El tiempo en estas causas es clave: la avanzada edad de víctimas, familiares, testigos y también de los imputados hace urgente un paso más veloz de la Justicia. Llonto lo conoce bien a ese paso lento: todavía tiene pendiente en la Corte la primera causa que tuvo como abogado. “El primer caso que tomo es el de Ricardo Cittadini, en 1984. Fue secuestrado en Barracas y llevado a la Comisaría 28 de la Policía Federal. Allí fue visto y luego se pierde su rastro, está desaparecido. Ese caso tuvo juicio oral hace 5 años y todavía no tiene confirmación por la Corte”, recuerda.

La sentencia ocurrió en 2016. Fueron condenados los expolicías Miguel Alcides Viollaz y Nicomedes Mercado, quienes ya estaban identificados desde 1984, pero la causa había quedado frenada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “La mamá de Ricardo, que tiene 93 años, se presentó en la Corte con un escrito para pedir por favor que lo resuelvan, pero la Corte jamás lo resolvió y sigue en estudio”, aclara.

En total, Llonto representa a 360 sobrevivientes o familiares de desaparecidos o asesinados. Todos los casos continúan, ninguno terminó porque siguen las investigaciones.
 

–¿Cómo ve todo este proceso si mira para atrás en estos 37 años?

–Hay una sensación muy rara. Miro para atrás, veo tantos años y a veces me siento como en el año 83, 84, con casos tomados en esa época que no han tenido juicio oral, casos en los que no se ha podido averiguar a qué centro clandestino fue llevado, otros donde se sabe el centro clandestino pero todavía no tuvo juicio. Es una sensación tan fuerte de la ineficacia de la Justicia con su lentitud. Hace 37 años, pensaba que la justicia era lenta pero imaginaba que el futuro, con las computadoras, iba a ser ultra rápido, pero ahora todo es peor: los juicios duran cada vez más y es una sensación de estar mirando el infinito y de no poder dar respuesta a muchas familias. Pero también están las sensaciones buenas, de haber logrado respuestas para muchas familias, poder meter presos a genocidas parecía que no se iba a lograr, como el caso de (Luis Abelardo) Patti. Es un balance con aspectos positivos. Deberíamos estar diciendo que quedan pocos juicios, que queda poco por resolver, pero es pasmosa, preocupante, demasiado inquietante la lentitud de la Justicia. La Corte es el primer lugar que pone obstáculos para que estos juicios avancen.

–Acabás de terminar el alegato en Contraofensiva de Montoneros, un juicio histórico que logró poner el foco en el rol de la Inteligencia del Ejército. ¿Por qué se ve tan claro en esta causa?

–Era una de las mayores deudas de la Justicia: poder llevar a proceso y juicio oral a toda la estructura de Inteligencia, centralmente del Ejército, que fue el nervio central de la represión. Lo que tiene el juicio de la Contraofensiva es que toca las cuatro unidades de Inteligencia del Ejército que tuvieron participación en todos los secuestros del país: la jefatura de Inteligencia del Estado Mayor, arriba de todo, donde iba a parar toda la información, en el séptimo piso del Edificio Libertador. Más abajo estaba el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, un órgano muy ejecutivo y operativo y el dueño del gran archivo de la represión, escondido o destruido. Después seguían los Destacamentos de Inteligencia que tenía el Ejército en cada jurisdicción y las estructuras de Inteligencia de cada unidad militar. Esas cuatro unidades están ligadas por el aporte que hicieron para cada uno de los secuestros que hubo. Cada vez que secuestraban a alguien en una calle perdida en San Juan, en Mendoza, en Capital, contaban con el aporte de Inteligencia de cada una de esas estructuras. Esa es la importancia que tiene este juicio, que por primera vez llegan las cuatro estructuras de Inteligencia juntas. Llevó tiempo entenderlo y convencer a los juzgados de instrucción de que esto funcionaba así. El primer juzgado que lo ve es el de San Martín. Se agarró a gran parte de la estructura, pasó que al juicio oral llegaron seis vivos nada más. Teníamos 16 acusados en el 2013 y llegamos con seis al juicio oral.

–¿Qué impacto puede generar esto en el resto de los juicios?

–Si este juicio da el resultado que pedimos o pensamos, esta sentencia abre camino a que en todos los casos del país en los que un desaparecido o desaparecida no se sepa a qué centro clandestino fue llevado, se pueda juzgar a los responsables de Inteligencia, señalando lo que hemos probado: que toda la información pasaba por esa vía. Cuando la policía secuestraba, tenía que informar a Inteligencia del Ejército, cuando secuestraba cualquier otra fuerza, la información la tenía el ejército y luego la distribuía.

