Desde la restauración democrática argentina en 1983, la pobreza comienza a ocupar un lugar central en la política pública social. Contribuyeron a ello su incremento durante el gobierno militar y las décadas siguientes; la movilización social de pobres y desocupados; la acción de nuevos o remozados actores de la sociedad civil abogando por o asistiendo a los necesitados; el trabajo de expertos y el progresivo interés de los medios de comunicación y la constitución de un público preocupado por el tema.

Surgieron nuevas expertises con propiedad2 legítima sobre el estudio y gestión del problema, y se extendieron debates con participación de partidos, sindicatos, iglesias, fundaciones empresariales, organizaciones sociales, agencias multilaterales y centros de estudios. Dadas las sucesivas crisis fiscales y los recurrentes cambios políticos, el Estado no estuvo en condiciones, de ofrecer puestos permanentes a los nuevos profesionales, quienes combinaron la actividad estatal con la pertenencia a otras instituciones.