Estados Unidos compró casi toda la producción de remdesivir, uno de los medicamentos más promisorios para tratar COVID-19, para los próximos tres meses. Mientras Europa negocia con Gilead, la farmacéutica que lo desarrolló, para asegurar la provisión en esa región, otros países quedarán al margen de estos acuerdos. ¿Cómo se puede evitar que las empresas impongan precios abusivos? ¿Qué herramientas tienen los países para garantizar el acceso a la salud en una crisis sanitaria?

Por contradictorio que parezca, las grandes empresas farmacéuticas dan muy poca prioridad al derecho humano a la salud, a pesar de que les corresponde un rol estratégico en este marco.  Su meta principal es la ganancia, y como trabajan en una industria cuyos clientes finales son de alta vulnerabilidad –las personas con enfermedades– les da un margen mucho mayor que en otras industrias para fijar precios exagerados.  Corresponde, entonces, a los Estados establecer los parámetros de operación de estas empresas en aras del interés público y para garantizar el derecho a la salud.