Tal y como hemos afirmado desde este Observatorio, el material remitido al ENARGAS por el Ministerio de Energía de cara a la audiencia pública viola no sólo la Constitución Nacional sino también lo dispuesto por la Corte Suprema desde que resulta imposible para la ciudadanía participante en la audiencia opinar sobre la "razonabilidad" o no de la nueva tarifa del servicio público de gas.