Tanto el estado español como varias de sus regiones autónomas lanzan emisiones de deuda pública prometiendo intereses de no menos de cinco por ciento anual. Debería estar prohibido porque no hay garantía alguna que se pueda pagar esos intereses y devolver esos créditos. Eso solo sería posible si hay bastante inflación (si el dinero vale menos) o si la economía crece. O si se aprieta más el cinturón a la gente aunque amenaza una revuelta.

En los debates sobre la crisis actual y las deudas financieras, hay tres posiciones distintas.

La primera posición es la de economistas keynesianos como Krugman y Stiglitz. Para poder pagar las enormes deudas creadas en Estados Unidos, en Europa, en Japón, tanto públicas como privadas, hay que crecer. La economía debe crecer, los bancos centrales deben impulsar el gasto, ha de haber crecimiento en términos nominales (es decir, un poco de inflación) y también en términos reales. Debe crecer lo que llaman la economía productiva de fabricación de automóviles, de producción de cemento para infraestructuras, de producción de servicios de enseñanza y sanidad… Hemos de regresar al crecimiento, para así poder pagar las deudas. La política de austeridad es suicida económica y socialmente. No les falta razón, excepto que ellos se olvidan de la economía real-real. Más crecimiento implicará inmediatamente más demanda de petróleo y de gas, más producción de dióxido de carbono, en el caso que las economías ricas salgan de la crisis actual.