El fracaso histórico de la convertibilidad. Argentina en la década del noventa

Jorge Schvarzer**

La Argentina ingresó en la década de los noventa en medio de una inflación alta y prolongada que nadie encontraba cómo controlar. Finalmente, en abril de 1991 se lanzó el llamado plan de convertibilidad, que frenó el alza continua de los precios. Por primera vez en muchas décadas el país tuvo precios estables; por otro lado, al poco tiempo comenzó lo que parecía ser una etapa de crecimiento intenso de la actividad económica local. No es de extrañar que esas condiciones generaran el apoyo de buena parte de la población, deseosa de creer que el país estaba saliendo de sus históricas frustraciones. También contribuyó a esa ilusión el elogio de instituciones financieras internacionales, interesadas en exhibir el caso argentino como un éxito propio de las políticas de ajuste monetario que preconizaban.
La situación, sin embargo, no era tan positiva como daban a entender algunos comentarios exageradamente exitistas. Una restricción muy fuerte residía en la lógica misma del plan, que estableció una relación estrecha entre las reservas en divisas y la emisión de dinero local; de acuerdo con la ley, si no aumentaban las reservas no se podía aumentar la cantidad de moneda en circulación. De allí que la cantidad de moneda necesaria para acompañar la evolución de la actividad económica dependía de que el Banco Central captase divisas. Las dificultades continuas para resolver esa exigencia crucial explican buena parte de los problemas de la década.
Para captar divisas hacía falta tener un superávit en la cuenta corriente, ya sea mediante un esfuerzo exportador o mediante la atracción de capitales del exterior. Ambas opciones fueron exploradas y sus resultados de mediano plazo explican el derrumbe final de la convertibilidad.

Problemas del comercio
La estrategia de generar divisas a través de un saldo positivo en el comercio exterior estaba amenazada desde el inicio por el tipo de cambio fijado para la convertibilidad. La ley estableció un valor muy alto para el peso, en relación con el dólar, y decidió mantenerlo fijo a lo largo del tiempo, independientemente de la evolución de cualquier otra variable. La sobrevaluación de la moneda local convalidó la entrada masiva de mercancías del exterior, mientras alentaba la salida, no menos masiva, de turistas argentinos hacia todos los rincones del planeta. Ambas demandas reclamaban divisas adicionales que debían obtenerse por medio de mayores exportaciones. Pero, el esperado aumento de la venta de bienes al exterior resultó difícil por la sobrevaluación de la moneda; en los hechos, el monto total de las exportaciones permaneció estable durante varios años cruciales.

El ingreso de bienes importados inundó a la plaza local con mercancías que podían reemplazar a la producción local, a precios menores (gracias a la sobrevaluación cambiaria), provocando una intensa crisis en la mayoría de las ramas industriales de producción transable internacionalmente. Además, este flujo de mercancías generaba un déficit comercial que tendía, objetivamente, a restringir el stock de moneda local; por lo tanto, las posibilidades de expandir la actividad económica dependían de obtener divisas por otros medios.

Hacia 1994, sin embargo, hubo un cambio en las tendencias del comercio externo. Una notable alza de los precios de las materias primas agrícolas que exporta el país (cereales y oleaginosas) estimuló la oferta local. La producción pampeana aumentó rápidamente en respuesta a esa señal y las exportaciones parecieron tomar un rumbo ascendente que podía contribuir a consolidar las necesidades del plan. Ese aumento de los precios internacionales duró pocos años; luego, comenzaron a retroceder, provocando un profundo impacto negativo sobre la rentabilidad de la producción pampeana.

Ese cambio no incidió demasiado sobre el nuevo nivel alcanzado por las cosechas ni sobre las ventas al exterior, debido a la ausencia de alternativa para la pampa. Los productores se vieron obligados a seguir trabajando con beneficios nulos, y aun con pérdidas, a costa de una deuda creciente. Esa caída de la rentabilidad del mayor oferente de bienes exportables del país (que representa alrededor de 60 % de los despachos totales) ofreció uno de los primeros indicios macroeconómicos sobre la poca capacidad del tipo de cambio para motorizar exportaciones.

El cambio de tendencia en la evolución de los precios internacionales de las materias primas agrícolas coincidió con la devaluación brasileña de fines de 1998, que afectó a todo el Mercosur. Los demás países del bloque podían compensar esa medida con devaluaciones defensivas, mientras que la Argentina, que había convertido al Brasil en su principal socio comercial, se negaba a dicha posibilidad por la ley de convertibilidad.

La devaluación brasileña redujo las exportaciones argentinas a ese mercado mientras aumentaban las compras locales de bienes de ese origen. La balanza comercial con el Brasil, que era prácticamente la única positiva del país, tendió a invertir su signo en una clara señal de que mantener el tipo de cambio local perjudicaba a la producción local tanto como al equilibrio externo. El equipo de gobierno del presidente Carlos Menem dejó trascender entonces su preferencia por la "dolarización" de la economía, estrategia que bloqueaba toda posibilidad de continuar el proceso de integración con el Brasil y no resolvía los problemas derivados de la rigidez monetaria y cambiaria de la política local.

Problemas para atraer capitales
A falta de divisas ganadas por el comercio, el gobierno recurrió a todos los medios que pudo detectar para obtenerlas. En una primer etapa aceleró la venta de las empresas públicas a capitales extranjeros para captar divisas (que también tendían a resolver sus problemas de endeudamiento externo). Esta estrategia contribuyó a obtener dólares en los años 1990-94 pero se agotó una vez que se vendieron las empresas más grandes. Recién en 1999 se lograron obtener fondos adicionales con la venta de las acciones remanentes de YPF a la española Repsol, que usufructuó la angustia oficial por captar divisas para lograr el control del mercado petrolero argentino. Además, el gobierno alentó por diversos medios la venta de empresas locales a otras del exterior con el mismo objetivo; por esa vía se permitió un cambio masivo de propiedad en amplios sectores de la economía nacional.

Uno de los procesos más sugestivos en ese sentido fue el cambio de propiedad de la mayoría de los bancos locales, que fueron adquiridos por entidades extranjeras. El presidente del Banco Central explicaba entonces que esas ventas mejoraban la "calidad" del sistema local, puesto que las filiales estarían garantizadas por sus matrices, una hipótesis que desmintió de manera tajante la experiencia de fines de 2001.

Por último, el gobierno estimuló el endeudamiento privado y público en divisas para obtener nuevos recursos. La espiral de endeudamiento se aceleró a medida que el aumento de los compromisos en divisas generaba un pago aún mayor de intereses en divisas en el mediano plazo. Al firmar el plan Brady en 1992, el ministro Domingo Cavallo anunciaba haber "terminado con el problema de la deuda", una profecía prematura que exhibió su falsedad pocos años más tarde.

Reservas, moneda y actividad económica
Las reservas aumentaron durante los primeros años de la convertibilidad, mientras que la base monetaria acompañaba esa evolución. La recuperación de la actividad económica, luego de varios años de hiperinflación y estancamiento, hizo suponer que la Argentina estaba encontrando el camino del desarrollo. Pero hacia 1994 era claro que el ciclo de auge había terminado. Las reservas ya no crecían, pese a la continua entrada de divisas por las actividades financieras, y la base monetaria se mantenía estable, bloqueando el proceso de desarrollo, lo que se reflejaba en las elevadas tasas de interés locales.

El gobierno estimuló el depósito de dólares en el mercado financiero local, que ofrecía tasas atractivas a los ahorristas. Esos depósitos se volcaban al mercado como préstamos en dólares, debido a las normas del Banco Central, y alentaban un proceso de "dolarización" muy marcado. En pocos años los depósitos en dólares eran superiores a los depósitos en pesos y, a través del multiplicador bancario, se imponían en las transacciones locales. Irónicamente, el Banco Central, que tenía por función "cuidar el valor de la moneda local", contribuía a forjar un sistema monetario basado sobre el dólar.

