La unidad de análisis de la conflictividad son "las expresiones de conflicto" y están conformadas por seis tipos diferentes: paros, movilizaciones, ocupaciones, protestas pacíficas, protestas violentas (protestas que afectan directamente a terceros) y nuevas formas de lucha. El nivel de conflictividad es el resultado de la sumatoria de todas las expresiones de conflicto.

Se dividen los once años estudiados dos grandes partes: hasta 1995 y luego de 1995.
La primer parte se caracteriza por la resistencia cuantitativa al Plan de Convertibilidad, en un período de baja o mediana tasa de desocupación: mientras que la segunda etapa se inicia en 1996 y continúa hasta el presente, distinguiéndose por el cambio en la modalidad de lucha y la incorporación de nuevos sectores sociales al conflicto, accionando de manera más cualitativa.
Cada una de estas dos partes puede ser dividida en otras dos, de manera que se establecen "cuatro etapas" de la conflictividad de la década, que describimos a continuación:

ETAPA 1
Licencia al Plan de Convertibilidad (1991 y 1992)
Esta etapa abarca los primeros dos años desde el lanzamiento del Plan de Convertibilidad.
El mantenimiento del consumo de una porción de la ciudadanía, a partir del incremento sostenido del PBI, fue la característica más destacable de esta etapa.

La intensidad del conflicto fue baja durante todo el período. La lucha resultó principalmente sindical, mientras que los sectores no sindicales tuvieron un nivel de participación baja.

Frente a los estragos económico-sociales de la hiperinflación, producidos en los últimos años del gobierno de Alfonsín y los primeros años del gobierno de Menem, aparecía la estabilidad monetaria. Dicha estabilidad del período 1991-1992 resultó muy importante para regular los conflictos, que tendieron hacia la estabilidad conflictiva.
La desocupación estaba en los 6 puntos y la preocupación más importante -según algunas encuestas publicadas en diarios- era la situación salarial. Pero en el Estado se estaba llevando a cabo un doble proceso de cambio por un lado, la privatización de las empresas productivas y de servicio del Estado y, por otro, el ajuste de personal como parte de la reestructuración del Estado lanzada por Menem junto al Plan de Convertibilidad.

El resultado de este doble proceso fue la salida de miles de trabajadores de la estabilidad laboral hacia la inestabilidad de un mercado cada vez menos regulado y ahora regido por la oferta y la demanda en una economía desregulada y tendiente a la globalización. La consecuencia social más importante fue el incremento de las tasas de desocupación y de subocupación. Ese grupo de trabajadores fuera del mercado laboral formal se mantuvo esperanzado mientras duró el dinero de las indemnizaciones del Estado. Dos años después, el proceso de concentración económica y la debacle de la pequeña y mediana empresa, junto a la escasa viabilidad de los pequeños emprendimientos comerciales minados por la llegada de las grandes cadenas de supermercados, llevó a la informalidad laboral y a la inestabilidad a vastos sectores sociales, reflejados en los crecimientos de las tasas de desocupación y subocupación.

Por otro lado, las Centrales Sindicales, que estaban separadas, no tardaron en unificarse, nombrando a Oscar Lescano como nuevo secretario general con un discurso muy crítico hacia la situación social y económica, fruto del anterior gobierno radical. El ataque principal va dirigido hacia el ministro de Trabajo, que renuncia luego del paro general de noviembre de 1992.

Paralelamente, el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA), que aglutina a estatales y docentes, queda conformado desde 1992 con un claro perfil opositor no sólo del gobierno, sino también de la conducción de la CGT. Por otra parte, también existe el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), que agrupa a los sindicatos del transporte con un perfil opositor al Gobierno.

