Desde hace poco tiempo Argentina es blanco de ataques en varios frentes, relacionados con la suspensión de pagos de su deuda decidida en 2001, y con procedimientos ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones), un tribunal de arbitraje del Banco Mundial muy controvertido. El 26 de marzo de 2012, el Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos suspendió a Argentina de su sistema generalizado de preferencias (SGP), un mecanismo que permite conceder tarifas aduaneras preferenciales a los países en desarrollo. El gobierno de Obama justificó esta sanción por la negativa de Argentina a acatar dos condenas, por un monto total de más de 300 millones de dólares, a favor de dos empresas estadounidenses que presentaron la demanda ante el Ciadi. Una de ellas, Azurix Corporation, que intentó dos acciones contra el Estado argentino ante este tribunal de arbitraje, había demandado, en efecto, la revisión del sistema generalizado de preferencias para excluir a Argentina. Este “brazo de la compañía quebrada Enron, en la industria del agua”, según las palabras del embajador argentino en Washington, había obtenido en 1999 una concesión por 30 años de la distribución de agua en dos de las tres regiones de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades anularon más tarde esta concesión debido a la falta de cumplimiento de las normas en términos de inversiones y de calidad del servicio.