España acaba de vivir una semana de vértigo.

El lunes 9 de julio los ministros de economia y finanzas del Eurogrupo llegaron a un acuerdo político entorno al Memorandum de Entendimiento (ME) que contiene la condicionalidad que irá ligada al programa de rescate de la banca española. A pesar de que no se espera la aprobación de la versión definitiva del ME hasta el 20 de julio, un día después de la reunión del Eurogrupo ya se había filtrado a la prensa un borrador detalladísimo del mismo.

Los ministros del Eurogrupo también aprobaron el lunes la propuesta de la Comisión Europea de conceder a España un año más de plazo (hasta el 2014) para reducir su déficit público por debajo del 3%. A cambio de este año extra, el gobierno español se comprometió a realizar un ajuste fiscal adicional por valor de 65.000 millones de euros, en los próximos dos años y medio, a través de una bateria de medidas fiscales nuevas, que Rajoy anunció el miércoles 11 de julio al Congreso y que el gobierno aprobó el viernes.

Hasta 32 condiciones para el sistema financiero y alguna más, en paralelo, para la política fiscal: para el conjunto de la economía española. Hasta 32 condiciones en 20 páginas plagadas de exigencias que cambiarán de arriba abajo el mapa bancario español y, de paso, parte de la política económica de los próximos años, empezando por una nueva tanda de recortes que el Gobierno debe poner en marcha de inmediato y por una fiscalización constante de la troika —los hombres de negro de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional—, que visitarán Madrid constantemente: cada tres meses.

La UE subió este martes varios escalones el grado de intervención sobre la economía española con la firma de un duro contrato ">http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-e54a-5e7e.pdf](el denominado memorándum de entendimiento) a cambio del rescate para la banca española de hasta 100.000 millones de euros para tapar las vergüenzas que ha dejado el reventón de la burbuja inmobiliaria. Terapia de choque: un vuelco para el sistema financiero, para la supervisión del Banco de España y el Ministerio de Economía, y recortes fiscales adicionales y a la manera de Berlín y Bruselas: en plena recesión, y con un ultimátum que obliga a España a aprobar dolorosas medidas en un máximo de tres meses.