El anuncio de la minera Vale de no continuar con su proyecto de explotación de potasio en Mendoza ha sido justificado desde la empresa por problemas de costos y tipo de cambio. Sin embargo, una reasignación de prioridades para compensar las pérdidas a escala global como consecuencia de la caída en la cotización del mineral de hierro parece haber sido la motivación de mayor peso para abandonar el emprendimiento. Hasta aquí, podría pensarse que se trata de un clásico cálculo costo-beneficio por parte del inversor, con criterios de racionalidad económica que, como los de cualquier privado, miden muy poco el impacto social de sus decisiones, pese a que la empresa se comprometa a pagar las indemnizaciones correspondientes y a cancelar las deudas con proveedores. Allí es donde concurre el Estado, en este caso el provincial, para resguardar los puestos de trabajo y asegurar la plena vigencia del proyecto.