El Ministro de Economía del primer gobierno democrático Bernardo Grinspun sostuvo que había que investigar cómo se había generado la deuda y no pagar las obligaciones ilegítimas (que era la gran mayoría generada por la dictadura militar), e incluso trató de armar un frente de deudores de América latina, que se convocaron primero en la Ciudad de Cartagena de Indias y luego en la de Mar del Plata, pero los gobiernos de ese entonces de Brasil y de México boicotearon el objetivo de crear un Club de Deudores de defensa común.

Grinspun renunció a su cargo el 19 de febrero de 1985, sabiendo su y nuestro destino; el día anterior se dio el gusto de echar de su oficina y a los gritos al representante del FMI en la Argentina, el catalán Joaquín Ferrán. Su reemplazo por Juan Vital Sourrouille y su equipo significó acordar un plan de ajuste con el Banco Mundial, el FMI y el gobierno de los EE.UU., con la presencia misma de Paul Volcker, por ese entonces presidente de la Reserva Federal de los EE.UU., quien antes había venido al país solamente a pescar truchas en los lagos del Sur; bien, ante su presencia se firmó el Plan Austral que dispuso mediante los Comunicados A-695, A-696 y A-697 del BCRA del 1 de julio de 1985, el reemplazo de los títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar por Obligaciones de Banco Central de la República Argentina, legitimando la deuda.

La deuda legitimada por los gobiernos democráticamente elegidos de Alfonsín y de Menem, incluso se empleó para comprar a precio vil activos que habían costado años a generaciones de argentinos en las privatizaciones.

El fin del gobierno de De la Rúa y la crisis del 2001 significó el fin del proceso de endeudamiento y valorización financiera del capital con el reconocimiento y declaración del default el último día de diciembre de ese año.

El país salió por sus propios medios (sin necesidad de buscar capitales ni deudas de ningún lado) y se puso de pie, comenzó a producir y a generar puestos de trabajo, mientras paralelamente, en los años 2005 y 2010, planteó el canje de los títulos de deuda derrapados por otros nuevos con una fuerte quita y con la extensión de los plazos.

El crecimiento del Producto Bruto Interno y la disminución de la deuda por la quita implicó que según los datos oficiales al 30/06/2014, el total de compromisos externos era sólo del 42,8% del PIB (siendo deuda intrasector público 24,7% del PIB y con el sector privado, el 18,1% del PIB).

Los bonistas. La admisión de los bonistas de entrar en los dos canjes fue del 92,8% de los empréstitos, los Hold out (los que no entraron al canje y se quedaron con bonos en cesación de pagos), al no existir una ley de quiebra internacional ni ninguna cláusula que se le asemeje (son títulos de deuda de los ’80 y los ’90), no tuvieron obligación de aceptar lo que consintió la mayoría.

En octubre de 2010, una parte de los bonistas que no entró en los canjes, encabezados por el NM Elliot de Paul Singer y el fondo Aurelius, presentan una demanda en el Juzgado de Nueva York del Juez Thomas Griesa, para que le ordene a la Argentina que no los discrimine y que cuando le pague a los que entraron al canje de la deuda, aun perdiendo parte del capital original, les pague a ellos sus títulos por 1.330 millones de dólares.

El Juez Griesa resolvió que el pago no debía ser proporcional, sino que debía pagárseles a los buitres el 100% de la demanda, sin quita alguna y al contado. Así, el 92,8% de los acreedores cobra con quitas y con bonos que vencen hasta el 2038, mientras que los buitres, según la sentencia, deben cobrar el 100% y al contado. Ese particular e interesado fallo es confirmado por la Cámara de apelaciones de Nueva York, cuya apelación ante la Corte Suprema americana no fue concedida hace un año atrás (14 de junio de 2014). Al quedar firme el fallo, el Juez le ordena al Banco of Nueva York Mellon (BONY) no transferir los fondos a las cajas de valores y de esa manera no se le pudo pagar a los bonistas de esa plaza.

La lectura lineal era que se le prohibía a los bancos y cajas de valores de todo el mundo que procesen pagos de Argentina a sus acreedores legítimos.

Los buitres. Los buitres que tienen una sentencia a favor son menos del 1% de la deuda no canjeada, el total es el 7,2%. Si extrapolamos la misma, la deuda potencial en default, que no ingresó a ninguno de los canjes, sería de 12.160 millones de dólares. Como los mismos buitres tienen más bonos en cesación de pagos y hay otros en las mismas condiciones, denominados “me too”, es decir, yo también quiero cobrar, implica que pagarles a los buitres la sentencia es tener que pagar 12.160 millones de dólares de capital, más intereses, costas y gastos que rondarían los 20.000 millones de dólares que dice la presidenta de la Nación.

La estrategia del Gobierno fue acertada; por la ley de Pago Soberano de noviembre 2014, primero se reemplazó al BONY (instrumento de cancelación de los bonos sujetos a la legislación de Nueva York) por el Banco de la Nación. Segundo, los bonos sujetos a legislación argentina cuyo agente pagador era el Citi Bank, cuando el juez Griesa lo había autorizado a pagar lo hizo, pero en marzo de este año 2015 decidió no continuar con las erogaciones por lo que la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió sus operaciones en forma preventiva en el mercado de capitales de Argentina; en su reemplazo, el pago es efectivizado por la Caja de Valores. A su vez, el juez Griesa le permitió al Citi abonar los intereses correspondientes a los bonos que Argentina entregó a Repsol por expropiación de YPF. Como en esta autorización “las partes deberán distinguir” entre los bonos de pago a Repsol y los del canje, continúa pagando los títulos de indemnización de Repsol. Tercero, Clearstream y Euroclear (agencias de custodia de pagos de la deuda externa que tiene contratada la Argentina) decidieron con fecha 2 de junio de 2015 que sus clientes pueden abrir “una cuenta en la Comisión Nacional de Valores” y les garantiza el cobro de la deuda sin mayores dificultades. Con esto, el Gobierno se asegura el apoyo del 100% de las compañías de custodia de pago de los próximos vencimientos de deuda, que en su totalidad serán pagados en la Argentina; los que ahora, con las garantías cruzadas de Euroclear y Clearstream, se podrán ejecutar eludiendo eventuales sanciones del inefable juez Thomas Griesa y la Justicia de ese país.

Finalmente, el 21 de abril de 2015 y en ese solo día, la Argentina logró colocar títulos de deuda por casi 3.000 millones de dólares. Por un lado fueron 1.415 millones de dólares en Bonar 24 (vencimiento 07/05/2014) y, por otra parte, obligaciones de deuda de YPF SA, con lo que se demuestra palpablemente la posibilidad fáctica de financiamiento.

Fue ingenuo el proceder de la conducción económica de no sopesar la existencia de un seguro ante el default, que fue lo que provocó el rechazo de tomar el caso por la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU., pero también es cierto que esa justicia no tiene ni remotamente el poder que supo tener hace un tiempo no muy lejano, como fue el de la dictadura militar. El problema que se plantea es que después del 10 de diciembre asume otra administración, y allí van a jugar nuevamente los intereses concretos y venales de los fondos buitre y, como decía Don Arturo Jaureche: “Si es malo el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”, debemos ver bien a quién se elige para presidir la Nación, para saber si el camino elegido dio resultados o sólo fue una rémora para que otra vez nuestro país entre en el circuito vicioso y perverso del endeudamiento eterno, y como Prometeo, atados a una roca (la deuda) y condenados a que los buitres devoren nuestro hígado por los siglos de los siglos.

Miradas al Sur - 14 de junio de 2015