En las décadas recientes, se ha acentuado la tendencia a negociar acuerdos entre grupos de países y, de esas negociaciones, las más significativas, por la magnitud económica y peso político de los participantes, son las referidas al Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés, negociado entre EE.UU. y la Unión Europea) el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, con participación de 12 países, tres de ellos de América Latina1 ), y el Acuerdo sobre el comercio de servicios (TISA, con participación de 50 países, siete de ellos de Amé- rica Latina2 ), que se conocen como “mega acuerdos”, en todos los cuales la negociación ha sido secreta.

En sus orígenes, el Mercosur (Ms) se propuso construir una zona de libre comercio que derivara hacia un espacio aduanero común. Pero, en los hechos, subsisten varios espacios aduaneros y no hay evidencias de que esta situación se supere, al menos en el corto plazo. Las razones son, sin duda, varias y remiten, en última instancia, al debilitamiento de la affectio societatis entre las partes.

En esta nota se priorizan tres razones para explicar el debilitamiento del Ms: el primero es el cambio en la economía internacional, la emergencia de China y su impacto sobre la región; el segundo refiere a la incapacidad de los socios del Ms para elaborar y presentar una respuesta coordinada a ese reto; el tercero se detiene en las diferencias entre los socios en un contexto de beneficios comerciales asimétricos y en la ausencia de disciplina sobre la cual montar la construcción de confianza en el proyecto común.

A comienzos del 2.013 comenzó su singladura el llamado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) con el objetivo de “relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre EEUU y la Unión Europea” y que podría atracar en puerto en el 2.017 tras culminar recientemente la UE y EEUU la últimas ronda de conversaciones.Sin embargo, aunque todos los países apoyan políticamente unas negociaciones que deberían finalizar para principios del 2017 y que en teoría tan sólo implican la eliminación de aranceles, la normativa innecesaria y las barreras burocráticas, en la práctica estarían plagada de escollos, como la normativa alimentaria y fitosanitaria.

En noviembre, América Latina cumplirá diez años del recordado “No al Alca”, donde los países de la región evitaron la consumación de un gigantesco acuerdo de libre comercio capitaneado por EEUU. En aquel entonces, nuestros países establecieron un principio anticíclico, en uno de los momentos de mayor auge del librecambismo a escala global. Hoy, diez años después, ¿cuáles son los nuevos tratados que impulsa actualmente EEUU? ¿Por qué van en contra de los BRICS, los países emergentes que han motorizado al economía a nivel mundial en los últimos años? ¿Cuál es la disputa abierta, en términos internacionales, entre EEUU y China a partir de esta situación?

En su discurso del miércoles pasado, CFK citó –y avisó que subiría a su Facebook– un artículo firmado por el Premio Nobel Joseph Stiglitz –y por el profesor del Instituto Roosevelt Adam S. Hersh– sobre “la farsa” del TPP. Recomendó leerlo para entender a qué se le llama eufemísticamente “libre comercio”. Hace diez días, intempestivamente dados los entuertos, las protestas y las presiones no sólo de centrales sindicales sino también de cámaras empresarias tanto de México como de los propios Estados Unidos y Canadá, el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) fue firmado por once países costeros del Pacífico: Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam.

El Acuerdo de Comercio en Servicios que negocian en secreto gobiernos de 50 países, incluido México, (TISA por sus siglas en inglés) supera todo lo que se ha visto hasta el momento en materia de tratados internacionales en pos de dar beneficios irrestrictos a las empresas trasnacionales, contra los intereses y el bien público. El término “servicios” en este contexto abarca desde agua y alimentación, a salud, educación, investigación, comunicaciones, correos, transportes, telecomunicaciones, comercio electrónico, venta minorista y mayorista, servicios financieros, y mucho más, incluso los mal llamados “servicios ambientales” relacionados a bosques, sistemas hidrológicos y otras funciones de los ecosistemas. ¡Hasta los migrantes se incluyen en el tratado como supuestos “proveedores de servicios”! El sector servicios es además el mayor empleador de los países de ingresos altos y medios, son enormes los impactos contra derechos laborales y sindicales.