Blaquier está de viaje por Francia e Inglaterra presuntamente para hacerse estudios médicos a raíz de su delicada salud. Salió del país el 15 de abril. Debía declarar tres días después ante el nuevo juez federal subrogante, Fernando Poviña, que reemplazó al renunciante Carlos Olivera Pastor, un magistrado cuestionado tanto por los organismos de derechos humanos como por el fiscal general de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación a los Derechos Humanos, Jorge Auat. Desde la anulación parlamentaria de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no prosperó en Jujuy un solo juicio por delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Pero Auat fue más lejos en sus precisiones: acusó al presidente de la Cámara Federal de Salta (instancia superior de la Justicia Federal jujeña), Renato Rabbi Baldi Cabanilla, de “ser el protector de Olivera Pastor” y de “feudalizar la jurisdicción judicial para que no prosperen los juicios por delitos de lesa humanidad”.

La instancia fiscal a cargo de Auat emitió varios documentos desde 2006 en los que denuncia la situación “alarmante” de la Justicia Federal jujeña que rechazó el 88 por ciento de los llamados a declaración indagatoria solicitados por los fiscales. El último rechazo producido por Olivera Pastor fue precisamente el del octogenario Blaquier el pasado 12 de marzo. Auat sabe de qué habla cuando se refiere a la feudalización judicial. Rabbi Baldi Cabanilla desembarcó en la Cámara Federal de Salta en 2009 en reemplazo del juez Ricardo Lona, acusado de tener vinculaciones con la Masacre de Palomitas ocurrida en Salta en 1976 cuando Lona era juez de primera instancia.

En 2010 Cabanilla interfirió en los trámites de allanamiento de la vivienda del represor Alejandro Marjanov, detenido en 2010, quien según la Justicia fue coautor y autor mediato en asociación ilícita, secuestros, torturas y homicidios ocurridos en el centro clandestino La Escuelita, de Bahía Blanca, donde se desempeñó como segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181, entre 1976 y 1978. Es que Marjanov está casado con una hermana de Cabanilla, según denunció el diario Tiempo Argentino en abril pasado.

Aguilar, el defensor de Blaquier, tambien tiene una curiosa historia. Repite, a la lejanía, la pirueta del actual abogado de Ernestina Herrera de Noble, el ex juez federal, Gabriel Cavallo, que fue el primero en declarar nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2001, para ser el abogado de Clarín en la investigación sobre los hijos adoptivos de la dueña del multimedio. Pese a su juventud, Aguilar fue juez federal en Jujuy, tuvo en sus manos la causa en la que se investigan precisamente las detenciones y desapariciones en el Ingenio Ledesma y antecedió en el cargo a Olivera Pastor. Es que tras su renuncia a la magistratura le cayeron dos ofertas tentadoras. Ocuparse de la suerte judicial del titular del directorio del grupo Ledesma y obtener una asesoría de parte del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey –de quien fuera amigo adolescente– en “temas jurídicos, de administración general y derechos humanos”. Así lo señala el decreto 1261/09 del 9 de abril de 2009 y su prórroga por un año rubricada bajo el decreto 1443/10, un año después. Aguilar conoce el paño de los pasillos del poder judicial, político y económico.

Aires de justicia. El 16 de abril desde Tucuman llegó el juez federal Fernando Poviña y en poco más de un mes tomó mas medidas procesales en la causa que sus dos antecesores. “Nos parece un juez probo por la forma en que ha movido el expediente”, señala a Miradas al Sur el abogado Pablo Pelazzo querellante de los organismos de derechos humanos jujeños. “De todas maneras por las palabras de Aguilar, Blaquier piensa presentarse ante el juez cuando le dé la gana. Reclamamos dos veces la detención de Lemos y Blaquier y ya el lunes pasado solicitamos su detención internacional porque consideramos que obró de mala fe para salir del país, sin avisar al juzgado y sabiendo que iba a ser citado”, asegura Pelazzo.

El 12 de julio comenzará el primer juicio oral en Jujuy con apenas cuatro acusados: los ex militares Luciano Benjamín Menéndez, Rafael Mariano Braga, Antonio Vargas y José Bulgheroni. El testigo más importante será Hugo Condorí, único sobreviviente de la dirigencia gremial diezmada por la dictadura. La semana pasada intentaron secuestrar a uno de sus nietos que pudo zafarse de quien lo llevaba por la fuerza. “Hicimos la denuncia ante la policía, la fiscalía y el gobierno provincial y ahora tenemos custodia”, señala a Miradas al Sur.

¿Qué le imputa Condorí a la empresa Ledesma para considerar que fue cómplice de la desaparición, cárcel y asesinato de sus compañeros? “Desde la intervención del sindicato en 1975 por autorización del Ministerio de Trabajo y con la complicidad del gobernador Carlos Snopek, se produjeron hechos de represión en el ingenio en los que actuaron las policías Provincial y Federal, la Gendarmería y el Ejército, y todos utilizaron infraestructura y automóviles de la empresa para movilizarse dentro y fuera del ingenio. Todos ellos sabían”. Condorí fue detenido durante el gobierno de Isabel Perón en 1975 y permaneció preso durante la dictadura militar. “La represión llegó a Jujuy mucho antes del golpe. En 1971 ingresó al directorio de la empresa el brigadier Martínez, como era costumbre en esos años cuando se colocaba un militar en el directorio de las grandes empresas, y ya hubo acciones de inteligencia y represión sobre los obreros”, explica Condorí. Para el abogado Pelazzo la relación entre el Ingenio Ledesma y el ejército se remonta a los últimos años del siglo pasado. “Poco antes de 1890 fue el ejército el que se encargó de reclutar por la fuerza a los indígenas para trabajar como esclavos en el ingenio. Y fueron las Fuerzas Armadas las que en 1976 se encargaron de imponer por la fuerza el nuevo orden esclavo en el ingenio a instancias de la patronal encabezada por Blaquier”.

“¿Sabe qué da más bronca?”, pregunta Condorí. “Que todavía andan por ahí quienes hablan de la teoría de los dos demonios. En Jujuy nunca hubo dos demonios, ni actividad guerrillera con enfrentamientos y combates. Lo que hubo fue una defensa de parte de quienes se sintieron despojados de sus derechos. Es muy duro ver y padecer las injusticias. Y cada uno sabe cómo reacciona para defenderse con sus armas: el derecho de huelga, la protesta, una manifestación o lo que crea conveniente para hacer frente a esa serie de actos injustos que someten al pueblo.” ¿Volverá Blaquier para presenciar el comienzo del juicio en la mañana del 12 de julio?.

Miradas al Sur - 27 de mayo de 2012