Nigeria es el país más poblado de África y el primer productor de petróleo, condición que condena a su población, sobre todo la de la zona petrolífera, a la contaminación de su medio ambiente, a la explotación por parte de las empresas y a la represión oficial ante cualquier forma de resistencia.

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[b]Es como el paraíso y el infierno. Ellos lo tienen todo. Nosotros no tenemos nada […] Tiran nuestras peticiones a la papelera. Ellos son la causa de todos nuestros problemas. Si protestamos, envían soldados. Firman acuerdos con nosotros y luego nos ignoran. Tenemos titulados universitarios que pasan hambre, sin empleo. Y ellos traen a gente de Lagos para trabajar aquí.

Eghare W.O. Ojhogar
Jefe de la comunidad de
Ugborodo, estado de Delta [/b]

El 4 de febrero de 2005, el ejército disparó contra unos manifestantes en la terminal petrolera instalada por Chevron en Escravos, en la costa del oeste del delta del Níger, matando a un hombre e hiriendo al menos a otros 30. Chevron Nigeria, la empresa filial que gestiona la terminal, dijo que los manifestantes iban armados, aunque no parece que las fuerzas de seguridad confiscaran arma alguna ni se ve tampoco ninguna en unas grabaciones en vídeo que se hicieron de lo ocurrido.

Los manifestantes eran de Ugborodo, comunidad itsekiri que habita en una zona que se ve desde la terminal petrolera. Según la comunidad, protestaban porque la empresa no había cumplido su compromiso de proporcionarles puestos de trabajo y proyectos de desarrollo. La comunidad tiene electricidad durante dos horas al día gracias a un generador cuya instalación ha pagado ella misma. Chevron Nigeria suministra agua durante tres horas seguidas dos veces al día. Gran número de jóvenes de la comunidad están sin trabajo. Se quejan de sufrir discriminación en el proceso de contratación, lo que la empresa niega. Ni el gobierno ni Chevron Nigeria han realizado una investigación exhaustiva e independiente sobre lo ocurrido. La empresa dijo que no podía controlar las acciones de las fuerzas de seguridad en absoluto y no expresó ninguna intención de tomar de inmediato medidas para impedir nuevos incidentes.

Sólo dos semanas después se informó de que al menos 17 personas habían muerto y dos mujeres habían sido violadas al asaltar el ejército la comunidad Ijaw de Odioma, estado de Bayelsa. El ataque se llevó a cabo con el pretexto de detener a miembros de un grupo armado paramilitar sospechosos de haber matado a cuatro concejales locales y a otras ocho personas ese mismo mes. Según informes, los miembros de este grupo habían sido contratados por un subcontratista de la empresa filial de Shell en Nigeria. No se detuvo a los sospechosos, pero a lo largo de varios días fueron destruidas alrededor del 80 por ciento de las viviendas de Odioma. Dos de las víctimas, Balasanyun Omieh, mujer que tenía, al parecer, 105 años, y Inikio Omieye, de tan sólo 2, murieron quemadas. Los informes indican que a otras tres las mataron disparando contra ellas. Muchos habitantes de la zona huyeron debido a la violencia y ya no regresaron.

Una comisión judicial designada por el gobernador del estado de Bayelsa para investigar lo ocurrido presentó en junio de 2005 un informe que no se ha hecho público aún. No se tiene noticia de que haya tomado alguna medida para determinar el número de personas muertas y su identidad; ordenar la exhumación de los cadáveres; investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en las muertes, las lesiones causadas y la destrucción de viviendas, o poner a disposición judicial a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos.

En la región petrolífera del delta del Níger, en el sur de Nigeria, se han intensificado los conflictos y la violencia durante las dos últimas décadas. Los ingresos procedentes del petróleo constituyen más del 98 por ciento de los que recibe Nigeria por divisas. Sin embargo, la parte de esta riqueza que se distribuye dentro del delta del Níger o al conjunto de la población nigeriana es muy pequeña , Para muchos nigerianos siguen sin hacerse efectivos derechos económicos y sociales como el derecho a la salud y a un nivel adecuado de vida.

