La importancia de las entidades financieras radica en que éstas actúan como intermediarios entre los ahorros de la población y los préstamos destinados a las familias, y los sectores productivos de la sociedad. Esta función no sólo requiere vincular prestamistas con prestatarios, sino que también transformar los activos financieros de corto (depósitos) al largo plazo (préstamos). De este modo, el servicio financiero viene a ser una herramienta para cubrir las necesidades de la comunidad al impulsar el consumo, la inversión y, al mismo tiempo, el empleo y el desarrollo de las economías. Es así que, al ser, en este sentido, la actividad bancaria de orden de interés público, las autoridades políticas deben esforzarse en elaborar regulaciones que sean capaces de promover la estabilidad, proteger la integridad del patrimonio de los ahorristas y defender a la sociedad del poder derivado de las corporaciones bancarias. Más aún, a partir de la desregulación financiera de las últimas décadas que permitió abrir el mercado intersectorial entre bancos, compañías de seguros y de inversión, dejando el camino libre a la conformación de conglomerados financieros.

En la actualidad muy pocos países cuentan con limitaciones a la integración sectorial. Los grupos financieros que florecieron y vinieron acompañados de la aparición de innovaciones financieras y tecnológicas, no sólo no redujeron ni eliminaron el riesgo del sistema, sino que, por el contrario, lo extendieron hacia los distintos sectores económicos y lo disfrazaron peligrosamente obstruyendo su reconocimiento y dificultando, así, la tarea de diseñar regulaciones capaces de prevenir riesgos potenciales.

Documento de Trabajo Nº 41 – diciembre de 2011