La historia económica del último siglo nos muestra que los flujos internacionales de capitales han tenido un protagonismo fundamental para la economía global. No sólo han servido como fuente de financiamiento para las economías en desarrollo, sino que también han servido a balancear desequilibrios externos considerables. Sin embargo, fueron protagonistas indiscutidos en buena parte de las crisis que se produjeron, y muchas veces la seducción que producen sus supuestas bendiciones no dejan entrever sus peligros.

Desde la crisis del 30 hasta la actual iniciada en 2008, pasando por crisis más pequeñas como la asiática o la del tequila durante los 90, los mercados financieros han mostrado cómo su inestabilidad se puede propagar internacionalmente, siendo un elemento desestabilizador para la economía global.

La “calle”, como espacio de expresión de las luchas sociales, puede ser también una radiografía de cada época. “En los ’70 peléabamos contra la explotación patronal, hoy peleamos por ser explotados, por la inclusión”, refería un dirigente piquetero de fines de los ’90 e inicios del 2000, con ironía pero con verdad. Ayer la pelea fue por la incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre salarios de 20 o 30 mil pesos. Es una etapa diferente, que también requiere la adaptación de los instrumentos de política.

El Impuesto a las Ganancias “de la cuarta categoría” es uno de esos instrumentos que quedaron desencuadrados, fuera de época y, a veces, con resultados perversos en su aplicación. Emparchado varias veces durante los ’90 con fines recaudatorios (la tablita de Machinea es sólo un ejemplo, Cavallo las hizo peores), los retoques con fines más loables de épocas recientes terminaron por deformarlo más, hasta hacerlo incomprensible. El desconocimiento sobre cómo opera no es un problema menor para la búsqueda de un encuentro entre quienes lo critican y los otros que defienden su “carácter progresivo”.

–¿Dónde debería estar el foco en la discusión de una potencial reforma tributaria?

–Desde cualquier punto de vista, debería ser una reforma estructural que apunte a un sistema con estabilidad en el tiempo, algo pendiente en todo el período democrático.