Esta vez no fueron los "mercados", ni una crisis externa, ni los sindicatos díscolos ni la sobreoferta de granos en el mercado mundial. Fue el propio gobierno el que, con sus medidas de ajuste, frenó una reactivación en camino, provocó la caída de los ingresos fiscales, dividió el frente empresario sobre el que procura apoyarse y generó una crisis política en su propio seno. Al asumir, el gobierno afirmó que el déficit fiscal era más elevado que el reconocido oficialmente y que se tornaba indispensable ajustar las cuentas públicas para dar señales de confiabilidad a los inversores. A continuación aumentó los impuestos con resultados contrarios a los esperados. Quiso corregir el primer error de cálculo con un recorte salarial. Las medidas de ajuste fueron acompañadas con otras largamente solicitadas por el establishment como la reforma laboral, la desregulación de las obras sociales y la confirmación de un firme alineamiento con los Estados Unidos en política exterior. El gobierno también se equivocó políticamente. Estimó que tenía un capital político que le permitiría encarar el ajuste y olvidarse de las promesas de cambio reiteradas en la campaña electoral sin demasiados costos. Pero no fue así.

El ajuste salarial desencadenó una serie de protestas sindicales. El costo económico del ajuste y la frustración de las expectativas de cambio de una parte importante de la sociedad crearon un creciente malestar. Las encuestas muestran que las opiniones favorables sobre el presidente Fernando de la Rúa y el vicepresidente Carlos Alvarez caen sostenidamente. Sectores de la Alianza comenzaron a mostrar incomodidad y hasta rechazo por la política oficial. Un conjunto de empresarios salió a reclamar medidas de fortalecimiento del mercado interno y sectores significativos de la jerarquía de la Iglesia se unieron al coro de críticas. Las preocupaciones por el futuro de la demanda surgieron incluso desde el campo más tradicional. Luciano Miguens, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, se refirió al ajuste salarial aclarando que siempre apoyó la reducción del gasto público pero manifestando: "Somos productores de alimentos y este achique de sueldos lógicamente va a provocar una reducción en el poder adquisitivo del consumidor, con lo cual se podría ver afectada la colocación de nuestros productos". (La Nación 3-6-2000). La impopularidad del rumbo oficial llegó a tal punto que sectores del justicialismo que procuraban mostrarse cercanos al presidente de buena imagen, se pusieron en la vereda de enfrente e intentaron o fingieron intentar boicotear el ajuste. En consecuencia, los inversores que se pretendía seducir y que alaban la mano firme del ajuste, comenzaron a demostrar preocupación por la retracción económica, la gobernabilidad y la inquietud social. Más allá de los errores de cálculo sobre las consecuencias inmediatas de las medidas, la política del gobierno se orienta firmemente a respetar los intereses económicos y estratégicos de los grandes grupos empresarios, los acreedores y los Estados Unidos. Por si quedara alguna duda sobre este punto ante un grupo de grandes empresarios de firmas nacionales y extranjeras el ministro de Economía José Luis Machinea sostuvo que "Las medidas que hemos tomado son medidas que profundizan el camino que se emprendió en los noventa" (Clarín, 22-6-2000) Ahora el gobierno trata de reacomodarse ante su clientela política y los reclamos de reactivación movilizando iniciativas de estímulo a Pymes y anunciando promesas de inversión. Pero, por ahora, los indicadores de la economia real se resisten a fundamentar el optimismo del gobierno y siguen prometiendo bajo crecimiento y alta desocupación. Si esto es así, seguirá planteado un escenario de alto conflicto social. Todo hace pensar que el gobierno responderá con la misma mano dura empleada en el ajuste. Una pista sobre este punto la dio el economista ortodoxo y ministro de Defensa Ricardo López Murphy. En marzo pasado habló de las nuevas amenazas que sufre la sociedad, entre ellas "la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas" y sostuvo que esto "ha revalorizado el poder militar dentro de las estructuras nacionales, al tener que asumir nuevos roles y compromisos en el orden nacional" (3 Puntos, 22-6-2000).

