Las luchas populares en América latina siguen creciendo, y parecen confirmar un nuevo período de gobiernos democráticos y populares. Un momento de aguda disputa entre los grupos concentrados del poder económico y las fuerzas populares. Dos modelos se contraponen. Uno, que con sus recetas neoliberales, agudizó las profundas desigualdades que caracterizan el continente que la pandemia de Covid-19, mostró con claridad. El otro, que amplió derechos y mejora la vida de los sectores populares.  

La acción callejera se impone como respuesta al cóctel de desigualdad, corrupción y racismo en la región

Frente a las reiteradas protestas populares relacionadas con el rechazo a la minería a cielo abierto en algunas localidades de nuestro país como Tinogasta, Santa María, Belén, Andalgalá (Catamarca), Amaicha del Valle (Tucumán), Famatina (La Rioja) y otras queremos expresar, como grupo de curas en la opción por los pobres, nuestra solidaridad con las víctimas, en quienes vemos todavía hoy, los dolores del Crucificado: las víctimas de la represión y del desalojo de tierras legítimamente ocupadas por comunidades campesinas; las víctimas de la incertidumbre sobre el trabajo y sobre el futuro que generan muchos de estos proyectos de explotación minera a gran escala; en este sentido, también repudiamos enérgicamente la represión violenta e indiscriminada sobre los manifestantes tanto por parte de efectivos policiales o militares como de patotas violentas e impunes que responden a intereses de las empresas involucradas, y nuestra apuesta al diálogo como instrumento de la justicia y camino de resolución de estos complejos conflictos.

La minería a gran escala es expresión cabal de una demanda cada vez mayor de parte de los países desarrollados hacia los países emergentes o dependientes, de materias primas o bienes de consumo. Esta tendencia consolida cada vez más un paradigma productivo fuertemente extractivista, apoyado en la sobreexplotación de recursos naturales. En Argentina, en el lapso que va entre 2003 y 2008, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, el crecimiento acumulado de los proyectos mineros llegó al 907 por ciento (más de 400 proyectos).

Dicho paradigma tiene dolorosos antecedentes en la historia de América latina en la que predominaron durante décadas los enclaves coloniales que esclavizaron pueblos y empobrecieron a los trabajadores. Debido a esto no pocos opinan que no es casualidad que la resistencia a la sobreexplotación de los recursos naturales y su enérgica defensa hayan surgido de movimientos y organizaciones indígenas y campesinas. Tal vez aquí estén las dos puntas de este conflicto: por un lado, la lucha por la defensa de la tierra y los bienes de todos y, por el otro, la consolidación de un discurso sobre el desarrollo, de fuerte base extractivista, orientado al abastecimiento del mercado externo. Dicho modelo de desarrollo tiene como caso emblemático la megaminería a cielo abierto.

Reafirmamos la necesidad del diálogo, la escucha de todas las partes en conflicto y el cese de amenazas o intimidaciones como condiciones que pueden abrir los caminos de entendimiento.

La minería a gran escala enfrenta a dos fuerzas asimétricas: las organizaciones campesinas, indígenas o de vecinos autoconvocados y las empresas transnacionales cuyo peso en la economía local y global es tan grande que no sería extraño que los intereses de las corporaciones presionen o intenten sustituir al Estado, avasallando las decisiones o necesidades del pueblo. La implementación del modelo extractivista suele estar respaldada con la criminalización de la protesta social y políticas represivas o autoritarias. Debe garantizarse un diálogo en iguales condiciones.

La economía, el desarrollo y la producción no pueden ni deben estar desconectados del bien común y el estado de bienestar de la sociedad. Los proyectos mineros en cuestión amenazan recursos vitales para la subsistencia humana, como el agua y la energía. El agua es un elemento imprescindible en los procesos extractivos y se obtiene de ríos, glaciares y acuíferos. Reclamamos que el Estado nacional y los Estados provinciales ejerzan el debido control y defensa de los recursos que forman parte del patrimonio nacional, ya que no todo es mercancía ni debe tener precio en el mercado. A la vez, es deber del Estado informar debidamente a las poblaciones afectadas y no negociar a espaldas de los posibles perjudicados.

Nos preocupa que sólo se evalúen los costos económicos y no se eviten posibles graves costos socioambientales, como la usurpación de tierras habitadas, contaminación de aguas y tierras a causa de los procesos de lixiviado de los minerales extraídos, etcétera.

Creemos en el Dios de la Vida, que “levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre” (Salmo 113, 7). Nos ponemos del lado de pueblos y familias angustiados, agredidos y amenazados por el avance de un modelo de sociedad que ubica la acumulación de ganancia por encima del derecho a la vida y el bienestar de todos por igual. Confiamos esperanzados en el diálogo justo e igualitario –a pesar de las ya mencionadas asimetrías de las partes en conflicto– como camino de verdad y justicia.