En el nivel global, el desarrollo de la biotecnología depende del avance científico de una multiplicidad de disciplinas que tienen a la investigación pública como principal referente. Por tanto, el sector privado ha necesitado establecer vinculaciones con CPI fundamentalmente mediante la concesión amplia de licencias y la creación de empresas por parte de científicos. Si bien esas modalidades han sido señaladas como las más apropiadas para industrias que se apoyan fuertemente en el conocimiento científico, como sucede con la biotecnología, también estas modalidades son las que conllevan mayores riesgos asociados con la privatización del conocimiento público (Arza, 2010). Dada la brecha en los recursos invertidos en relación con los líderes, a los actores del país les resulta difícil competir globalmente. Por lo tanto, se plantea la necesidad de aprovechar mejor los recursos disponibles y, según la experiencia internacional y las características del sector, deben evaluarse las ventajas y desventajas de intensificar las vinculaciones público-privadas.

La producción de herramientas biotecnológicas tiene un potencial estratégico en la generación de nuevas investigaciones aguas abajo y los productos biotecnológicos tienen a su vez un amplio potencial para resolver problemas fundamentales en países en desarrollo, relacionados con la alimentación y la salud. La política pública en ciencia y tecnología (CyT) tiene el desafío de mediar las tensiones que podrían existir entre los intereses privados y la necesidad de asegurar que el conocimiento incipiente que se ha desarrollado, principalmente dentro de los CPI, se mantenga en el domino público de manera de asegurar que la investigación en el área continúe profundizándose y que las aplicaciones que se persigan tengan amplio impacto social. Para esto es necesario democratizar tanto la discusión sobre la direccionalidad del cambio tecnológico, como la negociación de una agenda en CyT.

Artículo publicado en Realidad Económica Nº266