En ese sentido se puede decir que las relaciones financieras externas del país se hacían endógenas. Las empresas se endeudaban en dólares en el exterior o en el mercado financiero local. Los agentes económicos podían ahorrar en dólares en el país o en el exterior. El sistema monetario local tendía a convertirse en "bimonetario", como lo definía el Banco Central, y resultaba cada vez más difícil diferenciar las cuentas en moneda local de las cuentas en divisas.

Todo el sistema dependía, sin embargo, de que siguieran ingresando divisas al mercado local. Si éstas no entraban, no podía aumentar la base monetaria y no podía crecer el sistema de intercambio. Al mismo tiempo la creciente deuda en divisas devengaba intereses que representaban cifras cada vez más grandes para la economía nacional. Una parte de la deuda era pública y otra privada (y la suma de ambas resultaba cada vez más compleja por la conexión estrecha entre el mercado financiero local en dólares y el internacional), pero ambas exigían que se generaran nuevos ingresos de divisas en una espiral sin fin.

Descartada toda posibilidad de ingresos "genuinos" de divisas por el lado comercial a partir de 1999 (debido a la caída de los precios agrícolas en el mercado mundial y la devaluación brasileña) la demanda de dólares "financieros" dependía de la "confianza" de los acreedores. En un primer momento, esa confianza podía basarse sobre la tasa aparente de crecimiento de la economía argentina (como en 1991-94), más tarde, podía ser alentada por la expansión de las exportaciones (como en 1994-98), que prometían generar un saldo positivo para el país. Pero, ya a partir de 1999, resultaba difícil detectar indicios positivos para el mediano plazo. La recesión, que comenzó a fines de 1998, era otro indicador de los problemas de la política macroeconómica. La combinación de ajuste externo y restricción monetaria lanzó un proceso de caída de la actividad económica que lleva ya más de tres años.

Desocupación, pobreza y ajuste
La presión de las importaciones sobre la industria local, sumada a los efectos de las privatizaciones, provocaron una fuerte caída del empleo local. El cierre de fábricas y el despido del personal en las empresas privatizadas (que prosiguió luego que estas fueron entregadas a sus nuevos dueños) no fue compensado por las demandas de nuevas actividades económicas. El agro no requería de personal adicional para sostener su impulso y la mayoría de los nuevos servicios que surgieron demanda poca mano de obra. El fenómeno se apreció en el índice de desempleo que llegó al 10 % en 1994, en medio de la euforia del auge, y no volvió a retroceder desde entonces. Luego de un salto hasta cerca del 20 % en 1995, el desempleo se quedó en torno al 15 % durante siete años, hasta saltar al 20 % de nuevo a fines de 2001.

El desempleo contribuyó a la estrategia de reducir el salario buscada por el gobierno para ajustar los precios internos a la rigidez del tipo de cambio. Ambos fenómenos (caída del salario y desempleo) llevaron a la miseria a amplias capas sociales. Nunca hubo en la Argentina tantos pobres y nunca éstos fueron tan pobres como ahora. Este perverso fenómeno social refleja, a su vez, el notable desequilibrio macroeconómico del país que no puede utilizar ese excedente de mano de obra en actividades productivas.

Las dificultades de la economía argentina llevaron a una intensa expansión de las actividades marginales (que no pagan impuestos ni contribuciones) que resultan muy dependientes de las transacciones monetarias (por su propia marginalidad). Pero la propia escasez de dinero ponía un límite a esa evolución.

Mientras tanto, la prolongada crisis generó un retiro creciente de dinero del sistema bancario al que se sumó desde mediados del 2000 una demanda de dólares billete frente a la evidencia cada vez mayor de que el país no generaba las divisas necesarias para atender sus deudas.

El gobierno intentó refinanciar sus deudas durante todo el año 2000 sin lograr resultados concretos. Las sumas requeridas superaban ampliamente la oferta potencial, con el agravante de que el nuevo gobierno de los Estados Unidos comenzó a aplicar un cambio de timón frente a la estrategia previa de rescate generalizado de los acreedores para salvar a los deudores. La negativa del Fondo Monetario a apoyar a la Argentina, con el consentimiento del Tesoro, marcó el principio del fin de la convertibilidad.

Frente a una fuga de dinero que ya se hacía insoportable, el gobierno decretó a fines de noviembre de 2000 una congelación de depósitos bancarios y un cierre del mercado cambiario. Los depositantes no podían extraer su dinero de los bancos y no podían cambiar pesos por dólares (base de la convertibilidad). La medida provocó la ira de los ahorristas, mientras que la súbita escasez de pesos en el mercado asestó un nuevo golpe a los sectores marginales. En menos de un mes, la movilización de los pobres, reclamando comida, y de la clase media, exigiendo la devolución de sus ahorros, generó la renuncia del ministro de Economía y, casi en seguida, del presidente de la Nación.

La crisis política generó cinco presidentes en diez días y marcó la salida de la convertibilidad. El gobierno declaró el default, devaluó y se lanzó por un difícil camino de cambios, en medio de la recesión más larga y profunda que conoció la Argentina, en un contextode crisis política y de las protestas sociales. El costo económico y social de la convertibilidad fue enorme, con una gran parte cargada al futuro por medio del endeudamiento. Ahora habrá que pagar una parte de esos costos simplemente para salir del encierro, con una perspectiva poco optimista para el corto plazo.

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Las medidas económicas: ¿solucionan la crisis o la profundizan?
Héctor A. García***

El tema de esta mesa debate tiene un sesgo economicista. Un enfoque puramente económico se mostraría impotente para responder al interrogante planteado. Durante muchos años, el economicismo estuvo encubriendo las cuestiones determinantes de la pobre performance de la economía argentina.
Como bien se puede presumir, en la crisis que nos convoca subyacen o preponderan cuestiones sociales, políticas e institucionales. Para atender estas cuestiones se necesita de la política económica, pero ésta es insuficiente para corregir o superar las distorsiones y problemas que han estado irritando a los ciudadanos. Por otra parte, la eficacia de la política económica en su propio ámbito -el de los hechos económicos- está siempre determinada por la situación y evolución de su contexto social político e institucional, contexto en el que lo económico está inmerso.

De todos modos, como el núcleo de la nueva política económica se refiere a la moneda, la trascendencia de sus disposiciones alcanza a todos los ámbitos de la vida social. Por ello mi exposición se concentrará en cuestiones referidas a la moneda.

La pregunta, entonces, es: ¿cómo, o en cuánto, las medidas económicas recientes pueden contribuir a salir de la crisis o a hacerla más profunda? Y ello partiendo de las condiciones iniciales establecidas por el colapso del sistema económico preexistente. Además, cuando consideremos los presumibles efectos inmediatos y ulteriores, deberemos separar claramente las fórmulas del discurso de aquello efectivamente dispuesto.

Las condiciones iniciales
Durante el último medio siglo el sistema económico argentino, caracterizado por su estrangulamiento externo secular, ha caído periódicamente en colapsos recurrentes. Con abuso de las simplificaciones, se puede decir que el sistema funcionaba cuando contaba con financiamiento externo, o sufría severas restricciones cuando éste se contraía o se cortaba. Cuando dejaba de ingresar capital se iniciaba la marcha hacia una devaluación de la moneda que, en cierto plazo, permitía reanudar el proceso hasta un nuevo colapso. No es ocioso preguntarse si el presente se resuelve del mismo modo. Veamos esto.