Millares de personas fueron víctimas de homicidios masivos cometidos cuando estalló el conflicto por el control del petróleo a finales de la década de 1990, así como en 2003 y 2004 . Un número creciente de activistas de los derechos humanos del Delta del Níger consideran a las empresas petroleras responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad nigerianas, tanto de las relacionadas con operaciones petroleras como de las perpetradas para proteger los intereses petroleros.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La ejecución de Ken Saro-Wiwa y otros ocho activistas ogoni –Baribor Bera, Saturday Doobee, Nordu Eawo, Daniel Gbokoo, Barinem Kiobel, John Kpuinen, Paul Levura y Felix Nuate– el 10 de noviembre de 1995 causó gran indignación en todo el mundo. Estas muertes pusieron de manifiesto el sufrimiento del pueblo ogoni, uno de los muchos grupos étnicos marginados que habitan en la región petrolífera del delta del río Níger.

Ken Saro-Wiwa luchaba por conseguir poner fin a los daños medioambientales, que estaban convirtiendo su región en, como él mismo dijo, un "erial" y ponían en peligro la salud y el sustento de los habitantes. Diez años después, los vertidos de petróleo tiñen aún de negro la tierra y contaminan las vías fluviales. Centenares de llamaradas de gas que arden día y noche llenan el aire de hollín y humos. Las diversas comunidades que habitan entre las columnas de fuego de los campos petrolíferos continúan viviendo en la extrema pobreza: el 70 por ciento de la población tiene que subsistir con menos de un dólar estadounidense al día.

El gobierno militar que ejecutó a Ken Saro-Wiwa y a sus ocho compañeros fue sustituido en 1999 por uno civil. Sin embargo, las fuerzas de seguridad gubernamentales continúan cometiendo homicidios y asaltando comunidades con impunidad. Se ha acosado, detenido y, a veces, golpeado a activistas de los derechos humanos y periodistas, incluidos equipos de televisiones extranjeras, por investigar derrames de petróleo o violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. El gobierno federal ha rechazado las peticiones que se le han dirigido para que se realicen investigaciones independientes e imparciales sobre los abusos de estas fuerzas, que actúan bajo su control directo.

En todas las regiones del mundo, los pueblos indígenas son víctimas de un racismo profundamente arraigado y de leyes y políticas discriminatorias. Sin la debida protección de su derecho a habitar y utilizar las tierras y territorios esenciales para su identidad cultural y su supervivencia diaria, las comunidades indígenas se ven a menudo abocadas a la pobreza extrema y la mala salud. Amnistía Internacional colabora con movimientos indígenas de todo el mundo en la promoción de unas normas internacionales de derechos humanos efectivas con que abordar las necesidades y circunstancias específicas de los pueblos indígenas. Parte de este trabajo de promoción consiste en pedir la adopción inmediata de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cuando se presente a la Asamblea General de la ONU este año.

ACTÚEN

Pidan que se rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el delta del Níger. Escriban al gobierno federal de Nigeria, instándole a:

• realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre los informes según los cuales las fuerzas de seguridad mataron, hirieron o agredieron a civiles o causaron daños en sus bienes en incidentes ocurridos el 4 de febrero de 2005 en la terminal de Escravos y el 19 de febrero de 2005 en Odioma; hacer públicos los resultados de estas investigaciones y de la realizada por el estado de Bayelsa sobre el caso de Odioma, y poner a los responsables de violaciones de derechos humanos a disposición judicial;.

• tomar de inmediato medidas para hacer plenamente efectivos los derechos de las comunidades afectadas, reconocidos en las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho de las comunidades afectadas por la explotación petrolera a dar o negar libremente su consentimiento a tales operaciones.

Fuente: InfoMoreno Boletín Nº 181