La comunidad internacional guardó silencio y, simultáneamente, el régimen aisló completamente el país impidiendo el ingreso tanto de organismos como de observadores extranjeros. Durante dicho período, Camboya se convirtió en el primer productor mundial de arroz, con el extremo paradojal de que muchos de los que cosechaban morían de hambre y desnutrición.

Si bien Australia, India y Nueva Zelanda formularon algunas denuncias aisladas, lo cierto fue que recién en 1993 las Naciones Unidas comenzó a presionar con el objeto de que se concretara el juicio contra los altos dirigentes de los Jemeres Rojos.

En 1997, Camboya aceptó la ayuda de la ONU para el establecimiento del tribunal; no obstante lo cual, las discusiones se centraron a partir de entonces en su composición. Mientras Camboya pretendía que jueces y funcionarios fuesen de esa nacionalidad, la ONU sostenía que la mayoría de aquéllos debía representar a la comunidad internacional.

Finalmente, en junio del 2003, Hans Corell, jefe del Consejo Jurídico de la Organización de las Naciones Unidas, firmó con el gobierno camboyano un convenio por el cual se estableció un tribunal de composición mixta para juzgar los actos de genocidio cometidos en ese país.

Su denominación oficial es Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya y se encuentra integrada por jueces y fiscales camboyanos, aunque también por otros de nacionalidad francesa, canadiense, británica, holandesa y australiana.

La incógnita radica en quiénes serán los acusados. El líder del Jemer Rojo, Pol Pot, falleció en 1998 y sólo dos de sus más estrechos colaboradores se encuentran en prisión, acusados de genocidio. Otros miembros prominentes del Jemer Rojo viven en libertad, luego de que el actual primer ministro y el anterior monarca dispusieran una amnistía en relación con todos sus crímenes.

Según se sabe, además, la fiscalía tan sólo formulará cargos contra los antiguos líderes de los Jemeres Rojos y no, en cambio, contra nacionales de terceros Estados, como China, Tailandia y los Estados Unidos, implicados en algunas fases de la comisión del genocidio.

El establecimiento del tribunal mixto para Camboya puede ser leído como otro desafío político, jurídico y ético destinado a edificar una cultura basada en el rechazo a la impunidad y la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación frente a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos fundamentales.

Sin embargo, no debería perderse de vista que estas iniciativas aisladas de justicia dependerán, cada día más, del rumbo que tome la sociedad internacional ante el unilateralismo que pertinazmente exhibe la gran potencia económica y militar de la actualidad.

Puesto que de acentuarse la descomposición del orden internacional, quedará de manifiesto, sin disimulo alguno, la existencia de dos clases de Estados nacionales. Aquellos que ceden parte de su soberanía ante el imperio del derecho y otros que, por el contrario, pretenden verse exentos de todo orden colectivamente vinculante.

Bajo esta hipótesis, la justicia penal internacional quedará sólo reservada a los Estados política y económicamente dependientes, convirtiéndose en una criatura institucional degenerada bajo la influencia de la realpolitik y el predominio hegemónico.

Fuente: Diario Rio Negro / Argentina – 23.03.07