Maldita herencia
El gobierno heredó del menemismo un déficit fiscal, contando el nacional y los provinciales, de más de 10.000 millones de pesos. El déficit fue financiado con endeudamiento externo e interno con un elevado costo: los pagos de intereses de la deuda son el rubro de mayor crecimiento dentro de las erogaciones. En 1999 los pagos de intereses del sector público nacional llegaron a 8.000 millones de pesos, equivalente al 14% del gasto, y superaron los pagos en concepto de salarios públicos. La deuda pública externa, la mayor parte del total, genera pagos en divisas. El financiamiento interno absorbe capacidad prestable del sistema financiero y aumenta la tasa de interés. Es decir que, para reducir el endeudamiento, el pago de intereses y aumentar la disponibilidad de crédito al sector privado es necesario bajar el déficit público. La cuesión es en qué momento, a qué ritmo y con qué distribución de costos.

Teoría y oportunidad del ajuste
La decisión de cuándo y cómo practicar un ajuste fiscal depende del punto de vista teórico que se adopte. El pensamiento de orden keynesiano enfatiza en general el hecho de que una reducción del gasto público reduce la demanda agregada de la economía y tiene, por lo tanto, un efecto retractivo. Desde este punto de vista la politica fiscal debería tener un papel anticíclico, haciendo economías en las fases ascendentes del ciclo económico para contar con recursos con los cuales dinamizar la economía en la caída. En este sentido una situación de bajo crecimiento no es el momento oportuno para practicar un ajuste fiscal. Para el pensamiento ortodoxo actual el déficit genera desconfianza en los inversores y aumenta el riesgo país medido según las calificaciones de las evaluadoras de riesgo, desalentando el ingreso de capitales y provocando un encarecimiento en el costo de financiamiento. Desde este punto de vista, la reducción del déficit, lejos de tener efectos recesivos, estimula el ingreso de capitales y tiene un carácter reactivante. El gobierno adoptó desde el inicio la visión ortodoxa defendida por el establishment, incluyendo dirigentes como el vicepresidente Alvarez que fueron votados por su prédica en favor de políticas de alternativa. El gobierno no sólo encaró el ajuste sino que lo hizo con más énfasis que el reclamado por la ley. Como señala Claudio Lozano (Página 12/Cash, 18-6-2000) el gobierno sobreactúa y se propone llegar a un déficit fiscal de 5.109 millones de pesos, menor que el déficit de 5.495 millones admitido por la ley de Convertibilidad Fiscal. Para alcanzar su objetivo el gobierno lanzó, en primer lugar, un aumento de impuestos a las ganancias sobre ingresos medios y altos. El "impuestazo" tuvo un efecto directo y otro indirecto. Directamente redujo el ingreso disponible de quienes fueron alcanzados por la medida. Indirectamente, creó en el conjunto de consumidores e inversores temores sobre el futuro de la demanda, provocando una retracción amplificada de los planes de consumo e inversión. A fin de año la actividad económica se estaba recuperando de la recesión que había signado buena parte de 1999 y el impuestazo la detuvo. Como aproximación al nivel de actividad puede tomarse la serie desestacionalizada del Estimador Mensual Industrial del Indec. El estimador tuvo valores fuertemente negativos hasta julio de 1999, luego comenzó a recuperarse, en noviembre estuvo cerca de cero y en recién en diciembre dio un 7% positivo. El ajuste impositivo logró que en febrero el estimador desestacionalizado bajara al 2% positivo y que en marzo volviera a tener signo negativo. El Indice General de Actividad Económica elaborado por el estudio de Orlando Ferreres, que abarca la totalidad de los sectores económicos también muestra un estancamiento de la actividad. Según el índice, en los cinco primeros meses del año la actividad aumentó un 2,6%, pero está estancada si se considera en forma desestacionalizada y muy concentrada en algunas ramas de la industria, el agro y los servicios públicos. Una demostración elocuente y dramática del efecto recesivo de la política oficial es la evolución del mercado de trabajo: en los seis meses de gestión aliancista la tasa de desempleo aumentó y, según la Encuesta de Indicadores Laborales, en mayo la creación de empleo cayó por sexto mes consecutivo. El humor de los consumidores marcha junto con la realidad del trabajo. El índice de expectativas de los consumidores de la Fundación Mercado mejoró a partir de mayo de 1999 y en diciembre señalaba que las expectativas eran buenas. En diciembre comenzó a caer y se precipitó al vacío desde enero. A partir de marzo las expectativas son evaluadas como regulares. La contracción de la economía hizo fracasar los