Durante los años más recientes este sistema estrangulado no dejó de caracterizar a la economía argentina y estuvo sometido a cinco shocks externos y a un estructural deterioro de su solvencia fiscal.
Los impactos externos consistieron en:

1. El transcurso de una fase desfavorable del ciclo de los precios de las commodities de exportación, que afectó el desenvolvimiento del sector agrícola y la industria que transforma su producción.
2. Disminución, desde 1997, de los flujos de capital hacia los países emergentes, con el correspondiente aumento de las tasas de interés (o de las primas de riesgo que éstas incluyen).
3. Valorización del dólar de Estados Unidos, mayormente por el denominado "efecto habitat"
4. Devaluación de la moneda brasileña.
5. Iniciación, poco después de que asumiera el pesidente Bush, de un cambio en la estrategia de los organismos financieros internacionales en relación con el modo de atender los desequilibrios externos de los países emergentes. Esto se traduce en la renuencia al refinanciamiento "perpetuo".

El sistemático deterioro de la solvencia fiscal puede atribuirse a tres fuentes principales:

i) Política fiscal del menemismo, que eludió las restricciones derivadas del régimen monetario y cambiario denominado convertibilidad, así como otras prácticas características de esa orientación de la conducción política.
ii) Impotencia de la Alianza UCR-Frepaso para modificar la dinámica heredada.
iii) Lo que puede denominarse "efecto Mingo", básicamente consistente en socavar las bases del régimen monetario y cambiario que el mismo ministro había instaurado 10 años antes:

a) la disposición de incluir el euro, en un futuro impreciso, en el anclaje del peso convertible, simultáneamente con su aplicación para establecer el tipo de cambio de las exportaciones de bienes, por inoportuna, fue interpretada como una predisposición oficial a modificar la relación cuantitativa que vinculaba al peso convertible con el dólar de Estados Unidos;
b) esterilidad de una compleja incentivación de la producción, que de inmediato afectaba el nivel de los ingresos fiscales; y
c) debilitamiento del sistema financiero y del Banco Central: poco "elegante" separación del presidente del BCRA, disminución de los requisitos de reserva, recurrencia cuasi compulsiva al financiamiento bancario del gasto público, entre otros.

Todos estos han sido elementos contribuyentes a la generación de un proceso de construcción de expectativas que devienen autocumplidas: promoción pública de la depreciación del peso convertible impulsada por grupos locales de interés con ingresos y posiciones en divisas, y de otros con la finalidad exclusiva de abaratar los salarios, especialmente los del sector público.

También se exponían argumentaciones más académicas que no apreciaban apropiadamente la articulación de la dolarización en la economía argentina, donde la moneda local sólo tenía un carácter subsidiario.
Durante casi once años el sistema económico se dolarizó formalmente empleando el peso convertible como moneda subsidiaria sólo para algunas transacciones. El dólar de Estados Unidos daba fundamento al cálculo económico y servía nominal y materialmente para una diversidad de transacciones, además del ahorro. El proceso de valorización económica estaba plenamente articulado con base en el dólar. Pero éste retomó plenamente su función de refugio para los ahorros en razón de que el estado se endeudaba excesivamente para financiar gastos que no promovían el desarrollo, y de que los capitalistas -locales y extranjeros- continuaban con su práctica de expatriar masivamente su excedente.

Así se conducía inevitablemente hacia la clausura de las fuentes externas de financiamiento y a la contracción de los medios de pago, de la liquidez interna ("corralito" de Cavallo, incluido).
De tal modo, el cuadro del reciente colapso se presentaba como la última etapa de la generación de expectativas autocumplidas acerca del previsible quiebre del sistema monetario y cambiario. En otras palabras, se preanunciaban tiempos de extremada conflictividad política y económica por los reacomodamientos que se desencadenarían en la lucha por la preservación del valor de los patrimonios, por la revalorización de los ingresos y por el posicionamiento en la estructura del poder. El nuevo gobierno ejecutó las expectativas e inició una puja, una pulseada, extremadamente desigual, mientras estimulaba a los ciudadanos a huir de la moneda local.

Antes de identificar las medidas económicas efectivamente dispuestas por el nuevo gobierno, volvamos al núcleo de su política económica: la moneda.

La moneda
La moneda es una institución social que, además, cumple funciones económicas. Mediante la confianza que le dispensan los ciudadanos la moneda puede contribuir a brindarles un sentido de pertenencia que los integra y articula en su sociedad, al mismo tiempo que les suministra un patrón de cálculo económico. La manipulación de este patrón conduce a los ciudadanos a sustituirlo por otro más estable, más confiable, con los correspondientes efectos deletéreos sobre la sociedad. Si la moneda deja de cumplir en plenitud sus funciones económicas, siendo sustituida por otra extranjera, mal puede mantenerse como la institución social que contiene a los ciudadanos y, así, se estimula un desenfrenado individualismo desintegrador de la comunidad.
En nuestro caso, un sistema económico caracterizado por su estrangulamiento externo secular se corresponde con una sociedad que no atina a corregir sus insuficiencias endógenas para articular una sostenida acumulación de capital. Esta sociedad reproduce su débil y pobre integración cada vez que el economicismo la seduce con las virtudes mágicas de la manipulación de la moneda.

Cuando la manipulada es una moneda subsidiaria en una economía dolarizada, se dispone la clausura del camino para la construcción de una moneda propia -plena, nacional-, se promueve el empleo de una moneda extranjera, y se bloquea y destruye el necesario sistema financiero correspondiente. Una economía sin sistema financiero difícilmente pueda expandir su producción y su nivel de empleo.

Las medidas efectivamente dispuestas
Además de la ostentosa declaración de default, hasta ahora la nueva política económica no avanza más allá del intento de formular un nuevo sistema monetario y cambiario que, según el ministro, debería ser "normal", "standard". En resumen:

1. Se ha derogado el régimen monetario y cambiario denominado convertibilidad, eliminando el anclaje rígido de la moneda local con el dólar y estatuyendo un Banco Central más laxo y menos independiente que socio del gobierno nacional.
2. Se han pesificado las tarifas de servicios públicos privatizados, las obligaciones entre residentes nominadas en divisas, y parte del patrimonio que acumularon los afiliados al sistema privado de jubilaciones (AFJP). La denominada pesificación aplica una tasa de cambio que no es la de mercado ni la misma para todas las obligaciones, lo que importa una arbitrariedad judicialmente objetable, y se le puede atribuir un carácter confiscatorio que también dará lugar a acciones judiciales contra el estado (los contribuyentes en su conjunto se harán cargo de los costos futuros de la arbitrariedad gubernamental).

Las disposiciones efectivas se han emitido en aproximaciones sucesivas que las adaptan a las presiones sectoriales o a problemas no contemplados por la línea general de la nueva política.

Se debe reconocer que no podía esperarse que el nuevo gobierno asumiera con un programa económico preciso y bien articulado. No obstante, se requería que preservara: la fluidez preexistente de las transacciones (esto demanda la disponibilidad de medios de pago de aceptación generalizada); las fuentes del crédito interno (el ahorro) y la intermediación financiera correspondiente; y las operaciones de comercio exterior. En estos tres ámbitos las disposiciones han empeorado las condiciones del mes de diciembre, ya de por sí complejas, generando una notoria paralización de la economía.

¿Qué se concluye de esta sucesión de medidas económicas?

Parecería que todos -el gobierno, los promotores de los planes B y C difundidos por la prensa, y varios operadores influyentes- se han propuesto establecer un nuevo punto de partida para los negocios mediante una descomunal devaluación del peso y del desencadenamiento de un nuevo proceso hiperinflacionario. Dónde y cómo se ubicarán en tal reacomodamiento es el motivo latente de angustia entre los ciudadanos. Para finalizar, algunos ejemplos de un ejercicio de distinción entre las fórmulas del discurso y lo efectivamente dispuesto con sus efectos.

