Cuando el primer ministro francés Édouard Philippe apareció el pasado domingo 18 de noviembre en las pantallas de France 2 para tratar de calmar la ira de los llamados « chalecos amarillos » [por la prenda fluorescente que visten para manifestarse], intentó demostrar hasta qué punto el Gobierno está enteramente de acuerdo con las demandas de los organizadores de las protestas. Cierto es que « asume » el alza de los impuestos que gravan a los carburantes, pero, como ellos, dice estar irritado por el nivel impositivo general en Francia. Por lo tanto, se esforzó en demostrar que quería reducir la presión impositiva. En resumen, también él, como los « chalecos amarillos », mostró su « hastío » fiscal y su intención de actuar contra los impuestos.

Esta defensa dice mucho de la trampa en la que el Ejecutivo ha caído. Porque los que visten los chalecos de seguridad en el marco de esta movilización pagaron al Gobierno con su misma moneda: la demagogia fiscal que el propio Ejecutivo viene alimentado con primor desde mayo de 2017.

Por supuesto, el movimiento de protesta es complejo, pero no se puede negar que esta revuelta nace del rechazo a un impuesto que ha mutado en rechazo general a los impuestos.

Sin embargo, ese rechazo fiscal forma parta de la doxa de las élites administrativas y políticas desde hace mucho tiempo. Ya estaba presente en el programa del candidato Sarkozy. La llamada Comisión Attali para la « liberación del crecimiento », promovida por el propio Nicolas Sarkozy, quien se habría de convertir en presidente de la República y en la que participó el joven Emmanuel Macron, no dijo otra cosa: « Dado el ya elevado nivel impositivo obligatorio, cualquier aumento adicional para financiar esta deuda correrá el riesgo de tener un efecto depresivo sobre la actividad y reducir la competitividad de los actores económicos a la vista de los tipos aplicados por nuestros vecinos ».

En resumen, los impuestos se percibían como una pesada carga difícil de soportar para Francia. El discurso catastrofista de los altos cargos reposaba sobre el peso de la fiscalidad.

Emmanuel Macron no ha tardado en unirse a este principio, que se ha ido imponiendo gradualmente en toda la sociedad. Nunca ha dejado de decir, por ejemplo, que cuando era vicesecretario del Elíseo, rechazó el efímero « impuesto del 75% » (que era sólo del 50%) a las rentas altas. Una manera de solidarizarse con el « hastío fiscal » de los primeros años del quinquenio de Hollande, encarnado por el exministro Pierre Moscovici, ahora comisario europeo.

De hecho, ¿cuál fue la promesa de campaña del candidato Macron? Rebajar los impuestos y, a diferencia de su predecesor Nicolas Sarkozy, mantener dicho compromiso.

Este recorte impositivo afectó significativamente a las cotizaciones salariales. Poco importaba que dichas cotizaciones no sean impuestos, sino un « salario socializado »; todo se englobó dentro del concepto « retenciones obligatorias », pese a que aglutina varios conceptos. Pero dicha aglutinación se reduce a una sola idea: lo que afecta al bolsillo de los franceses es en sí mismo malo y debe ser rebajado.

Emmanuel Macron y, después de él, Édouard Philippe, se han comprometido a reducir la fiscalidad obligatoria en un punto antes del fin del quinquenio. Todo ello reduciendo también el déficit público.

Esta postura ha tenido varias consecuencias. La primera, dar el visto bueno al « hastío fiscal » insistiendo en la « pérdida de poder adquisitivo » relacionada con los impuestos. De esta pérdida se excluyeron entonces las cuestiones salariales, la precariedad y las condiciones laborales. Sólo las « retenciones obligatorias » gravaban los ingresos. Para mejorar la situación de la población, era necesario, por tanto, dar prioridad a esta reducción y el gobierno no dudó en abordar la disminución de las cotizaciones salariales, destinadas a aumentar el poder adquisitivo de los hogares.

La segunda consecuencia de este discurso estaba destinada a dar por buena otra idea: los impuestos, en Francia, irían destinados a alimentar el enorme « agujero negro » que supone el gasto público. Si se puede reducir el déficit y bajar los impuestos al mismo tiempo, eso sólo pasa por una reducción de los gastos innecesarios. Y aquí es donde nos encontramos con el famoso « dinero de locos » dedicado al gasto social que criticaba Emmanuel Macron.

Frente al peso de los gravámenes obligatorios, se ha hecho todo lo posible por olvidar las « contrapartidas ». Se ha hecho creer que los impuestos son, en gran medida, innecesarios y se les ha ido deslegitimando gradualmente para reducirlos. Pero, de momento, lo que se ha conseguido es reducir la tolerancia a los « gravámenes obligatorios ».

Estas dos consecuencias han sido intencionadas y buscadas por el Gobierno para revalidar su política. Para Emmanuel Macron y Édouard Philippe, la bajada impositiva debería impulsar la economía, promover el consumo, la inversión y el empleo. Este proyecto ha encajado a la perfección con una gran parte de la población, que ha asumido la idea de la « carga fiscal » y, por tanto, de una visión « individualista » de la fiscalidad. Todo este electorado no votó a Emmanuel Macron, pero apoyaban el proyecto antifiscal.