planes de recaudación. El propio ministro Machinea reconoció que el impuestazo recaudó menos de lo esperado. La recaudación tributaria del primer trimestre cayó y sólo mejoró en abril y mayo. Pero el repunte se debe fundamentalmente a la moratoria, utilizada como recurso de emergencia. Según la propia secretaría de Hacienda, sin contar el efecto moratoria, el ingreso fiscal de mayo fue sólo un 2% superior al del mismo mes del año anterior. Además, los ingresos obtenidos por el IVA, el principal impuesto de la estructura, se deben a la mejora de las exportaciones y las importaciones, lo que sí debe tomarse como un índice de una incipiente recuperación. Pero todavía los ingresos de los impuestos al consumo interno siguen reptando por el piso. Cuando el fracaso del "impuestazo" era innegable y la posibilidad de cumplir con las exigencias del FMI se alejaban, el gobierno decidió el recorte de salarios públicos. Curiosamente, una propuesta similar había sido realizada por el actual ministro de Defensa, recibiendo una andanada de rechazos desde la propia Alianza. La magnitud final del ahorro es todavía incierta porque dependerá de si otras áreas, como gobiernos provinciales, legisladores o poder judicial, además de la administración central, aceptan disponer un ajuste de remuneraciones. Por otra parte el decreto presidencial de recorte de gastos fue rechazado por la oposición justicialista y la justicia, lo cual abre una instancia de negociaciones sobre el futuro de la medida. Aun en el peor de los casos, el recorte no será significativo en relación con el gasto agregado total de la economía. No obstante el solo anuncio del ajuste salarial ya creó temor en los asalariados del sector privado porque los empresarios pueden verse tentados a seguir el ejemplo señero del sector público. Además de crear un temor funcional al disciplinamiento de la fuerza laboral, la sombra de la reducción salarial se agrega como un elemento más de precaución entre los consumidores, que amplía el efecto recesivo de la medida. En los últimos meses, el temor y las expectativas recesivas fueron estimuladas, también, por los llamados a profundizar el ajuste en los gastos públicos, realizados por hombres del gobierno. Las declaraciones de Fernando de Santibañes en este sentido sacaron a la luz pública la puja existente entre sectores de la propia conducción económica y llevaron a pensar que la conducción "moderada" de Machinea sería reemplazada por los representantes puros y duros de la ortodoxia, lo cual abría la perspectiva de un ajuste de magnitudes escalofriantes.

Quién carga con el ajuste
Para evaluar el grado de inequidad de las medidas es necesario establecer cuáles fueron las causas del desequilibrio. Entre 1991 y 1999, el gasto público nacional subió progresivamente hasta duplicarse, no precisamente, por un exceso de Estado Benefactor. El aumento en el gasto se debe, en gran parte, a los crecientes aportes del Tesoro al sistema de seguridad social. Este sistema está desfinanciado por el pase de aportantes de buen nivel salarial hacia el sistema privado. La creación de las AFJP significó, según FIDE (Coyuntura y Desarrollo 259) una pérdida anual de ingresos de unos 4.000 millones de pesos. También influyó el incremento de los intereses de la deuda generado en parte por la propia lógica de acumular un déficit que debe ser cubierto con endeudamiento y en parte por el aumento de las tasas de interés internacionales. Hay que computar, finalmente, el gasto difícil de medir pero sin duda elevado originado en la corrupción que genera pagos al sector privado por montos superiores al valor de los bienes o servicios precibidos. Los ingresos públicos sufrieron, a lo largo de la década importantes variaciones. Los ingresos no vinculados con las privatizaciones cayeron por efecto de las recesiones y por la evasión impositiva y previsional. Las recesiones se iniciaron o profundizaron, fundamentalmente, por el impacto de las crisis externas. La influencia de las crisis fue vehiculizado y amplificado por la vulnerabilidad externa provocadas por el endeudamiento, la apertura comercial y financiera y la política de especialización exportadora. La cuestión impositiva es, a su vez, un aspecto central del desequilibrio fiscal y del ordenamiento económico y social. La Argentina tiene una estructura impositiva regresiva que apoya el 60% de su recaudación sobre los impuestos al consumo y que contiene numerosas disposiciones que permiten a las empresas disminuir sus ganancias reales e imponibles. Paralelamente la evasión impositiva es elevada y las sucesivas administraciones de la DGI han tolerado o, en el mejor de los casos, han fracasado en reducirla hasta un nivel aceptable. Un dato