La presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires, el 26 de abril pasado, de una edición ampliada del libro "Nunca Más", el informe que realizara en 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que presidió el escritor Ernesto Sábato y fuese nombrada por el entonces presidente de la República, Raúl Alfonsín, ha suscitado vivas reacciones de la derecha política y social argentina, de algunos sectores militares y medios de comunicación.

El nuevo "Nunca Más" ofrece algunos 4 anexos complementarios, en dos volúmenes, que se incorporan a la apabullante información que reuniera la CONADEP sobre los ilegales y aberrantes medios -mundialmente conocidos- empleados por la dictadura militar (1976-1983) para reprimir opositores. Los anexos incluyen información relevada, actualizada y documentada sobre las víctimas, procedimientos y estructura organizativa de la represión establecida durante los gobiernos militares. Uno de ellos incluye además información sobre víctimas de la represión llevada a cabo durante los gobiernos militares anteriores a 1976.

Pero lo que ha provocado la reacción, en una variedad de tonos, de los sectores afines a la dictadura e incluso, de alguno de los miembros de la CONADEP y del propio ex presidente Alfonsín, es la incorporación de un nuevo prólogo (el original, redactado por Sábato, se mantiene íntegramente) que, en palabras del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, durante su presentación de la Feria del Libro, "rectifica el prólogo de la versión original de 1984 que cristalizó la llamada teoría de los dos demonios", según la cual el terrorismo de Estados de esos años fue la respuesta al terrorismo de izquierdas.

A continuación, Info-Dipló ofrece a sus abonados una transcripción del prólogo incorporado a la nueva versión del libro "Nunca Más"

PRÓLOGO A LA EDICIÓN DEL 30º ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO

Nuestro país está viviendo un momento histórico en el ámbito de los derechos humanos, treinta años después del golpe de Estado que instauró la más sangrienta dictadura militar de nuestra historia. Esta circunstancia excepcional es el resultado de la confluencia entre la decisión política del gobierno nacional, que ha hecho de los derechos humanos el pilar fundamental de las políticas públicas, y las inclaudicables exigencias de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de las últimas tres décadas.

A partir del restablecimiento de las instituciones constitucionales, el 10 de diciembre de 1983, hubo grandes hitos como el informe de la CONADEP, que hoy vuelve a reeditarse, y el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares, entre otros procesos judiciales. Hubo también pronunciados retrocesos como las llamadas leyes de "Punto Final" y de "Obediencia Debida" y los indultos presidenciales a condenados y procesados por la justicia federal.

Las exigencias de verdad, justicia y memoria están hoy instaladas como demandas centrales de vastos sectores sociales. Como lo afirmaban las Madres de Plaza de Mayo ya bajo la dictadura militar, cuando planteaban los dilemas de la verdadera reconciliación nacional, "el silencio no será una respuesta ni el tiempo cerrará las heridas".

Por ello, recordar el pasado reciente con la reedición del NUNCA MÁS este año del 30 Aniversario del golpe de Estado de 1976 tiene un significado particular cuando, a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso ha anulado las leyes de impunidad y una Corte Suprema renovada las ha declarado inconstitucionales y ha confirmado el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad.

Reafirmar el valor de la ética y de los derechos humanos en la profunda crisis heredada de la dictadura militar y de las políticas neoliberales no es una retórica declaración de principios en la Argentina posterior a los estallidos sociales de diciembre de 2001. Se trata de afianzar la ética de la responsabilidad en todos los órdenes de la actividad pública y la única manera de otorgar a las políticas públicas un contenido de justicia real y concreto.

Hace dos años, el 24 de marzo de 2004, se firmó en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) el Acuerdo para establecer el Espacio de la Memoria entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que puso fin de manera simbólica a cualquier intento de justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

Es preciso dejar claramente establecido -porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes- que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares, frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables.

Por otra parte, el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976, cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el statu quo, porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente. La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran conculcadas. La pedagogía del terror convirtió a los militares golpistas en señores de la vida y la muerte de todos los habitantes del país. En la aplicación de estas políticas, con la finalidad de evitar el resurgimiento de los movimientos políticos y sociales la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, conforme a la doctrina de la seguridad nacional, al servicio del privilegio y de intereses extranacionales. Disciplinar a la sociedad ahogando en sangre toda disidencia o contestación fue su propósito manifiesto. Obreros, dirigentes de comisiones internas de fábricas, sindicalistas, periodistas, abogados, psicólogos, profesores universitarios, docentes, estudiantes, niños, jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades y estamentos sociales fueron su blanco. Los testimonios y la documentación recogidos en el NUNCA MÁS son un testimonio hoy más vigente que nunca de esa tragedia.

Es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la República el recuerdo permanente de esta cruel etapa de la historia argentina como ejercicio colectivo de la memoria, con el fin de enseñar a las actuales y futuras generaciones las consecuencias irreparables que trae aparejada la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia ilegal por quienes ejercen el poder del Estado, para evitar que el olvido sea caldo de cultivo de su futura repetición.

La enseñanza de la historia no encuentra sustento en el odio o en la división en bandos enfrentados del pueblo argentino, sino que, por el contrario, busca unir a la sociedad tras las banderas de la justicia, la verdad y la memoria en defensa de los derechos humanos, la democracia y el orden republicano.

Actualmente tenemos por delante la inmensa tarea de revertir una situación de impunidad y de injusticia social, lo que supone vencer la hostilidad de poderosos sectores que con su complicidad de ayer y de hoy con el terrorismo de Estado y las políticas neoliberales la hicieron posible. Por ello, al mismo tiempo nos interpelan los grandes desafíos de continuar haciendo de la Argentina, frente a esas fuertes resistencias, no sólo un país más democrático y menos autoritario, sino también más igualitario y más equitativo.

El NUNCA MÁS del Estado y de la sociedad argentina debe dirigirse tanto a los crímenes
del terrorismo de Estado -la desaparición forzada, la apropiación de niños, los asesinatos y la tortura- como a las injusticias sociales que son una afrenta a la dignidad humana.

El NUNCA MÁS es un vasto programa a realizar por el Estado nacional, por las provincias y municipios y por la sociedad argentina en su conjunto, si queremos construir una Nación realmente integrada y un país más justo y más humano para todos.