El documento judicial establece una cifra máxima de aproximadamente US$16.680 millones, de los cuales unos US$12.700 millones son garantizados y el resto depende de que otras plataformas (Snapchat, TikTok y YouTube) adopten determinadas medidas.

Lo que se juega ahora en estos litigios y en las regulaciones ya adoptadas por la UE y otros estados es bastante más que la salud mental de sus niños y adolescentes: es también la salud democrática de la ciudadanía de hoy y de mañana. En realidad, su capacidad para resistir la deriva hacia el gobierno de una “oligarquía digital” que se nos impone