de futuro y del esfuerzo de sus hijos que en el cincuentenario de su fundación les ofrecen este homenaje".

17. En la provincia de Salta existe, desde unos años a esta parte, una ley de coparticipación, mediante la cual las regalías hidrocarburíferas se distribuyen entre los departamentos productivos en función de la cantidad de habitantes. Salta capital aprovechó esta situación para abrir un pozo que tiene muy poca producción. Pero este departamento, al tener una alta densidad poblacional, se apropia del grueso del dinero provenientes de las regalías.

18. En este sentido, se expresaba un integrante de la Comisión de Vecinos: "Entonces la gente tiene la sensación de que está siendo usurpada, permanentemente por la capital. Entonces la gente va generando una sensación de bronca, una perdida del sentido de pertenencia a la provincia. Te doy otro dato, el departamento de San Martín nunca tuvo un diputado nacional, nunca en su historia. Nunca un representante nacional.
Entonces el departamento se siente como no tenido en cuenta. (...) Y se rompió el sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué dice la gente? '¿Para qué vamos a ser salteños? Hagamos una provincia independiente'. Otros: 'hagamos un país independiente'." (Entrevista de agosto 2000)

19. Cabe aclarar que no consideramos a la economía y a la política como dos compartimentos estancos sino que diferenciamos estas dos esferas sólo en un nivel analítico.

20. Como sostienen Piven y Cloward (XXXX): "La vida ordinaria de la mayoría de la gente está regulada por las reglas del trabajo y sus recompensas, las cuales otorgan un molde a cada día, semana y estación. Una vez echada de esa rutina, la gente es echada de los marcos regulatorios que el trabajo impone. El trabajo y sus recompensas apuntalan la estabilidad de otras instituciones".

21. Debemos tomar conocimiento de que para Arendt (1996: 207) que "la revelación del "quién" a través del discurso y el establecimiento de un nuevo comienzo a través de la acción cae siempre dentro de la ya existente trama donde puede sentirse sus inmediatas consecuencias".

22. Es importante tener en cuenta que la legitimidad del debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo supone que nadie "ocupe el lugar del gran juez", es decir, que tanto la ley como el saber ya no están incorporados en la persona de quien o quienes ejercen el poder.

23. Esto sugiere la idea de que tanto la ciudadanía como los derechos se encuentran siempre en un proceso de construcción y de transformación constante. Cfr. Smulovitz, Catalina (1997) "Ciudadanos, derechos y política" en Revista Agora Nº7, Buenos Aires, 1997.