La llegada del gobierno popular de Héctor Cámpora en 1973 estuvo condicionada desde el principio por las grandes empresas extranjeras que operan en nuestro país y los grupos locales más concentrados, observada desde muy cerca por los EEUU, que se opusieron al plan pergeñado por un importante sector empresarial nacional distribuido en todo el país encabezado por la Confederación General Económica que, apalancado sobre los trabajadores, proponían un acuerdo con el Estado que básicamente invertiría en infraestructura y a la vez mediante planes promocionales permitiría que crezca más la burguesía nacional que la extranjera. Esto se plasmó en el denominado Pacto Social (“congelamiento” de salarios y precios, con nacionalización del crédito y del comercio exterior) y se proyectó en un plan trienal de crecimiento y expansión de los mercados internacionales con los países del este europeo.