Una parte de las pruebas que activaron la adormecida investigación sobre la desaparición de Luis Arédez, ex dirigentes sindicales, obreros y estudiantes jujeños estaban intactas, guardadas en cajas que aparecieron cuando la Justicia decidió, luego de décadas de mirar hacia otro lado, allanar las propiedades de Ledesma. Incluso algunos papeles habrían estado enterrados en el predio del ingenio. No es la primera vez que aparecen documentos que acreditan las prácticas del terrorismo de Estado, pero la constante de los represores fue la destrucción de todo indicio. La dictadura incluso estableció por decreto la garantía de su propia protección. Sin embargo, los dueños de la tierra, de la vida y de la muerte en Libertador General San Martín confiaron en que nadie jamás los tocaría, y no los incineraron. Es la esencia de la impunidad con la que dominan intocables en ese pueblo, que hasta pierde su nombre cuando lo llaman Ledesma. ¿Cómo se explica si no que ni Olga Márquez de Arédez ni los demás pobladores que se enferman de dolencias respiratorias causadas por el bagazo (desecho de la caña de azúcar) nunca hayan podido obtener en el hospital local un diagnóstico que diga “bagazosis”? Libertador-Ledesma es la localidad de América con el promedio de vida más bajo: 43 años. Durante décadas, los Blaquier cosecharon denuncias –que tampoco prosperaron– de miles de empleados enfermos por trabajo insalubre que fueron despedidos. La mayoría no completaban los 30 años de aportes para obtener la jubilación, y tampoco podían acceder a ella por no tener 65 años de edad. Los Arédez no fueron los únicos pero sí de los primeros y más visibles que resistieron a los Blaquier. Eran las ovejas negras en medio del miedo y el silencio, junto a dirigentes como Jorge Weisz, Carlos Patrignani y Hugo Condorí. A fines de los años ’50, el médico pediatra Luis Arédez era “un mediquito zurdo” que tenía el “gesto demagógico” de recetar remedios caros para los obreros del ingenio, según lo definió el capataz Mario Paz en la película Sol de Noche, de Eduardo Aliverti. “Nosotros coimeamos a todos pero no dejamos las impresiones digitales”, fue la confesión que se le escapó a Paz ante cámara. “Mi marido sacó la estadística de que entre agosto y octubre morían de diez a quince chicos de los trabajadores del ingenio por día, llevaba las denuncias a los ministerios y todas las cajoneaban”, contaba la esposa de Arédez, que era odontóloga.