"Quisieron matar a la yarará, pero no la golpearon en la cabeza, apenas le cortaron el rabo", declaró una vez sobre sí mismo el ex-presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quien cumple 500 días preso en Curitiba, la capital del Estado sureño de Paraná, tras haber sido condenado por la cuarta sala del Tribunal Federal de Apelaciones a 12 años y meses, en lo que obró como confirmación de la condena impuesta en primera instancia por Sergio Moro, quien hoy ocupa el Ministerio de Justicia del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

La condena del ex-presidente fue el punto cúlmine de una operación que había adquirido enorme prestigio global como una cruzada contra la corrupción de los poderosos, que sacudió los cimientos del sistema brasileño. Dirigentes políticos, como el poderosos presidente de la Cámara de Diputados, articulador de la destitución de Dilma Rousseff, empresarios como Marcelo Odebrecht, encargado de la mayor constructora de América Latina, directores y funcionarios de Petrobras, habían caído en una operación inédita en la que Lula, sindicado por los fiscales como el organizador del mega esquema de corrupción aparecía como el premio mayor.

Sin embargo, la condena fue, desde un principio, problemática. Apenas el prestigio ganado por Sergio Moro, y la crisis económica que atravesaba el gobierno de la copartidaria de Lula, Dilma Rousseff, pueden explicar que se haya permitido seguir en Curitiba un proceso por un departamento ubicado en Guarujá, una ciudad balnearia en el Estado de San Pablo, sin que existieran elementos que relacionaran la supuesta coima con la actividad de la petrolera estatal, que era el fundamento de la operación Lava Jato. Principios jurídicos básicos, que suponen que para confirmar una sentencia la misma debe versar sobre los mismos hechos que la de primera instancia fueron desconocidos en el caso del ex-presidente para forzar una condena. Ante la imposibilidad de relacionar el departamento atribuído a Lula y la corrupción en Petrobras, Sergio Moro habló de "actos de oficio indeterminados", esto es, gestiones no conocidas en favor de la empresa, o lo que es lo mismo, un delito que no sabemos cuál es, pero que como está el departamento, suponemos que existió. Demasiado para el Tribunal de Apelaciones, que lo condenó por una acción totalmente diferente, que es el nombramiento de directores probadamente corruptos, en virtud de sus responsabilidades como presidente. Una curiosa doctrina jurídica que convierte al jefe del Poder Ejecutivo en el responsable de cualquier cosa que suceda en el Estado.

La condena en segunda instancia y orden de detención hace exactamente 500 días, al margen de las irregularidades comprobadas, tuvo un efecto adiciónal al dejar a Lula inhabilitado para competir en las elecciones presidenciales previstas para seis meses después, cuando el ex-presidente encabezaba, ampliamente, todas las encuestas de intención de voto. Tras intentar infructuosamente una declaración de inconstitucionalidad del impedimento de concurrir a elecciones cuando todavía quedaban recursos vigentes ante instancias superiores, el Partido de los Trabajadores (PT) debió improvisar la candidatura presidencial del ex intendente de San Pablo, Fernando Haddad, quien en ese momento tenía apenas dos puntos de intención de voto en las encuestas. El intento de transferir los votos de Lula al nuevo candidato fue dificultado por otra polémica decisión judicial, que impidió a Lula dar entrevistas en vísperas de las elecciones. Haddad lograría alcanzar la segunda vuelta para ser eventualmente derrotado en esa instancia por Jair Bolsonaro, quien nombraría a Sergio Moro, el primer juez en condenar a Lula, como Ministro de Justicia, con enormes poderes.

Si el relato de los hechos conocidos hasta entonces desataba controversias, lo que hoy sabemos es motivo de escándalo. De las conversaciones de Telegram de integrantes del Ministerio Público filtradas por el portal The Intercept confirmó muchas de las peores sospechas sobre la operación, y deja flotando otras. Hoy sabemos que el Juez que gustaba de pasearse por los medios de comunicación con auras de justiciero actuaba como verdadero fiscal de la causa, aconsejando y dando pautas de procedimiento a los integrantes del Ministerio Público para fortalecer la acusación contra el ex-presidente, mientras utilizaban los medios de comunicación para poner presión sobre jueces de otras instancias ara evitar que se declaren nulidades por las evidentes irregularidades de procedimiento. Entre las cosas que aún falta explicar, la participación de jueces del Tribunal Superior y del Tribunal de Apelaciones en la toma de decisiones en consulta con el juez y los integrantes del ministerio público; así como un apoyo material estadounidense a la operación Lava Jato aparecen sugeridos pero no probados.

Brasil hoy es, bajo cualquier métrica, un país peor que al comienzo de la operación que llevaría a prisión a un presidente que dejó el poder con la aprobación de cuatro de cada cinco de sus compatriotas. Un país que se preparaba para organizar el Mundial y los Juegos Olímpicos de la mano de su alto crecimiento, los logros en la lucha contra el hambre y la desigualdad y el innegable carisma personal de su primer presidente obrero. Con el desempleo hace años en dos dígitos, una economía que llegará a 2020 sin recuperar el producto per cápita de 2011, y donde los más pobres sufren en mucho mayor medida una crisis que, de la mano de las reformas impulsadas por Michel Temer y Jair Bolsonaro, dio marcha atrás en todas las mejoras distributivas de los gobiernos del Partido de los Trabajadores. La imagen internacional del país encuentra sus peores indicadores tras un proceso que evidenció una política disfuncional, un gran empresariado que fue estigmatizado incluso allende las fronteras y, sobre todo, un presidente notorio por sus declaraciones misóginas, homofóbicas y racistas, su reivindicación de la tortura y las dictaduras y su, cuanto menos, inacción ante una posible catástrofe ambiental en la Amazonía.

Mientras, Lula se acerca al cumplimiento de un sexto de su condena, que le permitiría salir en libertad durante el día y, tras el levantamiento de una prohibición que resultó sospechosamente funcional al resultado de la elección presidencial, hace política de manera constante, recibiendo visitas y dando entrevistas en las que se expide sobre la actualidad brasileña, defiende su legado y ataca al actual gobierno. Más allá de los vaivenes procesales, dice esperar una revisión judicial que le permita "probar su inocencia" y protagoniza la versión brasileña de la grieta. Con un Sergio Moro que, a fuerza de las numerosas irregularidades probadas fue bajado del pedestal en que gran parte de la sociedad y los medios de comunicación lo habían colocado, Lula cuenta con el apoyo de casi la mitad de los brasileños que consideran que fue injustamente condenado. Del otro lado, son poco más de la mitad quienes todavía siguen apoyando su encarcelamiento. Con un ojo en la justicia y otro en las malas noticias que la economía le sigue dando al proyecto de desmantelamiento del Estado del gobierno de Bolsonaro, el político más importante de Brasil desde el retorno de la democracia sueña con su enésimo y último regreso.

^{Cenital - 20 de agosto de 2019}