Esta semana la Cámara Nacional de Casación Penal aceptó los reclamos de los abogados del Estado y declaró la "nulidad absoluta" de un fallo previo que la propia Cámara había adoptado en beneficio de las principales empresas cementeras del país, acusadas de actuar de manera "cartelizada" para fijar los precios del sector.

Cementeras:">http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=3575]Cemente... la Casación revocó su propio fallo

A continuación reeditamos un trabajo publicado enel N°224 de Realidad Económica, que se propone analizar si el accionar estatal fue eficaz a la hora de enfrentar el cártel cementero, dados los perjuicios que un acuerdo de esta naturaleza causa a los consumidores argentinos (primordialmente en materia de precios).

La Cámara Nacional de Casación Penal aceptó los reclamos de los abogados del Estado y declaró la "nulidad absoluta" de un fallo previo que la propia Cámara había adoptado en beneficio de las principales empresas cementeras del país, acusadas de actuar de manera "cartelizada" para fijar los precios del sector.

La inusual decisión fue adoptada el lunes pasado por la sala IV de la Casación, el máximo tribunal penal del país, que de ese modo anuló el fallo que había dejado sin efecto la aplicación de multas por más de $ 300 millones contra Loma Negra, Juan Minetti SA, Cementos Avellaneda SA, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA y Cemento San Martín SA, como también a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland.

Los camaristas Mariano Borinsky, Raúl Madueño y Eduardo Riggi declararon la nulidad absoluta de la resolución anterior, dictada apenas tres meses atrás, ya que concluyeron que no se notificó al Ministerio de Economía, por lo que se privó a sus abogados de ejercer el derecho a "defender los intereses del Estado Nacional".

"El trámite del referido recurso de casación comporta un vicio insanable que acarrea una nulidad absoluta que debe ser declarada aun de oficio", plantearon los camaristas de la Sala IV, la misma sala que, aunque con su composición anterior, había admitido en septiembre pasado el reclamo de las cementeras.

Las sanciones aplicadas en julio de 2005 por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, involucran cifras multimillonarias: $ 138,7 millones a Loma Negra; $ 100,1 millones a Juan Minetti SA; $ 34,6 millones a Cementos Avellaneda; $ 28,5 millones a Cemento San Martín; $ 6 millones a la Petroquímica Comodoro Rivadavia, y $ 529.289 a la Asociación.

"Estas compañías pactaron acuerdos para mantener precios elevados a través de la concertación de cuotas", denunció Lavagna al anunciar la aplicación de las multas por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, por la presunta cartelización detectada entre 1981 y 1999.

Ante la apelación planteada por las cementeras, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, órgano jurisdiccional competente, con la firma de Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, confirmó las multas impuestas.

Camaristas cuestionados

Las cementeras, sin embargo, apelaron ante la Cámara de Casación Penal, y el reclamo recaló en la Sala IV del tribunal. Integrada por Augusto Díaz Ojeda y Mariano González Palazzo, la sala les dio la razón y anuló lo actuado, dejando sin efecto las multas.

Al ser notificada de esa resolución, sin embargo, la representante del Estado nacional se presentó y planteó su nulidad, ya que no había sido notificada antes de la tramitación de los recursos de Casación presentados por las cementeras multadas.

En el ínterin, a su vez, la sala IV cambió por completo. Díaz Ojeda renunció, mientras que González Palazzo, sospechado a su vez de beneficiar al sindicalista José Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, retornó a su cargo como integrante de la Cámara del Crimen.

Con esta decisión, vuelve a cobrar vigencia el fallo anterior de la Cámara en lo Penal Económico que había confirmado las multas, por lo que las cementeras, si así lo consideran, deberán tramitar otra vez su apelación ante la Casación para intentar anularlas