El largo proceso de la organización nacional supuso encontrar una manera de resolver la cuestión del financiamiento del estado nacional. La remoción de las aduanas interiores fue una de las últimas restricciones que se levantaron para culminarlo. Las cuestiones en torno a la Aduana del Puerto se pacificaban y sus potencialidades servían a la unificación nacional. No casualmente, a la hora de definir las fuentes del financiamiento, en el art. 4 de la Constitución Nacional (CNA), el constituyente señala en primer término que los recursos provenientes del comercio exterior contribuyen al sostén del Estado Nacional. Recién en cuarto término aparecen los recursos provenientes del uso de la capacidad de imposición del Estado sobre el mercado interno. Así, dejó en manos del Tesoro de la Nación los recursos provenientes de los derechos de importación y exportación, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito […] (art. 4 CNA).

Un día después de las elecciones locales en la ciudad de Buenos Aires que le dieron el triunfo al PRO, pero también del referéndum en Grecia que rechazó la política de ajuste de la “troika” europea, el núcleo de dirigentes y referentes sectoriales kirchneristas que conforman la Convocatoria Económica y Social por la Argentina organizó una jornada de discusión, en la que disertó el economista Aldo Ferrer.

APYME participó el lunes 6 de julio en una jornada de debate de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, que tuvo como principal orador al economista Aldo Ferrer, presentado por el titular del BCRA, Alejandro Vanoli.

El Estado nacional está diseñando una amplia política de telecomunicaciones que hará eje en la provisión de conectividad a través de fibra óptica, la utilización de las frecuencias 3G para brindar servicios de telefonía celular, la bajada de contenidos para la televisión digital abierta y la gestión y puesta en órbita de satélites de comunicaciones. El denominador común para llevar adelante esta estrategia es Arsat, una compañía pública que nació en 2006 para hacerse cargo de la operación de un satélite que pertenecía a la empresa Nahuelsat, pero con el tiempo pasó a ocupar un rol central en la planificación de la política de telecomunicaciones del Estado.