significativo es la evasión del impuesto a la riqueza. En las estadísticas oficiales hay un millón y medio de personas con ingresos medios y altos pero sólo 370.000 pagan el impuesto. La declaración de propiedades y vehículos es, además, una ínfima parte de los activos registrados por las estadísticas públicas (Página 12/ Cash, 7-5-2000). También en la Aduana se registran casos de descontrol y corrupción que permiten el contrabando con la consiguiente evasión de impuestos o la falsificación de exportaciones para obtener reintegros en forma fraudulenta. El caso de la mafia del oro, las denunciadas exportaciones fraudulentas de cueros realizadas por un miembro del entorno menemista, son partes sobresalientes pero de ningún modo aisladas de esta situación. Igualmente elevada es la evasión previsional, la cual, junto con la pérdida de aportes derivados al sistema privado, contribuye al desequilibrio del sistema de reparto. La elevada evasión previsional es la contracara de la contratación en negro, cuya extensión que sólo puede explicarse por la total desidia o la complicidad con las empresas por parte del gobierno anterior. Los ingresos fiscales también cayeron debido a las reducciones de aportes patronales concedidas por Domingo Cavallo bajo el argumento de que estimularían la creación de empleo, la actividad económica y, por lo tanto, darían lugar a una recaudación que compensaría el costo fiscal de la medida. La reducción de aportes generó beneficios extraordinarios para las empresas de servicios públicos, ya largamente beneficiadas por las características de las privatizaciones, y a supermercados con un dominio oligopólico del mercado de venta y de compra a proveedores. Pero no contribuyeron a reducir la desocupación ni a dinamizar la economía. En resumen, el desajuste fiscal es básicamente consecuencia de una combinación de subvenciones explícitas o implícitas a grandes grupos económicos Ante esta herencia, había dos opciones: una, apelar a una política fiscal progresista con medidas como el castigo a la evasión y a la posibilidad de eludir el pago de impuestos, el reintegro de los aportes patronales por lo menos a las grandes empresas de servicios y la recuperación de la base impositiva del consumo. El gobierno eligió otra opción. Desechó las ideas de permitir a los aportantes de la jubilación privada volver a la estatal o poner un impuesto a la renta financiera de las empresas. Tampoco acepta reinstalar los aportes patronales a las empresas de servicios como propusieron algunos miembros de la Alianza y un sector de la UIA. El gobierno argumenta que ello reducirá las inversiones y provocará aumentos en las tarifas. Sin embargo las emrpresas de servicios parecen estar en mejor condición que el resto para contribuir al ajuste: según datos de la consultora Econométrica, en los últimos 6 años la rentabilidad sobre los activos de las empresas de servicios públicos .fue muy superior a la de las grandes empresas cotizantes en bolsa.

Como si esto fuera poco ...
Las medidas específicas del ajuste estuvieron acompañadas por otras iniciativas que, más allá de su importancia económica, estuvieron destinadas a reforzar el mensaje de fidelidad a los dictados del establishment. Una de ellas fue la Reforma Laboral, por cuya aprobación el gobierno lidió enérgicamente con una oposición que, después de sostener el proceso de transformaciones regresivas del menemismo, quiere mostrarse sensible a las necesidades de los trabajadores. Una de las excusas esgrimidas para justificar las medidas de flexibilización es que la reducción del costo laboral y la flexibilización de las condiciones de contratación contribuirá a aumentar el empleo y a regularizar la situación de los trabajadores en situación irregular. Sin embargo, en el último quinquenio se produjo una fuerte flexibilización laboral de derecho y de hecho que no evitó la precarización del trabajo ni el aumento de la desocupación. Otro argumento es la necesidad de deflacionar el salario para mejorar la competitividad, lo que no tiene en cuenta, entre otras cosas, que en los pasados seis años el salario real se redujo un 20% (Datos del INDEC). El gobierno también decretó la desregulación del mercado de salud, por el cual las prestadoras privadas podrán competir con las obras sociales sindicales. Con esta medida no sólo buscó presionar al sindicalismo sino también responder a las exigencias del FMI y de un sector empresario que pugna, desde hace tiempo, por avanzar más profundamente en el negocio de la salud. En resumen, las decisiones oficiales corroboran que cuando el ministro Machinea sostiene que la política aliancista es la continuidad de la menemista, se ajusta como pocas veces a la verdad de los hechos.