1. Cuando se promueve una depreciación de la moneda se menta el estímulo a las exportaciones que deriva de ella. Si bien puede producir un aumento del ingreso monetario, el efecto sobre el volumen de las exportaciones nunca es inmediato. Sí lo es el aumento de los costos internos y la iniciación de un proceso inflacionario, que no es más rápido porque la economía está paralizada. Cuando la devaluación no promueve genuinas ganancias de productividad, los efectos favorables desaparecen progresivamente con el riesgo de entrar en un círculo vicioso de devaluaciones sucesivas y efímeras.
2. Se decretó la pesificación, con el "corralito" de Cavallo reforzado en "corralón" o "cepo", como se lo denomina. De hecho, se ha promovido a las divisas como única forma de ahorro.
3. Por la ley 25.561, el Congreso delega atribuciones al Poder Ejecutivo para reactivar la economía y mejorar el nivel de empleo. Pero, el "corralón" que se ha dispuesto traba las transacciones obstruyendo la transformación de los ahorros en bienes. ¿Cuándo los tímidos instrumentos financieros que se anuncian podrán ser una alternativa para los ahorros? ¿a qué tasas de interés? ¿la producción podrá pagar esas tasas?
4. Se mentó una devaluación compensada al estilo de la realizada por el ministro Krieger Vasena en 1967. En cambio, se dispuso una descomunal revalorización del dólar (°40 %!) sin contar con el poder suficiente para aplicar retenciones a las exportaciones. Ignorando que la sociedad estaba dolarizada, se dispuso esta devaluación a sabiendas de que, al mismo tiempo, se estaba defraudando a los ahorristas y acreedores mediante otras medidas. De hecho, entonces, se promovió que 1,40 pesos por dólar no fuera un techo para el precio en el mercado libre (como efectivamente lo fue el valor establecido en 1967) sino un piso: el mercado libre durante el primer día de operación cerró a 1,70, y en el último del sistema de doble mercado lo hizo a 2,10. La fórmula del discurso fue, entonces, bajemos el tipo de cambio incluyendo toda la oferta de divisas en un solo mercado libre y fluctuante. En los hechos, se entregó el mercado libre de cambios al arbitrio de los exportadores y de otros tenedores de divisas que, al día de hoy, han llevado la cotización a 2,60.

Así, en este momento, el valor en pesos de las divisas dominantes (dólar, euro, libra esterlina, yen, franco suizo) puede alcanzar cualquier magnitud. Los planes B y C que ha hecho trascender la prensa no hacen otra cosa que arrojar nafta al fuego. Como si esto no fuera suficiente, estamos a las puertas de un colapso fiscal. No son pocos los que aún recuerdan cuando, siendo ministro el capitán-ingeniero Alvaro Alsogaray, los empleados públicos estuvieron tres meses sin cobrar sus sueldos, para luego percibir dos de ellos en títulos públicos.

La amarga verdad
Mabel Thwaites Rey****

Para evaluar si tales o cuales medidas económicas mejoran o empeoran la crisis es preciso hacer algunas aclaraciones conceptuales básicas que, no por ser conocidas, merecen menor atención.

Toda decisión que se tome desde el estado es, por definición, una acción política, en el sentido de que expresa una voluntad definida desde el poder. Pero como el poder del estado no es algo autónomo de los actores sociales, lo que en realidad expresa es la relación de fuerzas existente en cada momento histórico particular. Es decir que lo que el estado hace es el efecto complejo de las voluntades que logran imponerse en él. Cuando, por ejemplo, se decide pesificar uno a uno todas las deudas, con independencia del monto y las características de los deudores -hipotecarios o empresas, chicos o grandes-, queda claro que la presión de los intereses de los grandes grupos endeudados primó por sobre los de otros actores sociales, porque el costo asumido con esta medida se carga sobre el estado y, en definitiva, lo paga el conjunto de la sociedad.

Entonces, las medidas políticas se toman en función de las relaciones de fuerzas ya constituidas o dirimidas en el momento en que son tomadas. Sin embargo, los planes o medidas económicas también suponen apuestas a futuro, en función de hipótesis que la realidad se encargará de confirmar o desmentir. Los economistas suelen manejar variables que se suponen mas o menos fijas y que asumen como dato el comportamiento previsible de los agentes económicos según los incentivos que tal o cual decisión promoverá. Cavallo, por ejemplo, adujo que al bajar los aportes patronales se estimularía a las empresas a invertir mas y a tomar más trabajadores.

Más allá de la perversidad que pueda achacársele al otrora todopoderoso ministro, sus decisiones se basaron sobre premisas teóricas: si le quito impuestos al trabajo, el empresario estará más estimulado para invertir y arriesgarse a tomar trabajadores. Lo mismo se aducía con la flexibilidad laboral: a menos restricciones para el empleo, más puestos de trabajos. Pero como la realidad suele ser mucho más compleja que las teorías, muestra que el conjunto de los actores no reaccionan ingenuamente ante el estímulo previsto. Es más, los que perciben una amenaza se defienden de ella y los que ven una oportunidad para obtener un beneficio, la toman sin dudar.
Cuando los supuestos teóricos no se verifican, hay una tendencia muy arraigada a acusar a la realidad -o, más precisamente, a los actores sociales- por su pertinaz obstinación en no adecuarse al paradigma. Siempre se encuentran excusas para exculpar a la teoría, sobre todo si esta es hegemónica, como en el caso del neoliberalismo.

Las teorías siempre son conjuntos de supuestos que se extraen de la realidad, pero que no son la realidad misma, porque suponen valoraciones muy fuertes sobre lo que aquélla es y sobre cómo debería ser. El mejor efecto ideológico es hacer creer que lo que una teoría dice que la realidad es sea creído por la sociedad como algo no sólo cierto, comprobable con la experiencia, sino bueno, deseable, perseguible. Entonces, puede aparecer como "objetivo" lo que expresa una determinada valoración.

Durante los '80 y '90 el neoliberalismo ganó la batalla por el "sentido" de las prácticas sociales, al convencer a la mayoría de las sociedades del planeta de las bondades de su proyecto, enraizado en muchos elementos del sentido común dominante: si se respeta y alienta la propiedad privada sin restricciones, habrá crecimiento y bienestar. Si se privatiza, desregula, se achica el estado, se abren los mercados, se permite la circulación libre e irrestricta del capital, la consecuencia de estos fundamentals teóricos de la economía "sana"será el crecimiento imparable, la bonanza y la prosperidad general.

Lo más interesante es cómo se logró mostrar una determinada forma de organización social, el capitalismo en su versión neoliberal, no sólo como buena, como la mejor, sino como la única racionalmente posible. Entonces, si la propiedad privada absoluta e irrestricta -fundamento de la libertad y el bienestar- no puede discutirse más, el corolario es que hay que encontrar los mecanismos para expandirla lo máximo posible.

El "fracaso" material del neoliberalismo, en el sentido de los logros que prometió y no cumplió para la mayoría de la sociedad -porque, por definición, no puede cumplir-, es directamente proporcional al éxito alcanzado en su objetivo verdadero y de máxima: concentrar la riqueza y acrecentar el poder del capital mundial. Las cifras de concentración de la riqueza y agravamiento de la pobreza mundial de los últimos 20 años son escalofriantes e incontrastables.

