El tema del ordenamiento territorial y de la tierra como un recurso estratégico no renovable ha vuelto a ponerse en discusión en la Argentina a partir del debate y la posterior sanción y promulgación de la ley 26.737 de "Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales", más conocida como la ley contra la extranjerización de la tierra.

Como autoridad de aplicación se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su objetivo es limitar la titularidad y situación de posesión de tierras rurales a personas físicas y jurídicas extranjeras.