En los últimos años los países de América Latina y el Caribe han observado un creciente nivel de conflictividad en relación al desarrollo y emplazamiento de emprendimientos productivos, en especial aquellos extractivos y de gran envergadura que impactan en las condiciones de vida de la población y en el medio ambiente. Es común que esas disputas se caractericen por una alta polarización, ausencia de espacios de diálogo, asimetrías informativas, poca transparencia, insuficiencia o dificultad de manejo de evidencias científicas, intereses ocultos y conflictos de valores e ideologías subyacentes, todo lo cual dificulta su abordaje y conduce en muchos casos a mecanismos no deliberativos de resolución caracterizados por altos costos de transacción.

En muchas ocasiones, el uso, manejo y protección de los recursos hídricos se encuentra en el centro de esas controversias. Los conflictos revisten usualmente el carácter ambiental o socio ambiental, dado el lugar central y preeminente que el recurso hídrico posee en el ecosistema y en la sociedad. Ellos presentan también una escala espacial y territorial muy diversa que puede ir desde lo local, regional y nacional hasta la esfera internacional o transfronteriza cuando el recurso es compartido por dos o más Estados.

El planeta tendrá un déficit de agua del 40 % en 2030 si no se cambia el rumbo actual de consumo, según un informe publicado este viernes por la Unesco, que pide que una mejor gestión de este recurso forme parte de los objetivos del planeta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El documento fue difundido a poco del Día Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de marzo.

El artículo contribuye al conocimiento de la intervención del Estado provincial mediante la regulación en la provisión de agua potable y saneamiento en la provincia de Buenos Aires. La provisión en dicho territorio se caracteriza por la fragmentación que se evidencia en la coexistencia de múltiples prestatarias y modelos de gestión de los servicios. No obstante, esto no ha garantizado que todos los hogares puedan acceder a los servicios por redes. Mientras una parte resuelve el acceso mediante las redes, otra lo hace, mayormente, por medio de estrategias individuales y circuitos mercantiles desregulados.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) avanza en la construcción de una política ambiental regional, para lo que perfiló varios ejes estratégicos.

Después de dos jornadas de intercambios, expertos de los países miembros de este grupo determinaron que trabajarán sobre ejes temáticos como recursos hídricos, cambio climático y biodiversidad, entre otros.