En los últimos años los países de América Latina y el Caribe han observado un creciente nivel de conflictividad en relación al desarrollo y emplazamiento de emprendimientos productivos, en especial aquellos extractivos y de gran envergadura que impactan en las condiciones de vida de la población y en el medio ambiente. Es común que esas disputas se caractericen por una alta polarización, ausencia de espacios de diálogo, asimetrías informativas, poca transparencia, insuficiencia o dificultad de manejo de evidencias científicas, intereses ocultos y conflictos de valores e ideologías subyacentes, todo lo cual dificulta su abordaje y conduce en muchos casos a mecanismos no deliberativos de resolución caracterizados por altos costos de transacción.

En muchas ocasiones, el uso, manejo y protección de los recursos hídricos se encuentra en el centro de esas controversias. Los conflictos revisten usualmente el carácter ambiental o socio ambiental, dado el lugar central y preeminente que el recurso hídrico posee en el ecosistema y en la sociedad. Ellos presentan también una escala espacial y territorial muy diversa que puede ir desde lo local, regional y nacional hasta la esfera internacional o transfronteriza cuando el recurso es compartido por dos o más Estados.

Situadas en las antípodas de América latina, y del Cono Sur en particular, China y Asia oriental atraen con mucha razón una atención creciente de los observadores de temas internacionales del mundo entero. Esto se debe a la vez a su importancia económica y geopolítica en auge rapidísimo durante las últimas décadas y a las múltiples lecciones que estos países ofrecen, especialmente sus combinaciones en general exitosas de fuerte acción estatal y mercados dinámicos, sin contar la fascinación secular de Occidente con las brillantes civilizaciones del Extremo Oriente. Para América latina y el Caribe, como para Asia oriental y buena parte de África y del resto del mundo, China se fue afirmando en años recientes como un socio comercial de primerísima categoría, en muchos casos, como en los de Brasil y Chile, como primer mercado de exportación.

Los actuales territorios metropolitanos cuestionan nuestra idea de ciudad: son vastos territorios de urbanización discontinua, fragmentada en unos casos, difusa en otros, sin límites precisos, con escasos referentes físicos y simbólicos que marquen el territorio, de espacios públicos pobres y sometidos a potentes dinámicas privatizadoras, caracterizada por la segregación social y la especialización funcional a gran escala y por centralidades “gentrificadas” (clasistas) o “museificadas”, convertidas en parques temáticos o estratificadas por las ofertas de consumo. Esta ciudad, o “no ciudad” (como diría Marc Augé) es a la vez expresión y reproducción de una sociedad a la vez heterogénea y compartimentada (o “guetizada”), es decir mal cohesionada.

No hay duda que eso que llamamos “conflictos urbano-ambientales” está al alza en América Latina, a pesar de que no tengamos una definición rigurosa de lo que se trata. Hoy en día la capacidad de los gobiernos para imponer una idea del “interés público” mediante proyectos está fuertemente cuestionada (sobre todo si son grandes proyectos), tanto por una creciente movilización social como por nuevas formas de captura de las burocracias por intereses económicos. Aquí intento una visión panorámica del catálogo de preguntas que este proceso suscita para las ciencias sociales, en particular desde el cruce entre dos disciplinas: el derecho y la sociología. Para ello, parto de la distinción entre el punto de vista interno y el externo del análisis de los fenómenos jurídicos.

Cuando los investigadores sociales exploran un conflicto urbano-ambiental suelen penetrar en su dimensión jurídica. No solo les resulta inevitable contar la historia de lo que ocurrió cuando alguien acudió a tal o cual tribunal, sino que es difícil evitar una narrativa que no lleve consigo una opinión jurídica, es decir una postura sobre cuáles son los actores cuyos derechos han sido vulnerados o de qué modo han vulnerado los derechos de otros. Aquí no falta el abogado o el jurista que dice “¡alto ahí! Está usted cruzando el umbral de la ciencia jurídica y ese no es su territorio”, pero lo cierto es que quien analiza un conflicto con los métodos de las ciencias sociales y termina emitiendo una opinión jurídica, con frecuencia ofrece una contribución original para la comprensión de “el caso”. Pero esa contribución implica tomarse en serio la complejidad interna del mundo del derecho y en particular la fuerza normativa de algunas categorías que no por ser polémicas van a desaparecer. Ahí están, por ejemplo la idea de la igualdad ante la ley (que obligaría a compensar una expropiación a grandes terratenientes igual que a comunidades campesinas) o la noción de interés público, que puede ser legítimamente movilizada cuando se trata de llevar agua a los sectores vulnerables de una ciudad, aun a costa de una comunidad rural (y obviamente ¿a cambio de qué?).

