El máximo tribunal decidió cerrar su supervisión en la causa "Mendoza", que desde 2008 transformó en política de Estado el saneamiento de la cuenca más poblada y contaminada del país. Sin audiencia pública, con los objetivos incumplidos y con una Acumar desfinanciada, la Corte deja la problemática en manos de los jueces locales. El análisis de FARN, organización integrante del Cuerpo Colegiado para el plan de saneamiento.

El derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos sobre las actividades vinculadas al desarrollo científico - tecnológico de la energía nuclear con fines pacíficos fue evolucionando en el tiempo. Los gobiernos comenzaron a percibir la necesidad y los beneficios de informar a la comunidad, que manifestaba ciertos prejuicios respecto de la actividad nuclear como consecuencia del lanzamiento de las bombas nucleares sobre Nagasaki e hiroshima.

Con el advenimiento del derecho ambiental y la influencia de sus principios, se fue imponiendo en el ámbito nuclear la idea de la transparencia en la información y la importancia de que tanto los habitantes de los países con desarrollos nucleares como de los países vecinos que pudieran verse afectados por los efectos transfronterizos de las radiaciones ionizantes, tuvieran acceso a la información y pudieran participar activamente.

El acceso a la información y la participación ciudadana a sido institucionalizado y plasmado en la normativa internacional a través de convenciones internacionales suscriptas por nuestro país y en el ámbito nacional a través de la 25.675, 25.831 y en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°1172/03, entre otras.