Tras la renuncia de Benedicto XVI, el gobierno de la Iglesia pasa automáticamente a las manos del Colegio de Cardenales, según la normativa dada por Juan Pablo II en 1996, en el documento Universi Dominici Gregis. Una vez llegados a Roma los cardenales, se les lee este documento. Y con juramento los prelados quedan obligados a guardar secreto.