Aspecto de la marcha de campesinos del departamento de Nariño,
al sur de Colombia, que participaron en forma activa en el Paro agrario nacional.

"Tanto va el cántaro al agua, hasta que por fin se rompe". Este dicho que ha pasado de generación en generación, pudiese aplicarse a la realidad que han tenido que soportar por décadas los millones de mujeres y hombres que habitan el campo colombiano, que día a día hacen que de la tierra y los surcos brote la vida y los sueños reprimidos de multitudes de pueblos ignorados, marginados socialmente y sus voces cientos de veces aplastadas por la bota del poder dominante.

En Colombia están pasando cosas que parecen el 2008 argentino, pero exactamente al revés. La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos anunció la militarización de Bogotá, después de dos semanas de paro agropecuario. Este martes renunció su gabinete en pleno –terminaron yéndose cinco ministros–, y tampoco la noticia rebotó. Es cierto que la situación siria se come el panorama internacional, pero aquí cerca están pasando cosas increíbles, que viene bien saber que pasan, cuando lo que las desata es el Tratado de Libre Comercio que el gobierno colombiano suscribió en 2012, y cuyas consecuencias devastadoras para los minifundistas y pequeños productores provocó esta semana, también, que volaran por el aire todas las representaciones y delegados de las federaciones del café, de la papa, de la cebolla, del arroz, de la cebada, del frijol, de los frutales, del cacao y de la leche, entre otras.

Los campesinos y pequeños productores colombianos protagonizan en estos días una nueva versión de la rebelión en la granja: hace dos días surgió, en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá, el Movimiento por la Dignidad Agropecuaria, que decidió continuar con el paro y dar por fracasadas las negociaciones que mantenían en esa ciudad con el gobierno. En el comunicado que dieron a conocer los productores minifundistas de todo el país, reafirmaron lo que días antes había indicado uno de los nuevos líderes emergentes, el ingeniero agrónomo César Pachón: los tratados de libre comercio (TLC) abrieron sus fronteras para la entrada de productos importados de todo el mundo contra los que no pueden competir debido al costo de los insumos para los colombianos. En las negociaciones, el gobierno reconoce la situación y ofrece algún retoque, no por cosmético menos significativo: se les ha dicho que los tratados de libre comercio pueden vulnerarse si se trata de productos de países vecinos o latinoamericanos, pero que son de hierro para los productos norteamericanos o europeos. Sí o sí el mercado interno colombiano debe absorber lo que mandan desde los países centrales.

La protesta tuvo epicentro en Boyacá –el departamento con más minifundistas del país– porque los primeros en organizarse fueron los productores de papa, que se deshicieron de la federación que los había empujado a la firma del Tratado de Libre Comercio y crearon una nueva organización, de la que César Pachón es vocero. “El Comité de la Dignidad Papera y la Soberanía Alimentaria es una organización que surge debido a la grave situación de los papicultores y cultivos de clima frío, con la intención de enfrentar los tratados de libre comercio que atentan contra el campo”, se presentan. Las negociaciones con el gobierno se llevaron a cabo durante varios días en la catedral de la ciudad de Tunja, cuyo obispo está del lado de los campesinos.

En una entrevista de Radio Boyacá, este martes, Pachón pedía paciencia y ponía a los campesinos al tanto de lo conversado. Dijo que le habían planteado al presidente Santos que es indispensable volver a abrir el comercio con Venezuela, que antes consumía sus papas y ahora no. Los campesinos lograron meter en la agenda presidencial una reunión en Caracas la semana próxima para tratar el tema.

En la Argentina, el ALCA tuvo un freno rotundo en 2005, en Mar del Plata. De eso se habló bastante, pero lo que nunca se dice es qué hubiera pasado sin ese freno que sólo pudo ponerse con la voluntad política multiplicada entre Kirchner, Chávez y Lula. Es ahora una buena oportunidad para mirar a Colombia, que suscribió los “tratados” en 2012, y ver en qué consiste esa “libertad comercial” que, tal como se le dijo a Pachón, puede “corregirse” con los socios vecinos pero nunca con EE.UU. y la UE. Para llegar al TLC –la versión del ALCA que recoge la Alianza del Pacífico–, Colombia tuvo que preparar el terreno, subsumiendo su propia legislación nacional a las nuevas reglas que imponen los tratados.

La 9.70 no es una AM ni una FM, sino una resolución aparentemente menor, tomada en 2010 como condición de EE.UU. La adoptó el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) y, de acuerdo con ella, se judicializa y criminaliza a los campesinos que reserven una parte de su propia cosecha de semillas para el año siguiente. Así ha sido durante generaciones la práctica de cultivos rotativos. Los mejores sacos de semillas –de arroz, de papa, de café, de cebolla– garantizaban la siguiente cosecha y el puntapié de inversión de cada familia minifundista. Esa resolución, pese a que implicaba un corte económico y cultural más que drástico, no fue discutida más que con las patronales y las federaciones, pero los campesinos no la conocían. Para enterarse mejor de lo que implica el ALCA en la vida cotidiana de las poblaciones rurales latinoamericanas, puede verse un documental que ahora es furor en la web: se llama como la resolución, La 9.70, y lo dirigió Victoria Solano.

Allí se puede ver qué pasó exactamente el 31 de mayo de 2011 en Campoalegre, una ciudad que produce los mejores arroces del país. En forma inesperada llegó un cuerpo de infantería armado hasta los dientes a decomisar todos los sacos de arroz de la cosecha anterior que habían reservado los productores. Según la 9.70, eso ahora está prohibido, y penalmente: cada cosecha debe iniciarse con semilla nueva, patentada, certificada por el ICA, con sus respectivos abonos y fertilizantes, pertenecientes a multinacionales. El que no acata afronta penas de hasta ocho años de prisión efectiva.

En el documental se puede ver la rabia, la confusión y el desgarro de los productores cuando veían cómo la policía llenaba camiones con los sacos de semilla que eran confiscados. Ninguno de los entrevistados sabía qué era ni en qué consistía la 9.70. La ferocidad de las resoluciones y leyes que implican los tratados de libre comercio permanecieron invisibilizadas para sus principales víctimas. Ese día en Campoalegre se llevaron 1600 sacos del mejor arroz colombiano: su destino final fue un basural. Desde la entrada en vigor de la 9.70, en todo el país y en operativos similares, se decomisaron 2.550.000 toneladas de semillas, que fueron a parar a rellenos ecológicos.

Muy lejos del lockout patronal argentino de 2008, el Movimiento por la Dignidad Agropecuaria colombiano surge de los más pequeños, del pueblo rural. En las ciudades los apoyan los gremios y los estudiantes. La escena exhibe con toda crudeza qué hay afuera de la Unasur, afuera del rumbo elegido por la Argentina. Aquí no se habla de Colombia y tampoco de los Tratados de Libre Comercio, ese caballo de Troya para los patios traseros y sobre el que los candidatos locales no dicen ni mu. El tema debería incluirse en la agenda política, por lo menos para que menos gente termine votando contra sí misma.