–En el juicio de los Vuelos de Campo de Mayo, todas las semanas se escuchan declaraciones impactantes de los colimbas y las cosas que vieron. ¿Cuál es la importancia de estos testimonios para probar los vuelos?

–Los colimbas fueron los ojos y oídos del pueblo en las entrañas de la represión. Fueron miles y miles de adolescentes, todos hombres. El ‘76 fue el último año que el servicio militar obligatorio se hizo a los 21 años, después entraron los de 18 años, todos pibes que recién salían del secundario. No estuvieron diariamente en una sala de tortura sino en los alrededores. En el juicio de Vuelos tenemos 80 de una sola unidad, de un batallón del Ejército en un determinado período de tiempo y la inmensa mayoría escuchó o vio algo terrible para ellos. Era un tema que estaba súper difícil, donde no se encontraba nada, el único que había dicho algo de los vuelos era Scilingo en la Armada, pero del Ejército nada. La cantidad de conscriptos que vieron cosas va a probar los vuelos de la muerte. Se pudo probar de manera muy clara el mecanismo. Lo que hizo el juzgado de (Alicia) Vence de San Martín fue agarrar los listados y empezar a llamar alfabéticamente y de esa búsqueda miren lo que salió. Por eso es importante hacer una campaña para que se presenten los que tienen datos, de la manera que sea. Creo que no hay soldado en la Argentina que no sepa -por sus propios sentidos o porque lo escuchó- algo de la represión, sobre todo entre el '76, '77, '78. La Secretaría de DD HH podría abrir una dependencia que se dedicara solo a eso y todos los conscriptos que voluntariamente quisieran contar las cosas podrían tomar testimonio por Zoom desde cualquier rincón del mundo.  «
 

El derecho a resistir

El juicio por la Contraofensiva de Montoneros puso el eje en las vidas de las decenas de militantes que retornaron a la Argentinadesde su exilio para realizar, sobre todo, acciones políticas, sindicales y de agitación contra la dictadura.

“Para los hechos armados tuvimos una posición: la comprensión de lo que estaba pasando. Dijimos lo mismo que muchos familiares: si mi papa, si mi mamá hizo algo, se los tendría que haber juzgado. Ahora, la inmensa mayoría de las víctimas regresó al país a hacer acciones políticas y de resistencia. ¿Qué les podés criticar desde el punto de vista histórico y jurídico a quienes venían a pasar cintas grabadas para interferir los canales y denunciar que la dictadura tenía Centros de Detención y tortura y hambreaba al pueblo? Si eso es lo mismo que hacían miles de militantes de otras corrientes políticas por ahí de otra manera, llevando un volante, un periódico”, analiza Llonto.

El abogado agrega que “por eso se puso el esfuerzo en dar también las pautas jurídicas para que el tribunal las analice, desde señalar que el derecho a la resistencia está marcado desde la propia Declaración Universal de los DD HH y también en lo constitucional, donde está el derecho de todo ciudadano y ciudadana argentina a armarse en defensa de la Constitución. Los sectores reaccionarios y cobardes de la abogacía interpretan ese artículo como que se refiere al Servicio Militar Obligatorio. Ahora tenemos una pelea jurídica para decir que lo que quiere decir es que, si había un golpe de Estado, el pueblo tenía derecho a defender su Constitución y pedir que se termine una dictadura. Dimos ejemplos: la Argentina tuvo una resistencia tal que la dictadura duró 7 años y unos meses cuando el promedio en la región fue de 14 años de dictaduras en cada país. ¿Qué había que hacer, cruzarse de brazos, esperar que pasara, más muertos, más desaparecidos, más hambre, más derechos extinguidos?”.
 

Lentitud y urgencia

“Nunca se había dado que en esta zona hubiese tantos juicios”, dice Llonto, querellante en siete de ellos. Hay otros tres en el Área Metropolitana (ESMA delitos sexuales, ABO V y Chavanne), por lo que suman diez en total. “Eso no quiere decir que vayan rápido, porque cada uno hace una audiencia por semana, pero en juicios distintos. Antes teníamos juicios con dos e incluso tres veces por semana. Eso iba más rápido. Ahora vamos más lento. A mayor necesidad van más lento”, se lamenta.

Ante este escenario, los abogados en los delitos de lesa humanidad impulsaron el año pasado y lograron incluir en la reforma judicial, que tiene media sanción en el Senado, el artículo 72 inciso j, que obliga a los tribunales orales federales a darle prioridad a estos juicios y deben fijar al menos 3 días de audiencia por semana.

^{Tiempo Argentino - 21 de marzo de 2021}