Señora Presidenta: En primer lugar quiero decir que interpreto el sentido de esta sesión de conformidad con lo planteado por el miembro informante del bloque de la primera minoría, el señor diputado Argüello, en el sentido de que esto en realidad es una señal política, un símbolo de la decisión unificada de este Congreso de aunar esfuerzos para diseñar una estrategia que permita resolver por el camino de la negociación el conflicto que tenemos con nuestros hermanos uruguayos sobre la base de un piso elemental que es la suspensión de la construcción de las papeleras y la posibilidad de garantizar la defensa de la vida de nuestros habitantes.

En este marco y desde este lugar, como integrantes de la CTA que participa en la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, no puedo hacer otra cosa que respaldar la iniciativa política en discusión. En este sentido, retomando lo que dije al principio, respaldo la decisión que se va a tomar en esta Cámara, haciendo incluso abstracción del texto que está en discusión. Lo que importa es la señal política que se está dando.

Dicho esto, sí quiero subrayar un conjunto de conceptos y aportar algunos elementos en torno de cuestiones que nos hagan ser conscientes de la envergadura del problema que estamos afrontando y de cuestiones de las que deberíamos hacernos cargo para fortalecer nuestra posición, y por esta vía tener mejores formas de llegar a una posible solución.

En este sentido, es importante reconocer que por un lado hay un problema que tiene una envergadura mayúscula porque involucra la problemática del Mercosur, nuestra política exterior, nuestra estrategia de integración, la relación con las empresas transnacionales, la opción de crecimiento que se termina tomando en la región, y por otro lado un proyecto que involucra una decisión muy puntual y limitada. Hay una asimetría entre el tema que debatimos y lo que estamos resolviendo.

Me parece que lo que habría que interpretar es la necesidad de que a través de las comisiones respectivas de esta Cámara, y de los proyectos y propuestas que se han vertido en el día de hoy, podamos avanzar en una iniciativa más integral de intervención y participación activa del Parlamento argentino en la discusión y la resolución del conflicto que se está planteando.

Es prácticamente ocioso el debate en cuanto a si corresponde apoyar la iniciativa de concurrir a La Haya, porque la violación del Estatuto del Río Uruguay efectivamente existe y la posibilidad de recurrir a la Corte está planteada. En segundo lugar, es también ocioso decir que algo de esto hay que hacer porque la gravedad del tema así lo plantea y porque ésta es una demanda formulada desde el año 2003 por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Incluso fue planteada recientemente por el conjunto del sistema institucional de la provincia de Entre Ríos. Consecuentemente, casi diría que no hay discusión sobre todo esto que se expone en términos textuales.

No obstante ha sido dicho y explicado suficientemente en este recinto, que la iniciativa de recurrir al tribunal de La Haya supone la posibilidad -aun teniendo éxito? de que transcurran largos años sin que necesariamente podamos resolver la situación. Más aún, se han argumentado ya las limitaciones que podría tener la medida cautelar para prosperar. Por cierto, tampoco quedó en claro de la exposición del miembro informante de la mayoría, si vamos a incorporar en el texto de la iniciativa la demanda sugerida por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en torno a la decisión de impulsar una medida provisional. Me queda claro que aparentemente el gobierno ya ha decidido encarar este objetivo, pero no sé si hay decisión oficial de incorporarlo en la declaración que estamos discutiendo.

El hecho de que las experiencias internacionales que se han relatado en relación con la solución de controversias a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya han insumido demasiados años indica que hay que avanzar en otro tipo de iniciativas, más allá de esta decisión, para que el tema pueda prosperar en mejor medida. En ese sentido consideramos importante trabajar en las siguientes líneas: hay que incorporar en la propuesta que está en discusión la idea de la medida provisional o cautelar, tal cual la formulara la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Hay que evaluar un planteo hecho por esa Asamblea al propio presidente Kirchner, también formulada en la Comisión, en cuanto a definir medidas por parte de la Administración Nacional de manera tal de que no puedan salir de la Argentina, por la vía que fuere ?fluvial, área o terrestre? aquellos cargamentos que efectivamente se utilicen para la construcción de las papeleras. Creo que habría que evaluar este tema como uno de los tantos que hay que considerar. También me parece importante acompañar esto con la apertura de un cauce que permita democratizar la información y la decisión en torno a esta materia.