Alentando la confianza
Para compensar el malestar social y de los sectores que dependen del mercado interno, el gobierno lanzó una ofensiva de anuncios de programas y convocatorias a la confianza. La carta que muestra con mayor convicción y entusiasmo el ministro Machinea es la promesa de los inversores estadounidenses de realizar cuantiosas inversiones. El argumento tiene escaso poder de convicción porque no muestra contratos firmados o proyectos en marcha, sino simplemente hipótesis para el futuro. También se anunciaron programas para promocionar exportaciones, empresas Pymes y contratación de nuevos trabajadores en el sector privado. Los anuncios oficiales tienen un problema fundamental: en el contexto del ajuste no hay mucho lugar para llevar adelante políticas activas En primer lugar por razones estrictamente financieras. El ajuste deja muy escasos recursos para financiar programas de reactivación que deben, necesariamente, incluir rebajas impositivas, subvención a tasas de interés, inversiones públicas o, cuanto menos, disponer de personal y medios técnicos para estudiar temas, asesorar empresas u organizar eventos. Por eso cuando el ministro de Infraestructura Nicolás Gallo anuncia un ambicioso plan de inversiones aclara que la mayor parte estarán a cargo del sector privado Pero el sector privado no se comprometió formalmente a realizar ninguna de ellas. Por si fuera necesario aclarar este punto, está un episodio vivido por el ministro de Economía el pasado jueves 19 en su reunión con integrantes del Consejo Empresario Argentino. En ese momento el ministro hizo la ya citada declaración de que su gobierno era la continuidad del menemismo y preguntó a los grandes empresarios cuál de ellos pensaba realizar inversiones en el segundo semestre. Por respuesta sólo recibió el silencio (Página 12, 22-6-2000). Como parte de su estrategia de estímulos el gobierno decretó una reducción del número de horas que pueden hacer los empleados públicos y privados de 48 a 30, con el argumento de que contribuirá a repartir el empleo existente y reducir la desocupación. Pero este régimen tendrá poco efecto en parte porque el 70% de los convenios aprobados en los últimos años permiten la movilidad horaria, lo que permite acomodar las horas trabajadas de acuerdo con los vaivenes de actividad y disminuye el uso de horas extras.

Sin novedad en el frente financiero
Luego del "impuestazo" el gobierno comenzó una ofensiva para bajar las tasas de interés y aumentar la oferta de crédito para estimular la demanda. En esta línea, el Banco Nación anunció que privilegiaría el financiamiento de las PyMEs (En la actualidad este grupo de empresas recibe alrededor del 6% del total del crédito del sistema financiero). Paralelamente, inició negociaciones con los dueños de las grandes tarjetas de crédito para que redujeran su tasa de interes. Los bancos privados, por su parte, lanzaron una agresiva campaña de oferta de créditos hipotecarios a plazos inusualmente largos y a tasas de interés más bajas que en el pasado inmediato. También aumentaron su oferta de créditos para consumo e inversión. El gobierno soñaba con un aumento en la construcción de viviendas que dinamizara la construcción y creara empleos. El sistema bancario tiene capacidad prestable porque en los últimos cinco años los depósitos aumentaron un 70% mientras los créditos lo hicieron un 45 por ciento. La ofensiva publica y privada tuvo poco éxito. Durante la primera mitad del año los depósitos del sistema bancario subieron pero el stock de préstamos bancarios al sector privado cayó más de 1% en lo que va del año. A su vez, desde comienzos de año las operaciones hipotecarias en dólares crecieron un 2% y los nominados en pesos un 0,75% (datos del Colegio de Escribanos, El Cronista 12-6) Según los propios banqueros el número de consultas por créditos hipotecarios aumentó sustancialmente, pero las operaciones concretadas fueron pocas porque lo potenciales prestatarios tienen incertidumbres sobre el futuro de sus ingresos y de su capacidad de pago. En consecuencia la construcción sigue figurando entre las actividades más deprimidas del espectro productivo.