El gobierno tampoco ha escatimado en demagogia fiscal en los primeros años de legislatura, como no escatimó en el reverso de esta demagogia fiscal, que es la ilegitimidad de la transferencia social. Durante la presentación de los dos proyectos de ley de finanzas ejecutivas, Gérald Darmanin, ministro de Acción y Cuentas Públicas, insistió en la « mejora del poder adquisitivo », vinculada con la bajada de impuestos y contribuciones. Y, al mismo tiempo, se castigaba a los beneficiarios del gasto público, se reducían las ayudas personalizadas a la vivienda, se atestaba un golpe a los pensionistas « privilegiados », se denunciaba la partida « de locos » destinada a gasto social...

En resumen, se dijo que todo iría mejor con menos y que todo costaría menos. Tal vez Emmanuel Macron tenía razón al decir que a los « chalecos amarillos » se les estaba « mintiendo » cuando se les dijo que no era posible bajar los impuestos y aumentar el número de funcionarios públicos. Pero olvidó decir que también se les estaba mintiendo haciéndoles creer en una bajada impositiva y en la mejora de los servicios públicos, como se sigue afirmando tanto en la Comisión Attali como en el Comité « CAP 2022 ».

El Ejecutivo ha preparado su ruina

Al agasajar este rechazo impositivo, el Gobierno ha preparado claramente su ruina. Porque su visión era demasiado simplista e incoherente desde el punto de vista de la sociedad. Los impuestos no lo hacen todo y tienen una contrapartida. El poder adquisitivo no son sólo los impuestos, sino también los salarios reales. La competitividad no es sólo el coste de la mano de obra, sino también la innovación y el nivel de oferta. Además, aplicar rebajas fiscales cuando todos los demás lo hacen es absurdo e inútil. Finalmente, en el capitalismo financiero, embarcarse en la rebaja fiscal es una trampa en la que el Gobierno cayó con entusiasmo, confiado en que se trataba de su propia ideología.

El Ejecutivo ignoró todo esto. Quiso bajar los impuestos al capital como prioridad para fomentar la inversión y, por lo tanto, el empleo. Claro que la liberación de recursos para poseedores de capital contribuye más a alimentar la esfera financiera que la inversión productiva. Y los puestos de trabajo creados fueron insuficientes y decepcionantes, mientras que, para financiar esta exención fiscal del capital, se redujeron las rebajas fiscales a los hogares y se incrementaron los impuestos indirectos y las retenciones a la seguridad social.

Al mismo tiempo, los salarios reales bajaban como resultado de las reformas del mercado laboral, que redujeron el poder de negociación de los trabajadores y debido a las presiones inflacionistas relacionadas con los precios de la energía. El efecto engañoso ha sido proporcional a las repetidas promesas del Gobierno. Y ha cristalizado en torno a los impuestos a los combustibles, que se perciben como injustos y punitivos.

Los « chalecos amarillos » se han tomado en serio a este Gobierno en su demagogia antifiscal y ahora perciben la contrapartida: la prioridad dada al impuesto de sociedades y a los impuestos a las grandes fortunas; el crecimiento, que se está ralentizando en lugar de reactivarse; un poder adquisitivo que no sólo depende de los impuestos, sino también de los salarios y de las condiciones de trabajo, que han empeorado por las reformas del mercado laboral. Esta decepción es la que ahora recibe nuevamente el primer ministro, como un bumerán.

Este movimiento de protesta es fruto de una decepción que se mide no por las cifras, sino por la diferencia entre las promesas y acciones del Gobierno, entre su demagogia fiscal y la realidad socioeconómica de nuestro país. Sin embargo, las declaraciones de Édouard Philippe muestran un acuerdo de principio con los manifestantes sobre el rechazo del impuesto. Sin embargo, el Ejecutivo está jugando con fuego.

Porque al alimentar la demagogia fiscal, ha alimentado un egoísmo económico que es el fermento principal de la derecha radical. Desde Donald Trump hasta Jair Bolsonaro y Matteo Salvini; todos ellos han utilizado la demagogia fiscal para acentuar las divisiones en la sociedad. Y no es casualidad que algunos de los « chalecos amarillos » no reclamen la reducción de la evasión fiscal, la mejora de los servicios públicos o alternativas al uso del automóvil, sino el control de las personas « improductivas », a menudo identificadas con los inmigrantes, para reducir « sus » impuestos.

El problema es que el Ejecutivo, que está radicalmente apegado a esta visión smithiana de bazar en el que el egoísmo particular da la felicidad a la sociedad, es incapaz de hacer Justicia a este egoísmo fiscal. Édouard Philippe, por lo tanto, se mostraba de acuerdo con él y reafirmaba su acuerdo con los manifestantes en lo relativo al principio de la necesidad de rechazar los impuestos. Pero al volver a poner en marcha la demagogia fiscal, no va a apaciguar nada y sólo puede alimentar la demanda de bajadas impositivas. Por lo tanto, existe el gran riesgo de que la situación termine por convertirse en un cara a cara entre dos demagogias fiscales, olvidando los riesgos vinculados. Más que nunca, parece evidente la responsabilidad del Gobierno en esta degradación del debate público.

Versión española : Mariola Moreno, infoLibre, socio editorial de Mediapart. Edición Irene Casado Sánchez.

- Romaric Godin, es un periodista económico que trabaja para el medio francés Mediapart.

Sinpermiso - 2 de diciembre de 2018