Es muy simple lo que quiero decir: creo que no hay que mutilarnos ninguna de las instancias posibles de trabajo. La diplomacia parlamentaria que aquí se mencionó es una posibilidad y hay que explorarla, tratando de ver qué resultados puede brindar. También hay que promover de manera organizada por parte de la estrategia nacional los lazos de las diferentes instituciones y organizaciones sociales que están en nuestra comunidad y que tienen vínculos con sus similares en el país hermano de Uruguay. Con esto me refiero a organizaciones de trabajadores, universidades, ONGs, etc. Hay que tratar de unificar criterios con aquellos que también están discutiendo el tema en la hermana República del Uruguay. Con lo que vengo diciendo quiero trasmitir que hay que abrir y democratizar para destrabar el conflicto. Es tan estéril pensar que la Corte de La Haya no va a poder resolver el problema, como suponer que sólo la reunión de los presidentes lo va a solucionar. Se necesita interesar al conjunto de las comunidades en un debate que las involucre efectivamente.

En otro orden de cosas, la posición argentina debe fortalecerse de la siguiente manera: La primera tiene que ver con algo que se mencionó aquí, y es el tema de que la Argentina va mal a esta discusión porque su deuda ambiental es también muy alta, y está involucrada en conflictos, incluso, regionales. Aquí se mencionó el caso del Paraguay, que indudablemente nos coloca en una situación desventajosa para la discusión. Ciertamente, en este sentido le debemos a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú el hecho de poder estar discutiendo la cuestión ambiental, pero está claro que hay todo un capítulo pendiente en el país que tiene que ver con Celulosa-Puerto Piraí, con Repsol y la contaminación de las napas en Neuquén, con los estragos ambientales de la minería en provincias como San Juan o Catamarca, con la depredación de la riqueza ictícola y con el impacto de la soja transgénica, rompiendo la diversidad agropecuaria en la Argentina.

Aquí se necesita una actitud diferente, que debe ser plasmada públicamente. Se necesita también, ser capaces de cerrar la boca a algunos gobernadores de diferentes provincias que reproducen el comportamiento vigente, que es competir con el Uruguay para atraer esas inversiones a sus provincias.Esta realidad debe ser eliminada y debe ser alineada en función del objetivo que se está discutiendo aquí. Todos sabemos que no estamos hablando ni de gobiernos ni de representantes que involucren un solo perfil político sino que atraviesan el conjunto del arco político de la Argentina.

Otro elemento que me parece importante tener en cuenta para saber la envergadura del conflicto en el que estamos, en parte lo planteó el señor diputado Martínez Garbino, y en parte también lo hizo el señor diputado Cecco. La cuestión tiene que ver con que nosotros en realidad estamos llegando mal y tarde al tema, pero no me estoy refiriendo con esto a las contradicciones que pudieran haber habido en esta administración gubernamental. Me refiero a que aquí tenemos una situación donde las empresas transnacionales con las que estamos discutiendo planifican por décadas mientras nosotros llegamos a esta discusión en términos absolutamente coyunturales.Es importante entender que en realidad por detrás de lo que hoy se expresa en la instalación de las papeleras existe una opción tomada desde el Uruguay que lleva dieciocho años. Dicha opción fue tomada por la estructura del poder económico de la hermana República del Uruguay y sostenida por la derecha política de ese país. Eso es lo que se expresa en la ley forestal de 1987, momento a partir del cual comienzan a garantizarse un conjunto de subsidios mayúsculos sobre la forestación, que involucran subsidios directos a las plantaciones, eximición de impuestos a las importaciones, eximición del impuesto inmobiliario rural y a la renta agropecuaria, créditos blandos del Banco de la República Oriental del Uruguay. Y lo que mencionaba bien el señor diputado Emilio Martínez Garbino, que fue la eliminación de la restricción para que las sociedades anónimas pudieran comprar tierras en el Uruguay.

A eso se agregó la decisión estatal de llevar adelante todo un plan de infraestructura de transporte con apoyo del Banco Mundial dirigido a garantizar un costo reducido en esta materia para este tipo de industrias, y también se agregó el régimen de inversiones extranjeras del año 1999, el otorgamiento de zonas francas, para culminar con un acuerdo en el año 2004 a pedido de la empresa Botnia con Finlandia, donde el Estado uruguayo se comprometió a asumir las pérdidas que pudieran surgir frente a "causas de guerra, conflictos armados, estado de emergencia nacional y revueltas por situaciones de contaminación ambiental". Esto es lo que firma el Estado uruguayo en el año 2004 a instancias de la empresa Botnia con Finlandia en términos de acuerdo bilateral. Requisito este, planteado por la empresa, para instalar la planta de pasta de papel.

