Vamos a suponer que el gobierno británico supiera que un accionista clave de Céntrica, nuestra última gran empresa energética británica, propietaria de British Gas, iba a vender su participación a Gazprom, verificando con ello su traspaso en propiedad al Estado ruso. Yo esperaría que, ante esta situación, el gobierno ampliara las disposiciones de la Enterprise Act [Ley sobre empresas], que permite a Gran Bretaña bloquear adquisiciones que van contra el interés nacional, para incluir el gas y la energía nuclear (la ley se limita en la actualidad a la defensa, servicios financieros y medios de información). Tengo fundadas certezas de que el presidente de Centrica, Sir Roger Carr, presidente también de la CBI [Confederation of British Industry, la patronal británica], comparte la misma opinión. Ningún país puede mostrarse indiferente a la propiedad de activos estratégicos y, por tanto, al uso que se haga de ellos. Su obligación primera se encuentra en el bienestar de sus ciudadanos.