Lo interesante es que para poder expandirse, el poder requiere alguna base de legitimación: no puede pararse y decir que lo que persigue verdaderamente es beneficiar a unos pocos y hambrear a la inmensa mayoría. Tiene que ser capaz de convencer de que sus principios contribuirán al bienestar de todos. La verosimilitud de tal propuesta, que está en la base de su hegemonía en los años ë80 y ë90, estuvo dada por las genuinas limitaciones de los estados de bienestar de posguerra para cumplir con sus promesas de igualación social generalizada.

El sentido común registraba la insatisfacción ciudadana con el desempeño de los estados, en la provisión de bienes y servicios. Sobre esa base, el neoliberalismo montó una ofensiva en la cual identificó al estado como causante de todos los males y, a cambio, propuso la gestión privada mas amplia posible. Claro, porque si las tareas a cargo del estado son menores, también deben serlo los recursos destinados a solventarlas. Ergo, se pagarán menos "expensas comunes", es decir, impuestos. Es evidente que quienes tienen que pagar -los que tienen con qué contribuir- siempre estarán mas gustosos de sacar de sus bolsillos una porción menor.
Pero una vez desplegado con todas sus fuerzas, el modelo neoliberal dejó al descubierto el verdadero tendal que suponen sus recetas... La verdad se hizo inocultable y las bondades de la globalización se trocaron en la amarga verdad de la desigualdad acrecentada en escala planetaria.

El caso argentino
El caso argentino es paradigmático. Lo fue por la radicalidad con que se asumieron las premisas neoliberales y lo es por el estrepitoso fracaso del que nadie quiere hacerse cargo.

El dato crucial hoy es que no hay un proyecto que pueda erigirse como hegemónico, en el sentido de lograr un consenso amplio. No hay discurso validable a la manera de los noventa: privaticen, desregulen, abran su economía y pasarán al club del primer mundo. Hoy, sin mucha alaharaca, nos mandan más de lo mismo. Nos mandan un indio con cara de poker a recitar el sonsonete de la administración republicana. Ni siquiera se cuidan de guardar las apariencias y la brutal primacía norteamericana en el Fondo no pretende ser disimulada. Los representantes del Fondo manifiestan su preocupación por cuidar las inversiones estadounidenses. En tanto, dirimen su sorda y permanente disputa con los europeos y pretenden poner un cordón de seguridad alrededor de la Argentina para que no contagie ni a vecinos ni al resto del mundo.

La postura de la administración de George Bush no podría ser más clara. En la cumbre de Monterrey manifestaron abiertamente su negativa a aumentar la contribución de los países ricos para combatir la pobreza. Tras el atentado del 11 de setiembre la postura no admite dudas: la prepotencia del poder se dirimirá en los términos mas brutales. La represión física es el camino. Lejos de toda lógica que indicaría que a la insatisfacción de los pueblos sometidos hay que paliarla con ayuda material concreta, la respuesta es un redoblamiento de la fuerza. Como no hay legitimación posible después de 20 años e experiencias neoliberales, la respuesta es la represión. Fíjense: a la Argentina, alumno dilecto, ni un peso.

En tanto, se involucran con todo en el conflicto de Colombia. El momento es muy peligroso, porque el mensaje parecería ser que no les importa si en la Argentina hay una escalada de violencia social y política. Por eso le piden a un gobierno débil autoridad política para imponer medidas que se descuenta generarán descontento y protestas. Pedir lo imposible equivale a no temer que el paso siguiente es la represión.

Por estos lares, la crisis de hegemonía en el bloque de poder sigue abierta. Como dice Basualdo, se rompió la alianza articulada en los noventa y hoy un bloque pretende la dolarización para salvar sus inversiones y rentabilidad, mientras el otro quiere la devaluación para valorizar sus exportaciones y los activos fugados. Para ambos, la variable de ajuste es la inmensa mayoría de la sociedad, que tendrá que pagar la cuenta. El dato significativo es que esta vez ninguno plantea un compromiso, por mínimo que fuera, con los sectores medios -vía cierto nivel de empleo y consumo-, que podría otorgar alguna legitimación, ni tampoco se arriesgan en serio a realizar algún compromiso con los sectores mas pauperizados, para lo que tendrían que resignar recursos destinados a la distribución de un ingreso mínimo, vía las prácticas clientelares tradicionales. Hoy parece primar el todos contra todos y el sálvese quien pueda. Pero nadie exhibe capacidad o vocación de liderazgo. Como telón de fondo, el FMI y Estados Unidos no atinan a una receta que sea políticamente sustentable. Quieren usarnos de conejos de indias para disciplinar a todos los demás países endeudados.

Por eso, la pregunta es ¿de qué medidas económicas estamos hablando? Y la pregunta pertinente sería: ¿hay espacio para medidas no neoliberales? Porque se sabe con certeza a qué conducen las recetas clásicas que hoy nos pide el FMI para obtener algo de ìayudaî: a salvar las papas de los intereses dominantes. Implican hacer crecer la pobreza en la Argentina hasta límites insospechados. Y después, se verá.

Los otros caminos, sin embargo, exigen una firmeza política y decisión social muy grandes. Podríamos enumerar medidas de todo tipo. Pero incluso las más elementales, desde una lógica capitalista levemente apartada de la receta neoliberal, requieren de mucha fuerza social para respaldarlas.

¿"Seguridad jurídica" o "seguridad política"?
Cuando comenzó este proceso de reestructuración neoliberal, creo que muchos de los aquí presentes auguramos las terribles consecuencias sociales que ello traería. Aun a riesgo de ser tildados de agoreros o ideológicos. Muchos académicos creyeron, o prefirireron creer, que el esquema neoliberal funcionaría no solo económicamente, sino con plafón político duradero. A su favor jugaba que las promesas de la salida neoliberal primermundista en un comienzo fueron aceptadas por la mayoría de la sociedad. Salir de la híper inflacióny recuperar capacidad de ahorro y consumo eran datos materiales muy concretos sobre los cuales pudo asentarse la legitimación inicial.

En cambio los costos, profundos pero menos visibles, más solapados, se prefirió verlos como transitorios o, en su caso, ignorarlos como un mal que pagarían otros, los pobres de siempre (que para eso ya están acostumbrados y la realidad es así, hermano. El mundo es cruel y sobrevive el mas apto (seguro, yo zafo). Muchos creyeron que podían estar del lado de los que se salvaban.

Advertimos entonces lo que significaría el desguace del estado, no sólo en términos económicos concretos por rematar a precio vil capital socialmente acumulado, sino en el desbalance de poder social que significaba entregar tamaño poder relativo a grupos concentrados y trasnacionalizados.

Luego, el proceso se profundizó con la extranjerización de la economía, y advertimos lo difícil que iba a ser no contar con actores capitalistas de peso con algún grado de compromiso o anclaje con la suerte de la sociedad acotada en el espacio territorial nacional. Ser inversores no residentes desresponsabiliza totalmente de la suerte de la cotidianeidad social. Un espacio vivible y no sólo rentable puede interesarle a quien está arraigado en él y no a quien meramente lo utiliza para la valorización de su capital. Y no hablamos solo de inversiones financieras, sino incluso de las efectuadas en activos productivos.

Ello no quiere decir que los capitalistas nativos se hayan caracterizado por su vocación de construir bases económicas y sociales fuertes en la Argentina, ni por su decisión a enfrentar riesgos. Más bien, la ausencia de este tipo de empresarios hizo que fuera el estado el encargado de asumir las inversiones cruciales para el desarrollo capitalista moderno. La cultura rentística arraigada llevó a que la mayor parte del dinero obtenido por los empresarios que vendieron sus empresas en los noventa fuera al exterior y no se invirtiera para generar nuevos activos.