ETAPA 2
Resistencia al Plan de Convertibilidad (1993-1995)
Abarca la etapa de crecimiento económico sostenido del bienio 1993-1994 e incluye las consecuencias del "Efecto Tequila" -sobre el final de 1994-, fruto de la crisis mexicana, que generó la huida del país de capitales financieros que habían favorecido el crecimiento antes mencionado. En los dos primeros años, la lucha fue protagonizada por el sector sindical; pero empezaron a incluirse sectores "no sindicales" en los conflictos. La privatización de las empresas del Estado y el ajuste provocado por la Reestructuración del Estado nacional continuaron siendo factores importantes para el incremento de la conflictividad.

El año 1995 resultó diferente económicamente hablando a los anteriores, pero desde el punto de vista del conflicto, se mantuvo el incremento y la modalidad de lucha. Resurgieron los conflictos debidos al atraso en el pago de las administraciones provinciales, que no podían hacer frente al pago de los salarios de los empleados públicos ya que la iliquidez fue notable.

Es importante destacar que en las mediciones de la desocupación del año 1995 los valores habían alcanzado el 18,4%, triplicando los valores existentes en 1991, lo que a nuestro juicio, significaría una variable muy influyente para el desarrollo del conflicto.

La escalada de enfrentamiento al Gobierno creció con el nombramiento de Naldo Brunelli al frente de la CGT, que se aprestó a diseñar un plan de lucha. El Gobierno nuevamente decide negociar con algunos sectores internos de la CGT y, ayudado por los resultados electorales de ese año, le quita fuerza al plan de lucha, desarticulando el posible incremento conflictivo de la central obrera. Como consecuencia; renunció Brunelli quien fue reemplazado por Gerardo Martínez junto a otra estrategia política.

Este, primero con un perfil negociador, intentó acordar con el Gobierno algunas cuestiones, en lo que fracasó, para luego preparar y concretar un paro general, en setiembre de 1995, con un enorme acatamiento. El paro tuvo como resultado, quizás, constituirse en el primer hecho de iniciativa sindical que reflejó el desgate de la conducción justicialista cosa que luego crecerá y será muy visible.

En este año se empezó a formar un fenómeno nuevo, que resultó ser una bisagra en la conflictividad; se inició un período de cambio en la modalidad de lucha de los sectores sociales.

ETAPA 3
Desplazamiento de la Conflictividad al sector social (1996-1999)
El mantenimiento de la tasa de desocupación por encima del 16% por más de dos años, al ser internalizada por los sectores conflictivos del sector sindical, actuó como disciplinador social y generó un proceso de cambio en la modalidad de lucha. Estos grupos sociales empezaron a desestimar la conflictividad en su trabajo o bajo la esfera sindical y apareció un proceso de conflictividad en el campo social, encabezado por los desocupados -incluyendo fogoneros, piqueteros y pobladores de distintas regiones del país-, que generaron cortes de rutas y otras medidas de fuerza para lograr la atención del Gobierno y les proveyera trabajo -ingresando al sistema laboral- o le diera dinero para subsistir -quedando sin trabajo, pero con algún nivel de consumo-.

Tal vez la máxima expresión de este proceso, fue vivido en abril de 1997, donde luego de un conjunto de "puebladas" solicitando trabajo al Gobierno, se estableció la "Carpa Blanca" de los docentes de CTERA. Esta nueva forma de lucha, a pesar de pertenecer al sector sindical, recibió la adhesión generalizada de la sociedad y representó un punto de inflexión. Unos días después y en el marco de un plan de lucha de los docentes nacionales se realizaron nuevas puebladas en muchos lugares del país con la participación de trabajadores y pobladores.

En Neuquén, un conflicto iniciado por los docentes de base de CTERA se había transformado, después de una semana, en una pueblada que excedió a los convocantes, finalizada por la policía provincial que desató una feroz represión, en la que como resultado murió una manifestante llamada Teresa Rodríguez.