Destruyendo el estado
La segunda cuestión es que el gobierno sigue el camino menemista de destruir el estado, es decir el instrumento indispensable para diagramar y llevar adelante políticas económicas y sociales, y para monitorear el cumplimiento de los planes de inversión privados en empresas privatizadas o en programas de reactivación asumidos conjuntamente por el estado y las empresas. Como parte del plan de ajuste se redujeron los salarios de los funcionarios, se estimula el retiro voluntario de personal calificado, se reducen las contrataciones con que se cubren puestos técnicos. El deterioro del estado tiene efectos inmediatos porque reduce la capacidad de creación y gestión de políticas públicas. Pero también de largo plazo. El ajuste alcanzó, por ejemplo, al cuerpo de Administradores Gubernamentales destinado a mejorar la capacidad de gerenciamiento de lo que queda del sector público. Otra víctima fue el ya maltrecho sistema de investigación y desarrollo científico-técnico, precisamente en momentos que una empresa pública como Invap, demuestra que puede ser eficiente y competitiva ganando una licitación para la construcción de una central atómica en la que compitieron empresas líderes del mundo industrial. En el propio sector privado se estima que la reducción de gastos afectará a organismos como el INTA, fundamental en el desarrollo de tecnologías y productos para el agro y el SENASA, encargado, entre otras cosas, del control sanitario de la ganadería. Las tareas de ambos organismos son fundamentales en el apuntalamiento de la producción y las exportaciones. Un aspecto especialmente absurdo de la política de ajuste es el recorte de fondos y personal en la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Aduana. El nivel de evasión impositiva, previsional y aduanera plantea la necesidad de reforzar la capacidad y eficiencia de los organismos recaudadores. Un refuerzo presupuestario bien aplicado redundaría en una mejora en la recaudación mientras que el recorte sólo contribuirá a debilitarlos y a reducir su capacidad recaudadora. La política oficial en relación con el aparato del estado puede considerarse como parte de una conducta carente de visión estratégica o equivocada desde el punto de vista instrumental. Pero en lo fundamental responde a la orientación de desplazar el sistema estatal para dar lugar a sectores privados llamados a hacerse cargo de tareas de consultoría, asesoramiento, gestión y realización que actualmente llevan a cabo organismos públicos.

El factor externo
La economía argentina depende crucialmente de la evolución de factores externos como la tasa de interés, los precios de las commodities que exporta, la demanda en sus principales mercados de exportación y el juego de paridades entre el dólar y las monedas de esos mercados. En los primeros años noventa la baja en la tasa de interés, el aumento de las commodities en el mercado mundial y el crecimiento de la demanda brasileña ayudaron sustancialmente a mejorar las exportaciones con un tipo de cambio fijo y a estimular el consumo y la inversión externa. En la segunda parte de la década la situación se complicó con las crisis mexicana y asiática que, en el primer caso, provocó una caída de depósitos bancarios y en ambos generaron aumentos en el costo del financiamiento de países periféricos. Ahora el cuadro está confuso y una de las principales incógnitas es la economía estadounidense. Por una parte las tasas de interés están teniendo una tendencia alcista porque la Reserva Federal intenta evitar un recalentamiento de la economía de su país. Si las tasas siguen subiendo se encarecerá el costo de financiamiento, pero la demanda del norte continuará estimulando el mercado mundial. Si esa demanda cae, la suerte de las exportaciones argentinas en general se verá perjudicada. Dado que casi la tercera parte de las exportaciones se dirigen al Brasil también es fundamental la evolución de la economía brasileña. La devaluación del real disparó el temor de que la Argentina ya no podría vender al vecino y sería invadida por sus productos. Esto no sucedió. El comercio exterior con el Brasil se redujo pero siguió siendo superavitario. Más aún, como explica muy bien Arturo O´Connel (entrevistado por Julio Nudler en Página 12, 17-6-2000 ) la depreciación del real estimuló las ventas externas y la recuperación de la economía brasileña lo que está contribuyendo, a su vez, a mejorar las exportaciones locales. La recuperación de las economías asiáticas también contribuye al sector externo porque, junto con el buen ritmo de crecimiento de los países industriales, está estimulando una recuperación en los precios de las commodities. Las perspectivas son poco promisorias en Europa debido a la devaluación del euro frente al dólar. El mercado estadounidense merece un capítulo aparte. La Argentina tiene con los Estados Unidos un déficit comercial histórico que no promete tender hacia el equilibrio, por varias razones: porque el mercado estadounidense exige a los exportadores volúmenes y niveles de calidad que no todos pueden alcanzar; porque los EUA son productores del mismo tipo de mercancías que forma la canasta exportable de la Argentina y en tercer lugar por las restricciones comerciales que el país del norte maneja. Antes del viaje presidencial a los Estados Unidos el gobierno llevó adelante una desregulación del mercado de telecomunicaciones largamente reclamada por empresas estadounidenses que se proponen disputar con las oligopólicas Telefónica y Telecom. A su vez, el gobierno estadounidense levantó las restricciones sanitarias para el ingreso de cítricos nacionales, lo que beneficiará fundamentalmente a productores del noroeste. Pero no obtuvo una ampliación de la ínfima cuota de exportación para carnes, a pesar de poder exhibir ahora el certificado de país libre de aftosa sin vacunación.