También señalamos con insistencia que la convertibilidad solo podía sostenerse con cada vez mayor y más arraigada desocupación, precarización laboral e imparable pérdida de derechos sociales. Denunciamos el fenomenal fraude que significaba la jubilación privada, que es uno de los principales lastres que explican el déficit presupuestario que arrastra la Argentina desde 1994 y que aceleró la caída de 2001. El sistema de AFJP implica un drenaje del orden de los 7.000 a 8.000 millones anuales para el erario público.

Otra paradoja: se insiste con los costos improductivos de la AFIP, pero se oculta puntillosamente los descomunales gastos administrativos que insumen las AFJP y que estamos obligados a pagar. Vaya forma de introducir la capitalización individual privada: obligatoriamente. Claro, ahora no sostengo con mi dinero a burócratas públicos vagos o corruptos ... sino a arsenales de sonrientes señoritas y jóvenes de traje y celulares.

Pero, insistamos, el espejismo de la estabilidad y cierto acceso al consumo anestesiaron la capacidad de reacción de una porción muy importante de la sociedad, mientras silenciosamente se deslizaban hacia la pobreza 15 millones de argentinos.

¿Hoy cuáles son los planes en juego? Desde la perspectiva neoliberal no hay nada que ofrecer que pueda encontrar legitimación. El recetario fue aplicado en forma completa y ya no tienen otra cosa que pedir que un impopular nuevo ajuste. Por eso el FMI y los Estados Unidos juegan a hacerse los desentendidos y culpar de todos los males al más fácil chivo expiatorio: la clase política. Pueden decir, como Paul O¥Neill sin sonrojarse, que la plata que falta en la Argentina se la robaron los políticos. Pegarle a los políticos, que bien se lo merecen, es gratis. Y además, sirve para desviar la atención de los principales beneficiarios de un modelo que necesitó corromper para instalarse.

Pero ellos hoy saben que no se puede más hacer política legitimadora con la retórica del ajuste. Porque el ajuste ya llegó y no es algo que pueda aplicársele a ìlos otrosî, los vagos, los corruptos o los ineficientes. El ajuste es más claramente que nunca falta de trabajo, de salud, de educación para la inmensa mayoría.

Fíjense otra paradoja. Mientras nos muestran que la falta de confianza en la Argentina arranca en los propios argentinos, que tienen 120.000 millones de dólares afuera, y que serían éstos los que deberían comenzar por invertir en su tierra, al mismo tiempo presionan para que no se investigue a los banqueros que permitieron esa fuga. Y en nombre de la seguridad jurídica. Claro, vociferan, debe haber reglas claras, previsibles, para atraer y asentar las inversiones, bla, bla. La ley de subversión económica que tanto los amarga porque los vuelve inseguros ... es de la época de Isabel Perón. O sea, tiene cerca de 30 años. Pero, ¡estos jueces son imprevisibles!
Entonces, que Duhalde "intervenga" políticamente la justicia, para evitar el abuso de que señores banqueros de países extranjeros tengan que descender a los escritorios de esos ignotos leguleyos de esta republiqueta insegura para explicar cómo operan sus prestigiosas instituciones. Nunca quedó tan claro como ahora que la llamada seguridad jurídica no es otra cosa que la adaptabilidad de normas y procedimientos a las necesidades infinitas e irrefrenables del capital. Lo que se reclama no es "seguridad jurídica" sino una muy difícil de obtener "seguridad política".

Las privatizaciones
Veamos un tema que conozco más: las privatizaciones. Mientras por un lado, y en nombre de la seguridad jurídica se pretende hacer valer las patentes de corso obtenidas de los negociadores de turno, por el otro se hace valer la teoría de la imprevisión para modificar todas las cargas pactadas.

Ahora los concesionarios pretenden renegociar sus contratos, a la ligera, presionando en virtud de las circunstancias para sacarse de encima las cargas e incumplimientos acumulados y preservar la crema de sus negocios globalizados. Quieren cambiar tarifas por menos calidad o inversiones y presionan para obtener seguros de cambio por las deudas contraidas en el exterior.

Pero no se pueden renegociar todos los contratos al mismo tiempo en un plazo breve si no se recupera capacidad de regulación y fiscalización efectiva. Es imprescindible revisar los contratos uno a uno en todas sus cláusulas y determinar los incumplimientos. La razonabilidad de las tarifas es un punto clave. Porque no se trata de que las empresas de servicios no recuperen sus costos, como sucedía antes, sino de que las tarifas reflejen exactamente estos y un plus ìrazonableî para el operador, medido en términos internacionales serios.

Claro, aquí aparece el tema tabú de los costos y la ganancia. Por eso no quieren audiencias públicas con presencia e intervención de los usuarios y sus asociaciones, por eso no quieren abrir las cajas negras de la contabilidad empresaria.

Hay preguntas cruciales: ¿cómo se conforma la deuda externa contraida por las empresas? ¿Para qué y con quiénes se contrajeron los préstamos? ¿Todo lo adeudado se invirtió en obras? ¿Cuáles son los componentes de los costos en dólares que no podrían reemplazarse por producción local? Una de las cuestiones importantes es que a las privatizadas se les permitió proveerse de insumos en donde les fuera más conveniente. Así, se abandonaron muchos proveedores locales por otros vinculados con las empresas o los países de origen de los operadores privados. Eso genera una transferencia muy grande de divisas, que en muchos casos no tienen justificación. Una renegociación debería encarar este tema, alentando la utilización de la producción local.
También hay que ver el tipo de endeudamiento externo que contrajeron. Es preciso diferenciar las deudas de adquisición de la propia empresa, que tienen que ser íntegramente asumidas por sus dueños, de lo que son las deudas para hacer inversiones para expandir los servicios. Es preciso analizar con lupa con qué bancos y a qué tasas se contrajeron y con qué garantías, y si se invirtió efectivamente el dinero que se pidió prestado.
Debe partirse, por otra parte, de los niveles de rentabilidad ya obtenidos por las empresas. Veamos algunos números.

Entre 1995 y 1999, las empresas de servicios públicos vendidas principalmente a multinacionales extranjeras obtuvieron ganancias por un total de 24.000 millones de dólares y se estima que para toda la década 1991 / 2001 las utilidades superaron los 34.000 millones.

Esto supera con creces los 23.000 millones de dólares que los consorcios invirtieron en la compra de empresas de teléfonos, gas, electricidad, ferrocarriles, carreteras, áreas petroleras y todo el resto de la infraestructura económica del país que anteriormente pertenecía al estado. Si se considera que al menos la mitad de los montos aportados en las adquisiciones y las inversiones siguientes fueron financiadas con deudas cuyos intereses se pagan del propio giro de negocios de las compañías, se puede concluir que el capital propio arriesgado por los compradores (el equity, en la jerga financiera) ya ha sido amortizado hace tiempo.

Las ganancias de algunas empresas privatizadas en la Argentina harían palidecer de envidia nada menos que al propio Bill Gates, el hombre más rico del planeta y cuya empresa, Microsoft, está considerada una de las más rentables del mundo, con un margen de ganancias que llega al 25% sobre sus ventas.

En la Argentina se ha superado ese récord. Si se observan los informes financieros de Transportadora de Gas del Sur (TGS), por cuyos tres gasoductos circula el 60 % del gas que se consume en el país, se advierte que el margen de ganancia en el año 1998, por ejemplo, alcanzó (suenen las trompetas) al 39,5 %. Fueron exactamente unas ganancias de 156 millones de dólares contra ventas por 395 millones. Dos años después, y ya en plena recesión, esta empresa controlada por Perez Companc y Enron (esta última actualmente en proceso de quiebra en Estados Unidos) tuvo un margen de utilidad de "sólo" el 26,3 %. El caso de TGS no es una excepción, sino más bien la regla.