Unos días más tarde, apareció un grupo de "fogoneros" cortando rutas en esa provincia, solicitando trabajo a la gobernación o al Gobierno nacional: permanecieron una semana en conflicto. Estos hechos eran reflejo de la situación de crisis existente -cristalizando la intención de protesta de vastos sectores sociales- fundaron en la sociedad una nueva forma de protesta (los cortes de rutas) que continúa siendo utilizada en el presente. Tan importante fue la situación que forzó al Gobierno de Menem a un cambio de actitud frente a los conflictos que generalmente desestimaba.

La conformación social de los sectores conflictivos cambiaba, también se modificaba las modalidades de lucha. Aumentaban las "nuevas formas de lucha", como ser las marchas de silencio, caravanas, abrazos simbólicos y escraches y se consolidaban los "cortes de rutas" como expresión de conflicto. Los conflictos empezaron a ser realizados por organizaciones más pequeñas -locales o regionales- con modalidades atípicas y con el objetivo principal de llamar la atención a las autoridades y, a la vez, generar consenso en la opinión pública, como lo había hecho la carpa blanca.

El contenido mediático de la lucha aumentaba y de la misma manera en que los partidos políticos de mayor crecimiento se valían de los medios para ganar espacio, también lo hacían los sectores conflictivos para obtener respuestas a sus demandas. Los medios de comunicación social pasarían a estar, no sólo en la mirada de los grupos de decisión que ponían en marcha los conflictos sino que esta estratégia sobre el rol de los medios fue compartida por los participantes.

El desgaste del gobierno de Menem y el establecimiento de un proceso recesivo con la crisis asiática y la más cercana devaluación brasileña -cuyos efectos de iliquidez monetaria y falta de inversión productiva duran hasta el presente- favorecieron las condiciones para el último cambio de la década, según nuestras observaciones, que tiene que ver con una nueva reestructuración conflictiva, que se describen en el trabajo.

Etapa 4
Reconstitución de la capacidad conflictiva de las Centrales Sindicales e incremento organizativo en los desocupados (2000-2001).
El tenor antisindical de las primeras medidas de gobierno de la Alianza y el alineamiento político sindical de las centrales sindicales -properonista-, fueron dos cuestiones decisivas para la recomposición de las mismas.

Esas medidas fueron la reforma laboral y la desregulación de las obras sociales, que entre otras cosas afectan directamente el poder de las centrales sindicales. Por otro lado, estas medidas favorecieron la reaparición del alineamiento político sindical de las cúpulas de las centrales sindicales más numerosas, detrás de la ideología peronista o justicialista. Se sabe que la CGT y la CGT disidente actuaron en conjunto -una negociando y la otra golpeando- para enfrentar la reforma laboral y la desregulación de las obras sociales, aunque en la superficie mantenían un discurso de relativo enfrentamiento.

Resultó bastante clara la unidad en la lucha de las centrales sindicales frente a las leyes antes citadas y a la vez la intención de incrementar el accionar conflictivo de cada central por propia cuenta para enfrentar al gobierno de la Alianza, dando como resultado el incremento de la conflictividad sindical en el año 2000. La dificultades del Gobierno para salir de la etapa recesiva influyó en el agrupamiento de fuerzas que reclamaron la reactivación económica.

Mientras tanto aparecía un proceso de dispersión y posterior concentración de los desocupados y piqueteros, no sólo en el interior Neuquén, Tucumán, Chaco, Jujuy y Río Negro, sino también en el Gran Buenos Aires -La Plata y La Matanza-, y su actividad conflictiva movilizó al nuevo gobierno de la Alianza a tratar de disolver los cortes de rutas con el reparto de planes trabajar o subsidios de desempleo. Hubo una gran cantidad de conflictos organizados desde el llano y a la vez mejoró la capacidad de convocatoria de las centrales de desocupados, como la CTA y la CCC. Mientras tanto aparecían sectores de desocupados que se alinearon detrás de estas dos centrales sindicales con una orientación política de izquierda, apoyadas por partidos de esa extracción. Lentamente se empezaron a conformar dos sectores de desocupados diferentes en su ideología y convocatoria.