Los acuerdos bilaterales no son sólo con los Estados Unidos sino con otros países del Norte y tienen contenidos desventajosos como este que estoy planteando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema no comienza con las papeleras sino que lo que hay detrás de esto es una opción productiva tomada por la estructura de poder económico del Uruguay. Por lo tanto este tema no se discute solamente en las plantas que se están por instalar. Luego, como consecuencia de este proceso, el grupo Botnia -que es el grupo finlandés a través de la empresa Forestal Oriental-, controla hoy aproximadamente cuarenta mil hectáreas dentro de la República Oriental del Uruguay, y la empresa ENCE controla cincuenta y cinco mil hectáreas de forestación, y a su vez es el principal exportador y comprador de madera en el mercado interno.

El problema ambiental no empieza ahora, ya empezó; empezó con las plantaciones de eucaliptos, que en realidad tienen una característica: desmontaron el ecosistema uruguayo y tienen un balance hídrico negativo que afecta ya la situación del acuífero guaraní, incluso con antelación al problema de la contaminación ambiental. Además producen algunos efectos concretos: desertificación a mediano plazo, efecto de secante que inutiliza el suelo para otro tipo de producciones porque elimina nutrientes, y genera una situación de monocultivo que propaga plagas e incendios.

Consecuentemente digo que el tema ambiental no empieza con las papeleras sino que empezó antes, y el único punto a favor que tenemos y que es el que hay que explotar -y por eso insisto en la clave de abrir y democratizar la información- es que todo este programa forestal fue cuestionado por el Frente Amplio desde el comienzo de la ley de inversiones hasta el acuerdo con Finlandia. Y el sistema político uruguayo está articulado con alfileres en torno a este tema. Si nosotros estamos en capacidad de abrir la discusión para involucrar al conjunto de los actores de la comunidad, creo que tenemos mejor capacidad de convencer a Uruguay de que esta opción productiva tomada no es la mejor. Están los textos preparados por el propio Frente Amplio que hablan de que en realidad el balance de la estrategia forestal ha sido absolutamente negativo en términos de que no hubo sustitución de importaciones, de que no hubo sustitución de combustibles, de que la generación de empleo fue escasa, de que hubo un balance fiscal y ambiental negativos. En esto hay que tratar de avanzar.

Explico simplemente de qué hablo cuando planteo democratizar. En una escala chica, nosotros desde la CTA abrimos una puerta de discusión con el PIT-CNT. En ese marco trajimos y pusimos a disposición de los señores legisladores, así como del conjunto de la sociedad, lo llevamos a Gualeguaychú, y hoy está en Uruguay recibido por el PIT-CNT, al biólogo español Anton Massa, porque la única garantía de discutir esto es que se sepa todo con absoluta claridad. Si esto pudimos hacer nosotros, una estrategia pública dirigida a promover y ampliar el debate tendría un formidable impacto.

1. Sin una estrategia que amplíe y democratice el debate y la decisión será sumamente difícil resolver el conflicto. En síntesis, propongo:
2. Sostener la movilización en torno a este conflicto.
3. Avanzar en la decisión por parte del Estado Argentino de impedir todo paso de cargamento por cualquier vía, con destino a la construcción de las papeleras y reclamar la suspensión de la construcción de las plantas para abrir un cauce serio de negociación.
4. Avanzar en la presentación de la medida cautelar ante el Tribunal de la Haya, decisión esta que sugiero incluir en el Proyecto de Resolución que estamos votando, tal cual reclamara la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú.
5. Democratizar la información ya que el frente interno del Uruguay se sostiene con alfileres debido a que el Frente Amplio es hoy gobierno como resultado de una opción de cambio tomada por la sociedad. Hay que abrir la discusión para romper el corsé que el sistema político Uruguayo articulado con el poder económico, ha construido en torno Tabaré Vazquez y al propio pueblo del Uruguay. Hay que promover, por lo tanto, la diplomacia en todos los niveles: Parlamentaria y social.
6. Hay que orientar la solución puntual del problema al uso de una tecnología libre de cloro y a la relocalización de las plantas.
Hay que asumir que lo que hoy ocurre revela el estadio de "terapia intensiva" por el que atraviesa la experiencia del Mercosur.. Asumirlo implica entender que hay que promover otra integración que sea capaz de afirmar un Estatuto Común de nuestros Estados frente a los agentes económicos más concentrados de la región. Supone promover la revisión conjunta de los tratados bilaterales firmados por nuestros países y que desfondan el proceso de integración (Ej.: el acuerdo de Uruguay con Finlandia y los más de cincuenta firmados por Argentina, incluso con los EE.UU.)

Por último, quiero discrepar con afirmaciones hechas en este recinto respecto a que estamos afrontando una causa nacional.. Estamos frente a una causa regional. Lo que está en juego es la posibilidad y la oportunidad para que nuestra región pueda correrse (en conjunto) del lugar de "basural" que la globalización nos quiere asignar.

Diputado Claudio Lozano
Miembro de la Mesa Nacional de la CTA
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