Pero más allá de que la investigación social puede enriquecer el punto de vista interno del derecho, su mayor contribución se da cuando ofrece un punto de vista externo del mismo. Esto es, una comprensión del significado social del derecho que incluye aspectos del conflicto que las ciencias jurídicas no son capaces de registrar. El método supone dos pasos: la reconstrucción de lo que está en juego en el conflicto y el análisis de su juridificación.

Tipos de conflicto

Para identificar lo que está en juego (frase que no me cansaré de repetir) en los conflictos urbano-ambientales lo primero es construir una tipología de los mismos. Me parece que se pueden distinguir tres tipos de conflicto según lo que en ellos está en juego: la transformación del entorno, la exclusión social y la expropiación. Estas cuestiones pueden estar presentes en el mismo conflicto pero son analíticamente distintas. Para comprender lo que está en juego en los conflictos por la transformación del entorno, es interesante seguir la sugerencia de Mariana Valverde en el sentido de identificar los cronotopos (en el sentido de Bakhtin) que los actores movilizan en cada caso, o sea las ideas de tiempo y lugar que dan sentido a la experiencia urbana y que van desde la evocación del pasado cuando la escala es el barrio, hasta la movilización de un futuro promisorio cando la escala es la de la ciudad). Al reconocer la complejidad de la dimensión espacio-temporal del conflicto, es posible reconocer, por ejemplo, el modo en que lo que está en juego se transforma conforme avanza el conflicto; lo que inicia como una defensa del barrio puede convertirse en una lucha por la democratización de la gestión urbana o de la reforma del papel de los jueces. Para resumir esta cuestión, alguien dirá que lo que está en juego es “el tipo de ciudad que queremos”, pero lo importante para las ciencias sociales es identificar el modo en que los actores movilizan sus propios repertorios y los efectos sociales resultantes.

En los conflictos por condiciones de exclusión lo que está en juego es la situación de un grupo respecto de los bienes públicos de la ciudad y tienen que ver no solo con el acceso a ciertos satisfactores básicos (agua, transporte…) sino con condiciones ambientales que suponen una exposición desigual a riesgos de todo tipo. Son estos los conflictos que proporcionan su mayor fuerza normativa a la idea del derecho a la ciudad, aunque esto, una vez más, pueda ser polémico en el mundo del derecho. Acaso la pregunta más recurrente aquí es ¿cómo es posible que los sectores populares aceptan condiciones de desigualdad como las que marcan a las ciudades de América Latina? Y ello nos remite a una pregunta más general de la sociología urbana: ¿de qué está hecho el orden social en estas ciudades que naturaliza esa desigualdad? Y sobre todo ¿cuál es la productividad social de los conflictos que ponen en entredicho ese orden?

Un tercer tipo de conflicto es el que surge por el ejercicio del poder expropiatorio del Estado. Lo que está en juego es el balance entre el poder del Estado y el poder del propietario –o, si se quiere, la propiedad como relación social–. Cuando esos conflictos se leen exclusivamente en clave jurídica, lo que se encuentra es una polarización entre doctrinas más o menos favorables a la defensa del derecho de propiedad. Pero una mirada más cercana revela una enorme ambigüedad en el asunto: no solo porque a veces los propietarios “afectados” en realidad son beneficiados cuando son capaces de obtener altas indemnizaciones. También porque los afectados pueden ser sectores sociales vulnerables para quienes la pérdida de la propiedad es además la pérdida de su única vivienda (o sea una coincidencia entre expropiación y exclusión social). Aquí, la urgencia del analista por “tomar partido” suele opacar la riqueza y la complejidad del conflicto. Cuando se analizan de cerca los conflictos por expropiaciones, es posible reconstruir el orden urbano en su dinámica socio temporal; es decir, la ciudad no solamente como una estructura estática construida a partir de la distinción entre espacios públicos y espacios privados, sino la dinámica socio-política que reproduce (y es condicionada por) dicha estructura en un proceso siempre abierto.

Reconstruir la lógica social

Una vez que se tiene una idea clara de lo que está en juego y su complejidad, es posible introducir la dimensión jurídica a través del concepto de juridificación, mediante el cual se trata de evitar la adopción de los conceptos jurídicos como válidos, para poder reconstruir la lógica social propia del campo jurídico. Para ver el derecho “desde fuera” es preciso tomar distancia de sus propias categorías y registrar el modo en que los actores lo movilizan. Pero sobre todo, es preciso preguntarse cómo es que el rumbo del conflicto es redefinido una vez que ha entrado al mundo del derecho. Obviamente jueces y abogados se convierten en personajes importantes, y por eso hay que preguntarse qué está en juego para ellos en el conflicto. Pero sobre todo no hay que olvidar que los actores iniciales del conflicto (que representan los intereses y las visiones en lucha en la ciudad y su entorno) siguen siendo actores y siguen pesando sobre el resultado. Acaso sea este el reto más grande de la investigación sociológica sobre los conflictos: registrar el sesgo específico que la juridificación imprime al conflicto, sin dejar de lado que siempre se trata de una re-definición del orden urbano, con la ley o a pesar de ella.