Según un estudio del INDEC, las ganancias de las empresas privatizadas (que se han constituido como monopolios regulados) superan en más de dos veces y media la utilidad obtenida por el resto de las 500 mayores empresas de la Argentina, que operan en régimen de competencia: sus tasas de rentabilidad sobre patrimonio neto (otra forma de medir las ganancias) promedian un 12,7 %, comparado con el 4,9 % de las demás.
Cualquier empresario que compite en una sociedad capitalista podría considerarse feliz y exitoso si su margen de ganancias se acerca al 10 %. Algunas empresas, como los supermercados, trabajan con índices que no superan el 2 ó 3 % de sus ventas. Pero las ganancias de las empresas privatizadas en la Argentina son en realidad mayores de lo que se muestra en los balances.

Un detalle poco conocido de los contratos de privatizaciones es que estos permitieron el pago de "honorarios de administración" (management fee) a los operadores técnicos de las concesiones, que no son otros que las empresas multinacionales que controlan o encabezan los consorcios. Estos honorarios son cuantiosos y superan con creces cualquier pago razonable por un servicio técnico. Usualmente se contabilizan como parte de los "gastos de explotación" de las compañías (es decir que están exentos de impuestos). En otras palabras, se trata de ganancias encubiertas que se giran a las casas matrices eludiendo el pago del impuesto a las ganancias.

Estos honorarios son generalmente un porcentaje del 6 al 7 % del margen bruto de utilidad de las empresas. Telefónica de Argentina, por ejemplo, pagó 148 millones de dólares de management fee en 2000 a su operador técnico, Telefónica de España. Si a esto se le suman los 343 millones de dólares de ganancia neta que informó la compañía en su balance, se llega a un total de beneficios de 491 millones de dólares (16,6 % sobre ventas). Telecom le pagó a sus dos operadores técnicos, France Telecom y Stet (Italia) 130 millones de dólares en 2000 antes de contabilizar cualquier otro gasto, pago de intereses, amortizaciones, impuestos, etc. De modo que las dos grandes telefónicas que operan en la Argentina podrían no ganar un centavo en sus balances de algún año, y aun así, sus casas matrices seguirían recibiendo remesas de cuantiosas utilidades.

Gas Natural BAN (Buenos Aires Norte) le paga a su operador técnico, el consorcio catalán-estadounidense Invergas, siete millones de dólares anuales por honorarios de administración. Esta suma es un tercio de toda la masa salarial de la compañía, que facturó 450 millones de dólares en 2000 y ganó 54 millones (12 %). El caso de Aguas Argentinas es similar: pagó 18 millones de dólares en 2000 a su casa matriz, Suez Lyonnaise Des Eaux (subsidiaria del mega grupo francés Vivendi), en concepto de honorarios por un ìcontrato de control de gestión y transferencia de tecnologíaî que firmó en 1993. Las ganancias de Aguas Argentinas parecen inmunes a la recesión. En 1998 ganó 36 millones de dólares, al año siguiente 62 y en 2000 tuvo un récord de ganancias de 85 millones (16,5 % de las ventas, que sube al 20 % si se consideran los "honorarios técnicos"). Por contraste, Aguas de Barcelona, que integra el consorcio dueño de Aguas Argentinas como grupo reportó beneficios anuales del 5 % sobre ventas. El 15 % de estos beneficios -antes de impuestos- fueron generados por Aguas Argentinas.

Tan fuertes rentas no provienen de una extraordinaria eficiencia de los operadores sino de las condiciones en que se pactaron las concesiones. Estas incluyeron mercados cautivos y monopólicos con tarifas iniciales muy altas que fueron inmediatamente dolarizadas e indexadas por los índices de precios estadounidenses, amén de una muy débil regulación estatal. Las ganancias extraordinarias fueron el incentivo ofrecido a las operadoras por el gobierno de Carlos Menem para hacerse cargo de los servicios.

Pero el correlato fue el mayor costo afrontado por los usuarios. La ley del casino se siguió cumpliendo: lo que unos ganan otros lo pierden.

Como durante la última década la tasa de inflación estadounidense superó holgadamente la nacional (en Estados Unidos los precios subieron entre un 15 y un 20%, mientras en la Argentina bajaron el 1%) , también se dio la paradoja de que los servicios se convirtieron en casi el único sector que pudo subir sus precios y eludir todos los riesgos de la operatoria económica que enfrentaron los demás.

Una investigación del área de economía de Flacso da cuenta de que los "ingresos ilegales" derivados de las indexaciones que acumulan las empresas hasta fines del 2000 superan los 9 mil millones de dólares. Claro que renegociar todo esto lleva un tiempo y un costo, que debería ser asumido por las empresas.

El artículo 9º de la ley de emergencia fija criterios de renegociación de todos los contratos. El primero es la influencia que tienen las tarifas de los servicios públicos sobre la competitividad de la economía y la distribución del ingreso. El otro, planteado en el artículo 13º, propone regular los precios de los mercados, sobre todo de los oligopólicos. Por ejemplo, el del petróleo, que tiene una influencia decisiva sobre la cadena energética (gas natural y energía eléctrica).

Pero para hacerlo hace falta estado. Hoy no lo tenemos porque lo destruyó el ajuste y el uso clientelar. Porque mientras el sector público se achicaba vía privatizaciones, el remanente quedaba para uso de los partidos, como suerte de cajas chicas -o no tan chicas- de los partidos. Hace falta capacidad técnica probada y probidad. Lo primero se puede conseguir haciendo concursos limpios y lo segundo, con transparencia absoluta de las decisiones de gobierno y control ciudadano genuino.

Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Está visto que los políticos que usufructúan de los cargos públicos para acumulación individual no están dispuestos voluntariamente a perder privilegios. Máxime en una época de gran crisis económica y social donde el empleo público es un refugio seguro y virtualmente único frente a la malaria general. Solo la imposición popular podría torcer estas prácticas tan arraigadas.

El malestar actual es generalizado. Pero no nos engañemos. No todos queremos lo mismo. Muchos están enojados porque no se cumple con la promesa de un capitalismo serio y primermundista con el que siguen soñando. No son pocos los que se van o quieren irse a buscar eso mismo en otros suelos. Hoy está abierta la oportunidad para mostrar en qué se convierten esos vanos sueños. Lo que no quiere decir que no puedan aparecer falsos atajos y nuevos espejismos.

Por ahora, parece que la crisis de hegemonía en el seno del bloque en el poder no logra articular una salida para la crisis que encolumne a todos en un mismo proyecto y arrastre, luego, a una porción de las clases subalternas. No tienen qué prometer, ni mucho menos qué dar a cambio del apoyo necesario. No son capaces siquiera de articular una mínima ayuda social para los más castigados. No parecen dispuestos a suscribir un compromiso. La Mesa que propicia la iglesia es un ejemplo palmario. Los exportadores agropecuarios ofrecieron rimbombantemente colaborar con 1.400 millones de dólares para ayuda social... Claro que a cambio de que no les pusieran retenciones. Cuando les aplicaron el 10 % gritaron furiosos y retiraron todo vestigio de ayuda caritativa. Argumentan que sólo quieren dar dinero -algo, el que sus conciencias les indique y puedan oblar voluntariamente- si se les asegura que llegará directamente a los necesitados y no se deperdigará en la maraña del aparato clientelar.

En algo tienen razón: el clientelismo espúreo e ineficiente degrada toda acción estatal. Pero detrás de esto está la excusa para no pagar los impuestos que corresponden y no ayudar a reconstruir la estructura pública idónea y racional que hace falta para gestionar cualquier ayuda social.

