En el mes de diciembre se han aprobado tres leyes muy significativas si se las aprecia como pasos decisivos en torno del proceso de consolidación y profundización del desarrollo con inclusión social. Estas leyes no han tenido la repercusión que se merecen, tapadas en los medios masivos de comunicación por noticias relativas al deseo de sus emisores de ocultar los cambios trascendentales que suponen los avances legislativos de nuestro Congreso nacional.

Creemos, entonces, necesario otorgar su justo relieve a estas nuevas normas vinculadas con actividades clave del país e intentar, con este modesto aporte, que se conozcan en su real esencia y en su importante aspecto hacia el futuro.

La legislación que pasó en forma airosa el escrutinio de nuestros legisladores fue iniciativa, en los tres casos, tanto de proyectos del Poder Ejecutivo como de propuestas de legisladores del Frente para la Victoria y su implementación permitirá ampliar los derechos sociales y económicos de los sectores sociales de menor nivel económico y de más bajo ingreso.

La estructura de un país está configurada en gran parte por su institucionalidad jurídica. En este sentido es fundamental el Código Civil, que dicta y organiza las normas jurídicas sustantivas de derecho privado. Su articulado define una determinada forma de organización social y económica, que suele perdurar en el tiempo. Para calibrar su importancia, es bueno recordar la frase de Napoleón Bonaparte, que en su exilio decía: “Mi verdadera gloria no es haber ganado cuarenta batallas. Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. Lo que nada borrará, aquello que vivirá siempre, es mi Código Civil”. Tenía razón: fue un instrumento fundamental en la estructuración de la sociedad burguesa del siglo XIX y su influencia aún perdura, ya que sirvió de modelo a otros códigos.