El G-20 destacó ayer en su declaración final la necesidad de garantizar los procesos de reestructuración de deudas soberanas, recomendando el fortalecimiento de ciertas cláusulas contractuales que sirven para poner límites a los fondos buitre.

El reciente fallo en Nueva York del juez de distrito Thomas Griesa, que la cámara suspendió el miércoles, generó temor incluso entre algunos miembros del establishment. Su miedo es que los lineamientos vigentes para la reestructuración de deudas soberanas se vean comprometidos porque la sentencia premia a los fondos buitre al mismo tiempo que castiga el buen comportamiento de aquellos acreedores que ingresaron al proceso de reestructuración de deuda argentino. Esa es una receta que incentiva a futuro comportamiento de los buitre. Pero hay otra dimensión en la decisión del juez Griesa que el establishment quisiera suprimir.

Si el fallo del juez Thomas Griesa se aplicara, sentaría un precedente que impediría a los países reestructurar sus deudas soberanas. En el caso argentino, si no reestructuraba su deuda hubiera sido imposible que la economía pudiera salir del infierno al que la habían llevado los gobiernos anteriores. Es decir, aquellos que habían tomado deuda, de la dictadura en adelante. Con esa cruz de plomo no alcanzaba con la soja ni con los precios altos de los commodities. Argentina seguiría sumida en una crisis eterna, con la mayor parte de su población en la miseria, incluida gran parte de la actual clase media. Muchos de los comerciantes y profesionales que cacerolean, y muchos de los trabajadores que despotrican por el impuesto a las Ganancias, en gran parte deben su prosperidad a esa reestructuración que hizo Néstor Kirchner de una deuda que él no había contraído.