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Las Américas viven un tiempo en el que se han acelerado exponencialmente tendencias divergentes y regresivas, observadas a lo largo de muchos años. Esta aceleración reconoce como causa principal hoy día el accionar del gobierno de los Estados Unidos, liderado por Donald Trump; pero sus antecedentes son lejanos, se remontan a la presidencia de Ronald Reagan[i].

Las intervenciones de Estados Unidos en la región americana vienen de larga data, incluyendo operaciones desestabilizadoras, bloqueos e incluso acciones militares abiertas. Hoy día esto se replica, en forma potenciada. Asistimos azorados a una creciente belicosidad desde del gobierno de la potencia dominante sobre las sociedades de toda América, incluyendo ahora a la estadounidense. A este efecto, este gobierno alega amenazas a su seguridad, corporizadas en la presencia de China en el continente, en la inmigración ilegal y en el narcotráfico.

Este escenario es falso; pero ha sido la base para reflotar la Doctrina Monroe (actualizada por la Enmienda Roosevelt de 1904), que atribuye a Estados Unidos la potestad de subordinar a las Américas a sus requerimientos de seguridad, tal como indica el reciente documento gubernamental sobre políticas de seguridad nacional[ii]. Esta facultad de intervención sin legitimación internacional, asumida por Estados Unidos, se ha concretado: la presencia de una imponente flota naval en el Mar Caribe; el indiscutiblemente ilegal hundimiento de embarcaciones y su tripulación, siendo que no representan una amenaza bélica; la amenaza de invasión a Venezuela; la imposición de aranceles al comercio exterior, al margen de cualquier regla establecida en ámbitos multilaterales. A esto se agrega el accionar brutal de la autoridad migratoria (ICE), dentro del territorio estadounidense.

Decimos que este escenario es falso, y lo fundamentamos brevemente a continuación.

La presencia de China en las Américas comprende solo el plano de lo económico-comercial y de la investigación científica; la actividad china en lo militar se limita al eventual suministro de armas y pertrechos. Esto contrasta por cierto con las 80 instalaciones de uso militar de algún tipo que posee Estados Unidos en América Latina[iii]. Sencillamente, no hay amenaza militar alguna hacia Estados Unidos desde el resto del continente americano. Cualquier afirmación en contrario falta a la verdad. Todos los hechos de naturaleza militar o terrorista que han involucrado a los Estados Unidos se vinculan a otras regiones del mundo.

La inmigración ilegal hacia Estados Unidos ha sido equiparada lisa y llanamente a la delincuencia, pese a que claramente la inmensa mayoría de los migrantes de esa condición ejercen actividades lícitas, constituyendo incluso un aporte significativo para diversos sectores productivos. La visible brutalidad con que se trata a los migrantes ilegales escapa a los más elementales cánones de los derechos humanos, y nunca puede ser justificable.

En cuanto al narcotráfico, sostener que esta actividad comporta un ataque a la sociedad estadounidense es una afirmación que no resiste un análisis racional, y tampoco el contraste con los hechos. La adicción a las drogas es ante todo un problema de salud pública, y como tal debe ser tratado. Pero este argumento muestra además una hipocresía suprema: el gobierno no promueve la reducción del consumo de drogas de la población estadounidense, con el mismo nivel de agresividad e impacto mediático con que se señala al narcotráfico. Es de destacar además que buena parte del lavado de dinero de este origen se realiza a través del sistema financiero estadounidense. Y de hecho, el presidente de EEUU ha indultado a un ex presidente de Honduras, condenado por la justicia estadounidense a 45 años de prisión, precisamente por narcotráfico. 

La falsedad de los argumentos no ha impedido llevar adelante un intervencionismo activo por parte del gobierno estadounidense, con el propósito de lograr resultados electorales que favorezcan a los partidos políticos afines, en otros países americanos. El propio Secretario del Tesoro ha celebrado públicamente que mediante instrumentos de financiamiento se logra alinear a varios gobiernos de América Latina, sin necesidad de recurrir a “las balas”[iv]. Lo ocurrido en las recientes campañas electorales de Argentina y Honduras, donde el apoyo financiero al país fue condicionado al resultado de las elecciones, es ejemplificativo.

Destacamos por otro lado que la argumentación del gobierno estadounidense, cuando se refiere a sus políticas en la región, tiene a la defensa y la seguridad como ejes preponderantes. No hay mención, ni mucho menos promesas, de alianzas en lo productivo que permitirían elevar el bienestar y corregir las fortísimas disparidades que hoy día laceran a buena parte de América Latina, pese a que ello incluso colaboraría para detener los flujos migratorios ilegales. El énfasis es en cambio puesto en las actividades que resulten complementarias con la economía estadounidense. La seguridad y la economía se tornan así dos caras de una misma moneda, y subordinan el derecho de los pueblos de las Américas a lograr una senda de desarrollo con equidad; la época en que vivimos permite prescindir de promesas.

El futuro de nuestros pueblos es sombrío, incluyendo también al pueblo de los Estados Unidos. De confirmarse estas tendencias, podrá surgir una federación de gobiernos con claras propensiones autoritarias, basados en un discurso de odio que se contrapone a las más básicas normas de la convivencia democrática. Esto podrá ocurrir especialmente si Estados Unidos cristaliza la orientación en esa dirección que estamos viendo en estos días. Las redadas indiscriminadas de migrantes y la censura de libros de las bibliotecas de los establecimientos escolares son eventos que podrían replicarse en escala ampliada, y a la vez extenderse al conjunto de la sociedad estadounidense. Así lo sugiere además la reiterada federalización de fuerzas estaduales una vez más con el argumento de la seguridad, argumento que desafía cualquier constatación de hecho. Derechos civiles básicos propios de cualquier sociedad civilizada podrán verse conculcados

Dado el innato seguidismo de los sectores conservadores de las sociedades latinoamericanas, no podemos sino esperar una réplica en todos los países de las Américas de estas inclinaciones reaccionarias y autoritarias, de llegar éstos al poder político. Hay incluso en los programas de gobierno una complementariedad en lo económico: mientras Estados Unidos adopta una política abiertamente proteccionista, con el explícito propósito de incentivar la reindustrialización del país, esos sectores conservadores enarbolan programas neo-liberales en lo económico, lo que implica renunciar a cualquier proyecto de desarrollo autónomo.

Como ciudadanos preocupados y angustiados por esta perspectiva, realizamos un llamado a todas las Américas, para enfrentar este proceso regresivo, que solo traerá hechos luctuosos, y no asegurará la prosperidad económica; este llamado incluye al pueblo estadounidense. Las libertades y la prosperidad serán logradas solo en el marco de un mundo donde las relaciones entre países y entre personas se desarrollen por carriles pacíficos, no por vías autoritarias o militaristas. Los principios de las doctrinas soberanistas Juárez, Calvo, Drago y Estrada deben así recobrar plena vigencia, como base para mantener la paz que hasta ahora primó en el continente.