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[i]Irak: mapa de su riqueza[/i]

De hecho, durante un período indefinido de amortización de las inversiones, los PSA garantizan al inversionista extranjero un por ciento de los ingresos, cuando en realidad el tipo de concesión que más se practica entre los países productores prevé un retorno fijo, que se calcula en función del costo de producción, no del precio de venta final, durante un período bien definido. Muy a menudo la compañía nacional toma incluso el control íntegro de las operaciones y percibe todos los ingresos después del período de amortización, como sucede en Irán con numerosos yacimientos (contratos llamados «buyback»).

Cuando está en vigor un contrato PSA, la compañía extranjera sólo tiene que hacer creer que está haciendo muchas inversiones, sean estas reales o no, para así prolongar sus prerrogativas. Esto es lo que está sucediendo en Rusia, el único país en tener importantes reservas que ha firmado contratos PSA. Dichos contratos se negociaron bajo la corrupta administración de Boris Yeltsin, durante los años 1990, cosa que la actual administración de Putin deplora hoy amargamente. Esta última ha logrado, sin embargo, revocar algunos de esos contratos (como el de Shell sobre los yacimientos de Sajalin, por razones ecológicas) y limitar las inversiones extranjeras en las futuras concesiones.

Los términos de los contratos PSA previstos en Irak con las majors, en virtud del mencionado proyecto de ley, elevarán la parte correspondiente a las majors a un nivel situado entre el 60 y el 70% de los ingresos durante un período de amortización que iría hasta 40 años, y las majors se echarán en el bolsillo el 20% de las ganancias al cabo de este período. Para establecer un nivel de comparación, el contrato PSA que Sadam Husein negoció con Total en 1992 –y que no llegó a aplicarse por causa del embargo– para la explotación del yacimiento gigante de Majnun era del 40% al 10%, para un período de retorno de la inversión de 20 años, lo cual corresponde a la media de los contratos PSA.

La justificación oficial de las condiciones, anormalmente ventajosas para las majors, que estipula el proyecto de ley es la cuestión de la seguridad en Irak. Deseosas de proteger a su personal, las majors exigen sólidas garantías en cuanto al retorno de sus inversiones.
Coincidentemente, la escalada militar que ha instrumentado George W. Bush empeoró la situación de la seguridad y reforzó los argumentos que esgrimen las majors para exigir márgenes cada vez más extravagantes.

Resulta por demás interesante señalar que BearingPoint dice realizar su trabajo teniendo en cuenta el pico petrolero [13]. En efecto, para las grandes compañías petroleras, firmar ahora contratos PSA en un país como Irak constituye la garantía de poder mantener la cabeza fuera del agua después del principio del declive global, y ayuda a mantener a flote las economías nacionales de sus respectivos países. Coinciden en este punto los intereses de las compañías petroleras anglosajonas y los de los Estados miembros de la coalición.

Además, los retornos de inversiones calculados según la proporción de los ingresos provenientes del petróleo privarán a la economía iraquí de miles de millones de petrodólares a medida que vayan aumentando los precios de ese recurso, aumento que ya constituya una certeza para el futuro debido al pico de producción. Siguiendo el guión habitual, los ingresos petroleros que se queden en el país productor se dedicarán finalmente, en gran parte, al pago de los contratos, que Halliburton y compañía sobrefacturan, por la construcción de infraestructuras civiles, y al pago de las deudas.

¿Qué pasará con los miles de millones provenientes de las ganancias suplementarias provenientes del alza del precio del barril? Por supuesto, la ley iraquí sobre los hidrocarburos tiene previsto que puedan volver al extranjero, contrariamente a otras legislaciones petroleras que estipulan que sean reinvertidas en la economía nacional del país productor. El capítulo intitulado «Régimen fiscal» estipula que «las compañías extranjeras no están sometidas a ninguna restricción en cuanto a sacar las ganancias del país, y no están sometidas a ninguna tasa para ello».

Además, todo litigio entre el Estado iraquí y una compañía extranjera tendrá que someterse al arbitraje no de un tribunal iraquí sino de una corte internacional. De hecho, en caso de que el gobierno iraquí pidiera cuentas algún día por los cargamentos fantasmas que están saliendo constantemente de las terminales de Basora desde el período de embargo de la ONU, la «comunidad internacional» se reserva el derecho de desempeñar ella el papel de juez, cuando es ella misma quien se aprovecha de esos cargamentos, de no ser así ya se habría encargado de imponer un sistema de medida [14]. Finalmente, de los 80 yacimientos descubiertos en Irak, sólo 17 quedarán bajo el control mayoritario del Estado central iraquí, de ser aprobado este proyecto de ley.

Hasta el momento, diferentes tipos de obstáculos se oponen a la adopción de esa ley en la Asemblea Nacional iraquí. A la resistencia de los sindicatos, anteriormente mencionada, se unen la reticencia de la minoría kurda del norte de Irak (segunda región productora del país, después del sur, mayoritariamente chiíta) que aspira a administrar sus recursos petrolíferos en forma autónoma. En función de ello, las autoridades kurdas han otorgado ya varios contratos de repartición de la producción y han anunciado incluso la creación de su propio ministerio del Petróleo, bajo la mirada benevolente de las potencias ocupantes, que dicen, sin embargo, desear la unidad del país y que se comparta la renta petrolera. Después de haber recibido la promesa de una rápida emancipación a cambio de su colaboración con los ocupantes, los kurdos se dan cuenta –un poco tarde– de que, en vez de compartir la renta petrolera con sus compatriotas sunnitas y chiítas, van a tener que ceder buena parte de ella a las majors occidentales, perspectiva que no les hace sentirse precisamente felices.

Durante los últimos días, el almirante Fallon, y más tarde John Negroponto, segundo responsable del Departamento de Estado, han viajado a Bagdad para presionar al gobierno de Maliki con vistas a que éste acelere la adopción del proyecto de ley sobre los hidrocarburos. Y es que George W. Bush, aunque no tiene intenciones de retirar sus tropas del país, tampoco exponerlas más aún.

Simplemente desea imponer una privatización de los ingresos petroleros a un Estado iraquí en situación de debilidad y bajo la amenaza de las bayonetas, para luego ordenar a sus tropas replegarse a bases permanentes, siguiendo un «modelo coreano» frecuentemente mencionado en Washington en los últimos tiempos. Pero antes, los parlamentarios iraquíes tienen que decidir el destino de su economía nacional para los próximos 40 años. Alrededor de ellos, para ayudarlos a decidir, se mantienen 120 000 soldados estadounidenses y una cifra similar de mercenarios armados hasta los dientes, listos proclamar el cumplimiento de la segunda misión de la Coalición del Petróleo en Irak.

La primera consistía en revertir, mediante el restablecimiento del dólar como moneda utilizada en las transacciones petroleras, el movimiento que Sadam Husein y Hugo Chávez habían emprendido en el seno de la OPEP, y salvar así la economía estadounidense. La segunda consiste en garantizar, durante 40 años como mínimo y por tanto más allá del pico petrolero, el monopolio de las majors occidentales sobre el petróleo iraquí y aliviar así el desplazamiento del poder petrolero hacia los países del Medio Oriente.

[i]*Arthur Lepic. Periodista francés, miembro de la sección francesa de la Red Voltaire especializado en los problemas energéticos y militares.[/i]

Fuente: [color=336600]Red Voltaire – 23.06.2007[/color]