¿Para qué sirve todo esto? Se trata de recuperar el viejo proyecto de la sociología, que en gran parte ha sido el de encontrar una explicación no contractualista del orden social. Mientras dominen las teorías de la “gobernanza”, que suponen la posibilidad de un orden pactado desde la neutralidad de unos actores ubicados más allá del conflicto, seguirá siendo válido el proyecto de comprender el orden social a partir del conflicto.

Después del agua, el recurso no renovable más consumido en el mundo es la arena. Su extracción indiscriminada borró varias islas de Indonesia. Cada día hay menos playas en el Caribe, y en la India supone una amenaza mayor que la contaminación.

Antes que el agua, se acabarán las playas. Porque los mares suben y se las llevan, y porque el hombre las convierte en ciudades. Después del agua, el recurso natural no renovable que más se consume es la arena. Para hacer detergente, celulares, rimel, ruedas, autos, aviones y edificios y muchas otras cosas que hoy son la vida. Si todo sigue así, para fines de este siglo habitaremos un mundo sin playas. Entonces las olas vendrán por nosotros. Por todas esas ciudades que un día fueron sus playas.

Según un informe de la Union of Geological Sciences, el tráfico mundial de arena ronda los 18.000 millones de toneladas por año. Una cifra inconcebible para la imaginación humana. Pero si se tiene en cuenta que el mundo consume anualmente 3.400 millones de toneladas de petróleo, la cifra se entiende mejor. La cifra y el desastre.

Las nuevas estimaciones acerca del impacto de la contaminación atmosférica sobre la salud sorprenden no porque se trate de nuevas afecciones, sino por el cambio de escala. "En 2012, unos siete millones de personas murieron en el mundo como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica -advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS)-. Esta conclusión duplica con creces las estimaciones anteriores y confirma que la contaminación atmosférica constituye en la actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la salud más importante del mundo."

La mención al principio precautorio ha devenido en un lugar común en diversos documentos que cuestionan el desarrollo de las tecnologías que pudieran representar peligros futuros a la salud humana y al medioambiente. Con orígenes en el derecho ambiental alemán (Vorsorgeprinzip), el principio precautorio se fue expandiendo globalmente en legislaciones y declaraciones que ponen el acento en la defensa del ecosistema, en particular en la Declaración de Río de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo (1992), en la influyente Declaración de Wingspread (1998) y recalando en nuestro marco normativo en la ley 25.675 (Ley General del Ambiente, 2002). También reconocidas organizaciones no gubernamentales, por caso Greenpeace, hacen referencia permanente al principio precautorio en sus documentos y campañas. Más allá de su notoria centralidad en el discurso ambientalista, el principio precautorio está lejos de poseer uniformidad en su formulación.

Lo que hoy llamamos "nuestra civilización" se construyó sobre tres pilares que dieron lugar a la Revolución Industrial del siglo XVIII: el sistema de producción fabril; el triunfo de las ideas de la Ilustración, que ubicaron a la razón y a la ciencia como bases del conocimiento, y las máquinas térmicas. Estos tres pilares de la modernidad se constituyeron en elementos emancipatorios: forjaron sociedades abiertas, permitieron el florecimiento de la creatividad humana y liberaron para la producción todas las potencialidades energéticas de la naturaleza almacenadas en los combustibles fósiles.

Homo sapiens, nuestra especie, tiene por naturaleza el producir socialmente su propia existencia. Lo hace a través del trabajo, gracias al cual transforma en valores de uso los recursos naturales que no consume como tales. Mediación indispensable entre la humanidad y su entorno, este trabajo es una actividad consciente: su resultado preexiste en el cerebro del productor bajo la forma de un proyecto que el trabajador adapta a medida que se ejecuta y del que hace luego un balance.

En un artículo de prensa en el International Herald Tribune del 27 de septiembre de 2007, Ban Kimoon, secretario general de Naciones Unidas establecía: “A partir de ahora el cambio climático no es un tema principalmente del medio ambiente (…) Como un tema político, el cambio climático se convierte en estrechamente vinculado con el desarrollo económico (…)”. Este estudio analiza el vínculo entre las tecnologías de la información y comunicación y el cambio climático en países en desarrollo y plantea una agenda de investigación sobre el tema.