Un eje es el del ultraneoliberalismo del ministro de Economía Paulo Guedes, que garantiza el apoyo del gran empresariado y de todos los voceros del neoliberalismo. Un eje que avanza en la destrucción del país, independientemente de los apoyos en el Parlamento o de la opinión publica. El segundo eje son los militares. Como Bolsonaro no tiene partido, buscó reencontrarse con los militares para tener su apoyo, razón por la cual nombró a docenas de ellos en cargos importantes del gobierno.

El tercer eje existe alrededor del nombramiento de Moro para el Ministerio de Justicia, a fin de llevar la Operación Lava Jato al gobierno, hacer de ella una política de Estado, con el objetivo de construir un Estado policial en Brasil. Se trata de criminalizar a los movimientos sociales, a los partidos de izquierda, a asociaciones del campo popular, a personalidades de izquierda. El objetivo es blindar al Estado, de forma que no sea posible un nuevo 2002, cuando Lula triunfó por primera vez.

Uno de los instrumentos para ello, heredado directamente de los gobiernos norteamericanos, es acusar de "terrorismo" a los movimientos sociales que supuestamente atentarían en contra del derecho a la propiedad privada – antes que nada el Movimiento Sin Tierra (MST) – para atacarlos e intentar destruirlos.

El gobierno ha retomado una modalidad todavía más radical del neoliberalismo, con la destrucción del patrimonio público, la liquidación de los derechos de los trabajadores y el congelamento de los recursos para políticas sociales. Una política que solo atiende a los intereses del capital financiero.

Un modelo antipopular y antinacional como ese requiere un régimen político antidemocrático, que busca impedir una nueva derrota electoral de la derecha, como ha ocurrido cuatro veces del 2002 al 2014, en disputas democráticas. De ahí la ruptura de la democracia con el golpe que sacó a Dilma Rousseff del gobierno, sin ningún fundamento legal, y que contó’ con el silencio cómplice del Poder Judicial. Se ponía en práctica la guerra híbrida,una nueva estrategia de la derecha a escala internacional que incluye la persecución política y la judicialización de lo político, esto es, el Poder Judicial sustituyendo la soberanía popular por sus decisiones arbitrarias.

El golpe en contra de Dilma ha representado la ruptura de la democracia y la instauración de un régimen de excepción en Brasil. El proyecto del gobierno de Bolsonaro representa el intento de pasar del régimen de excepción a un Estado de excepción, cerrando todos los espacios democráticos subsistentes e imponiendo efectivamente una dictadura.

Un Estado indispensable para que la falta de popularidad de la política económica neoliberal no lleve, mediante elecciones democráticas, a derrotas sistemáticas de la derecha, como ha ocurrido en Brasil desde 2002. Fue necesario apelar a instrumentos antidemocráticos tanto en el golpe contra Dilma, como en la persecución a Lula y en la victoria con fraude en las elecciones presidenciales.

El debilitamiento de Moro por las denuncias de The Intercept  menoscaba el proyecto de la derecha. El paquete que Moro ha enviado al Congreso, con duras medidas represivas, tiene cada vez menos posibilidades de ser aprobado, así como un torpe decreto que firmó’ para permitir la expulsión del país del periodista de The Intercept, Glenn Greenwald. Toda su reacción a las revelaciones de las conversaciones deben haber sido el objeto de un apresurado viaje de Moro a los EE.UU., del cual retornó con medidas que buscan desviar la atención de las denuncias, pero que han tenido el efecto contrario.

 Romper el eje del Estado policial del gobierno es un objetivo importante para las fuerzas democráticas brasileñas, tanto para frenar el proyecto de construir un Estado de excepción, como para ampliar los espacios democráticos, que son los que permiten que las mayorías puedan expresarse de forma libre y democrática sobre el futuro del país.

Página/12 - 30 de julio de 2019