Perspectivas después del ajuste
Las perspectivas económicas, en la tercera semana de junio, son poco alentadoras. Durante el primer trimestre el PIB habría aumentado 2,7% en relación con el año anterior, lo cual desestacionalizado se encuentra en los niveles del último trimestre del año pasado. El gobierno espera un crecimiento de entre el 3% y el 4%, motorizado por las inversiones externas en telecomunicaciones, turismo y agroindustria y las exportaciones. Incluso oficialmente se admite que las actividades vinculadas con el mercado interno, tendrán un comportamiento pobre. Sobre el monto y el ritmo de ingreso de las inversiones externas no se puede anticipar nada y sólo en el futuro podrá evaluarse si las apreciaciones del gobierno tenían bases fundadas o formaban parte de una campaña de imagen. Respecto de las exportaciones, en el primer cuatrimestre aumentaron un 13%, y se espera que en el año se incrementen un 15% Más de la mitad del aumento se dirigió hacia el Brasil, siguiéndole EUA y el sudeste asiático. El futuro del déficit comercial es incierto porque si la economía crece al ritmo esperado por el gobierno las importaciones tendrán un fuerte aumento ya que, debido a la apertura, se genera una elevada demanda de bienes de capital, de consumo y de insumos. El déficit de la Cuenta Corriente se ubicará cerca del 4% del PIB por lo que la economía argentina seguirá estando en la zona de riesgo para los evaluadores internacionales.

22 de junio de 2000

La ofensiva por la dolarización
La crisis asiática en general y la devaluación brasileña en particular pusieron en discusión la cuestión monetaria. Cuestionar la convertibilidad o proponer un sistema monetario alternativo dejaron de ser tabúes en el discurso económico vernáculo. La crisis asiática mostró, entre otras cosas, que los capitales especulativos pueden atacar y desestabilizar monedas de países con buen crecimiento, con bajo déficit fiscal, elevadas reservas externas y hasta con bajos déficit en cuenta corriente. Paralelamente, los capitales de corto plazo que años anteriores habían invadido los emergentes asiáticos se retiraron abruptamente. Después de esa experiencia ninguna moneda de la periferia puede sentirse completamente segura y ningún mercado puede jurar que tiene amarradas las inversiones de portafolio o garantizada la estabilidad en las cotizaciones de los bonos de su deuda externa. En la Argentina, la discusión sobre el tipo de cambio es estimulada por dos grandes temas de comercio externo. Uno es la devaluación del Brasil. Otro es la sostenida depreciación del euro frente al dólar y, en consecuencia, frente al peso argentino, lo que reduce la capacidad exportadora hacia Europa, mercado con el que el país pasó de tener superávit a déficit comercial. La discusión de la paridad está planteada desde varios frentes. Una corriente de opinión profesional con una presencia cada vez mayor propone discutir el cepo de la paridad y buscar salidas del orden del tipo de cambio ajustable o vincular el peso con una canasta de monedas. Otro frente es el abierto hace ya tiempo por un sector en el que confluyen ortodoxos que actualmente participan del gobierno con el ex presidente Menem e ideólogos de su entorno y que propone huir hacia adelante reemplazando el peso por el dólar. Algunas versiones proponen una devaluación previa a la dolarización. Desde el punto de vista técnico o teórico, este frente considera que las turbulencias financieras y monetarias del mercado mundial estan aquí para quedarse y que las monedas de economías chicas estarán sometidas a continuas desconfianzas y presiones. Especialmente cuando los países tienen una historia de inestabilidad o sus bancos centrales son presa fácil de la presión política o empresarial. En este contexto, si la Argentina modifica su paridad, la somete a una perspectiva de ajustes o la deja flotar libremente, entrará en el mar de la incertidumbre. Aun en el caso de que la modificación cambiaria no dispare la inflación. La única forma de evitar este escenario es solidificar la confianza cambiaria a través de la