Los hechos de resistencia civil del 19 y 20 de diciembre que desembocaron en la caída del gobierno de la Alianza resultan ser una continuación de la lucha conflictiva a pesar de que las causas fueron de corte político y las características destacables fueron distintas a las del conflicto social. En esos hechos, las organizaciones sociales y políticas se vieron sobrepasadas por las acciones de los ciudadanos que solos o en pequeños grupos se autoconvocaron en la Plaza de Mayo y en otros lugares poniéndose como meta la renuncia del ministro de Economía y del presidente De la Rúa.

TRES CUESTIONES DEL CONFLICTO A RESCATAR
Tres son los rasgos que quisieramos rescatar sobre el conflicto social en la Argentina de los últimos diez años: reestructuración conflictiva, influencia social del conflicto y formación de un canal de expresión.

Los actores sociales mostraron gran capacidad de reestructuración frente a los cambios que se produjeron en la estructura económica del país, como así también en el campo político y en la situación social. Esos actores conflictivos fueron modificando su accionar, adaptando la lucha hacia el terreno y la modalidad más conveniente, descartando las formas que no daban resultado e incorporando nuevas formas al conflicto. El repliegue parcial de los sectores sindicales en la hegemonía del conflicto y la incorporación de sectores sociales al reclamo fueron el principal cambio de los actores conflictivos. La utilización de numerosas nuevas formas de protesta y cortes de rutas expresan la adaptabilidad de las formas de lucha, optimizando los medios de comunicación como canal de expresión de sus demandas. Por otro lado, el despliegue de la conflictividad por todo el territorio nacional resultó una suerte de descentralización de la lucha. Los cambios de las motivaciones de conflicto reflejan, por un lado, cuáles fueron los principales problemas en cada etapa, y por otro, el camino elegido por los actores sindicales para demandar soluciones a sus problemas. Frente a un inicio de la década con protestas de neto corte reivindicativo, concentradas por el sector sindical y de origen salarial, se observa el cambio de las motivaciones hacia el pedido de trabajo y en protesta contra decisiones del gobierno. Se puede decir que las motivaciones de conflicto se hicieron más ideológicas en el transcurso de la década.

La sociedad empezó a aceptar el conflicto, otorgándole un valor diferente al que entonces poseía. La influencia del conflicto en la sociedad fue tan importante que la "indiferencia" anterior se transformó en "lugar de referencia", donde la sociedad resistía los efectos negativos del plan económico, logrando que la sociedad aceptara el accionar conflictivo como parte del sistema democrático. Esa influencia se puede apreciar en la actitud del gobierno justicialista frente al conflicto al cambiar su enfoque cuando tuvo que atender dos hechos claramente diferentes: las demandas de los piqueteros y desocupados a partir de 1997 y el desgaste de su gestión al no conseguir la recuperación económica luego de la relección presidencial de 1995. El empresariado también modificó su consideración del conflicto, abriendo negociaciones o aceptando parcialmente las demandas que recibían.

Por último, la crisis de representación política ha colocado al conflicto como forma casi excluyente de canalización de demandas sociales, cumpliendo esa función social. Los problemas de la oposición política antes de la Alianza-UCR-Frepaso y ahora del Justicialismo para canalizar las demandas explican parcialmente el papel que cumple y cumplió el conflicto. La aceptación por parte de la sociedad de la influencia del conflicto lo ha llevado a ser el único canal de expresión social, dinámico y en crecimiento. Y es por esto que la permanencia e incremento de los conflictos no hace más que pedir a gritos la aparición de los canales clásicos de expresión -partidos políticos- pero, también, sugiere la necesidad de crear nuevas formas de expresión a problemas de neto corte social.

Otros temas a incluir proximamente en este informe serían:

La violencia del conflicto
Nivel y tipo de respuestas a las demandas sociales.

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