El camino alternativo
El camino alternativo, sin embargo, tampoco se avizora fácil. No puede ser reducido a la categoría de eslogan. Esta es una oportunidad histórica para demostrar las fallas del capitalismo y para afirmar la necesidad de transformar por completo el sistema social. Pero no puede eludirse que este camino será muy duro. Y siempre lo fue. La diferencia es que hoy el poder no ofrece a cambio nada seductor, como en los '90. Las promesas fastuosas del discurso neoliberal se han desgastado en el mundo al compás de la demostración flagrante de la profunda inequidad que sus recetas le trajeron a los pueblos. Por eso crecen los movimientos antiglobalización y el descontento. Pero todavía falta mucho por recorrer y la Argentina está en el medio de un tiempo complejo y virulento.

La izquierda tiene que tener propuestas concretas. Pero ni hacer enunciados abstractos o generales ni descender a una disputa absurda sobre tecnicismos que no alteran las relaciones de poder sobre las que se asientan las supuestas medidas para salir de la crisis.

Las decisiones económicas siempre son políticas. Porque asumen y redefinen relaciones de poder muy claras. Insistimos, no hay respuestas técnicas aisladas de las condiciones de poder que las hacen posibles. Por eso es que siempre pueden sonar absurdas o utópicas las medidas que pretendan afectar a los intereses poderosos. Lo que pasa es que la realidad ya no admite eufemismos. Hoy por hoy, en la medida en que los poderosos no parecen dispuestos a hacer concesiones de ninguna especie, las cosas quedan muy claras. Las medidas que pretenden aplicar sólo apuntan a salvar al reducido núcleo de ganadores del sistema y a mantener a raya a los demás.

Porque no parece haber mucho margen para una salida concertada que permita, al menos, incorporar a una porción de las clases subalternas en el nuevo esquema de reparto de las cargas y ventajas sociales. No parece vislumbrarse un proyecto burgués -ni "nacional" ni transnacional- que logre erigirse como hegemónico y dar alguna salida medianamente exitosa que encolumne al conjunto. Las demandas sectoriales anárquicas priman sobre todo lo demás. Y el denostado estado vuelve a ponerse en primer plano. Las petroleras, por caso, no sienten el mas mínimo rubor al reclamar públicamente que el estado les otorgue un seguro de cambio para afrontar sus deudas en dólares. Es decir, que el conjunto de la sociedad asuma como propio el riesgo de un negocio privado que, pequeño detalle, °genera ingresos en dólares!

En un acto en la UCA el jueves 14 de marzo, Jorge Forteza, número dos de Booz Allen y uno de los cosultores más escuchados en el mundo de los negocios dijo: "el actor dominante de la economía no puede ser exclusivamente la empresa multinacional. No existe país que no tenga por lo menos 10 grandes grupos nacionales". "Los empresarios nacionales que quedan en pie son sobrevivientes y la sociedad argentina no hace nada por celebrar su existencia. En otros países erían héroes, pero aquí viven bajo permanente sospecha".
En ese encuentro, Oscar Vicente, de Pérez Companc, pidió que el Gobierno participe de la negociación de los privados con sus acreedores externos. "Queremos que el estado esté presente en el problema de la deuda externa privada. Generar un paraguas común cuando nos sentemos a la mesa, antes de negociar cada empresa en forma individual. También queremos ver al Gobierno cuando negocia con sus acreedores, en términos de quita, tasa y tiempo".

Una pregunta clave es si podrá sobrevivir la democracia, si la represión necesaria para seguir deprimiendo el nivel de vida de la gente es compatible con instituciones formalmente democráticas.

La única alternativa es construir el poder popular necesario para enfrentar los intereses poderosos que hoy nos quieren condenar a descender aún mucho más en los niveles de vida y expectativas de nuestro pueblo. Ese poder se construye en la participación cotidiana, en la lucha social, política e ideológica en todos los frentes. El destino capitalista que se ofrece para la Argentina, convenzámonos de una vez, no es Australia. Se parece más a Venezuela, el Perú o el Ecuador. Veamos, entonces, si se puede torcer el rumbo.

Nos asustan con el fantasma de que si no viene la ayuda externa, se cae todo. Pero las condiciones que impone esa ayuda condenan al desastre a cada vez más personas. ¿Qué es, entonces, lo que hay que salvar? ¿En nombre de qué futuro se puede empujar a millones a la desaparición? ¿Quién cree qué puede estar a salvo?
Si en cualquiera de los casos nos auguran un futuro tremendamente difícil y doloroso, ¿no habrá una forma de intentar un camino mas inclusivo? Cómo estamos, la plata no viene. Si viene, es para salvar a grandes grupos y para que sigamos expulsando gente a la indigencia.

¿Si reestatizamos la seguridad social se asustarán los capitales ya asustados? ¿Si aplicamos fuertes retenciones a las exportaciones petroleras, para además de obtener divisas para planes sociales y reconversión productiva, desestimulamos la sobreexplotación de un recurso no renovable que podría extinguirse en pocos años, nos harán algún boicot? ¿Si damos un paso más y recuperamos la renta petrolera, se nos vendrán encima los europeos, porque les quitamos el negocio? ¿Si se aplican las retenciones al agro que puso el "revolucionario leninista" Adalbert Krieger Vasena, para impedir la traslación de la devaluación al precio de los alimentos, se funde el campo? ¿Si nos ponemos duros con las privatizadas y reducimos su rentabilidad a limites "razonables" y compatibles con el bienestar general, van a abandonar la explotación y nos harán juicio? (antes, el miedo era que se espantaran otros capitales y no vinieran a invertir. Ahora ¿qué?) ¿Si fortalecemos la banca pública para que otorgue créditos a la actividad productiva genuina de las Pymes, nos excomulgarán en el Olimpo financiero? ¿Si promovemos un acuerdo igualitario y sustentable con el Brasil en el Mercosur, nos excomulgarán los promotores del ALCA? ¿Si sostenemos en serio la producción de medicamentos genéricos, nos comerán crudos las multinacionales farmacéuticas?

Tenemos que preguntarnos, también, ¿cómo haremos para convencer a los que fugaron la plata que la vuelvan a traer? ¿Servirá que vean cómo los más astutos capitales brasileños, con apoyo de su gobierno, vienen de compras por estas tierras a llevarse a precio de ganga fábricas enteras, que engarzarán muy rentablemente en sus cadenas productivas?

Y, en todo caso, ¿seremos capaces de convencer a los ahorristas que están en el corralito para que dejen su dinero en el circuito y no lo fuguen a dólares, para reactivar la economía?

Para todo ello hace falta fuerza política, proyecto y estado. La reconstrucción de un estado desquiciado, colonizado y paralizado por la ineficacia y la falta de rumbo debe ser hecha de abajo hacia arriba. Esto quiere decir que debe asegurarse un control genuino de la sociedad respecto a la fijación de prioridades y a la ejecución concreta de las tareas encomendadas. No se trata de organizar asambleas interminables para que no resuelvan nada. Se trata de abrir efectivamente los mecanismos necesarios para el ejercicio de un control efectivo y posible de la acción pública. Si se establecen, por ejemplo, claramente cuáles son las tareas a realizar por cada oficina pública, se publicitan los antecedentes de cada persona que ocupa un cargo y se transparentan los gastos, las oportunidades de fraude y amiguismo se acotan enormemente.

Ahora bien, para hacer eso hace falta voluntad de dejar atrás hábitos culturales muy fuertes. El amiguismo, por ejemplo, que tiene su costado socialmente valorado: la lealtad, el deber de proteger y ayudar a los amigos cuando uno puede.