dolarización lisa y llana. Por otra parte, según esta corriente, el mundo marcha hacia un régimen dividido en unas pocas grandes monedas como el dólar, el euro (en el caso de que se consolide) y el yen, cada una con su ámbito de influencia. La dolarización, con devaluación o sin ella, implicaría sellar la pertenencia de la Argentina al área estrategica de los EUA y, entre otras cosas, terminar con el proyecto económico y estratégico del Mercosur. La oposición a la dolarización cuestiona la alternativa porque implicaría perder la posibilidad de hacer una política monetaria autónoma, aun en los límites estrechos de la convertibilidad y una economía abierta a las corrientes de capital. En la dolarización la tasa de interés estaría fijada en forma mucho más directa que ahora por la Reserva Federal. El Banco Central perdería, a su vez, los intereses que obtiene por las reservas que deposita en bancos del exterior. Por otra parte el sistema no contaría con el respaldo de la Reserva Federal como prestador de última instancia, salvo que el gobierno de los EUA admitiera que el sistema financiero local se incorporara a los sistemas de regulación y seguros de depósitos de los EUA, lo que difícilmente sucedería.

Falacias del "riesgo país"
La preocupación sobre el riesgo país tiene en la Argentina una razón de ser porque tanto el sector público como el privado deben afrontar cada año el vencimiento de bonos de corto plazo emitidos. Si el vencimiento los sorprende con un riesgo país elevado los inversores exigirán más intereses para aceptar nuevos bonos y, en un caso extremo, no querrán renovarlos, dejando al aspirante a deudor sin fondos. Aun reconociendo la importancia real del tema, es indudable que el argumento del riesgo país contiene, al menos, tres falacias: una es que, si bien el ingreso de capitales externos es fundamental para el crecimiento, éste depende también de una amplia serie de variables endógenas como la capacidad de consumo interno, la acumulación tecnológica, la competitividad (precio y calidad) de los servicios, etc. La segunda es que los capitales, especialmente las inversiones directas, no ingresan al país sólo por las calificaciones de riesgo sino por consideraciones de más largo plazo que tienen en cuenta el tamaño del mercado, la política fiscal, la competitividad exportadora, la calificación de mano de obra o la oferta tecnológica doméstica, entre otras. La tercera cuestión es que las calificadoras de riesgo no toman en cuenta sólo el estado de las cuentas públicas sino también el ritmo de crecimiento de las economías o la estabilidad política. Por eso, el ajuste fiscal recesivo puede tener, incluso, efectos contrarios a los esperados en la medida que reduce el mercado interno y genera conflicto social y disensos en la alianza partidaria gobernante. Sobre la ambigüedad del efecto de las calificaciones de riesgo hay dos ejemplos ilustrativos: el año pasado el Brasil lidiaba con un déficit fiscal elevadísimo, tenía una moneda devaluándose con futuro incierto y sufrió una baja en la calificación otorgada por las evaluadoras de riesgo y un fuerte aumento en los diferenciales de interés que los inversores exigían para la compra de bonos. No obstante atrajo 30.000 millones de dólares de inversión externa, un récord para su propia performance. Los capitales igual eligieron el Brasil porque tanto el gobierno central como los estaduales mostraban vocación de crecimiento impulsando políticas de promoción de inversiones y la devaluación del real permitía mejorar las exportaciones y relanzar la actividad económica. El segundo ejemplo es la respuesta que dieron varios agentes del mundo financiero cuando el presidente argentino propagandizaba su ajuste en el país del norte: varios de ellos, luego de alabar la valentía oficial y reafirmar la "necesidad" del ajuste afirmaron que la economía argentina seguía siendo dudosa para los inversores por su bajo crecimiento. Uno de ellos anunció, incluso, una reducción en la calficación otorgada a la Argentina (La Nación 14-6 y Clarín 13-6). J. S. Notas * Economista y periodista