Los Tratados Bilaterales de Inversión fueron promocionados durante la década del ’90 como instrumentos para una mayor cooperación económica entre los países desarrollados con las naciones en desarrollo. La prédica asociada al Consenso de Washington afirmaba que esos tratados prometían “estimular la iniciativa económica privada”, “el flujo de capitales”, “mantener un marco estable para las inversiones” y un “trato justo y equitativo” a las inversiones. Las condiciones de la “seguridad jurídica”. Sin embargo, en la práctica se constituyeron en la privatización de la soberanía económica. Con la adhesión al Ciadi, el Estado argentino quedó subordinado a ese tribunal arbitral internacional, dependiente del Banco Mundial.

La decisión política de recuperar YPF a partir de un proceso de expropiación colocó en el centro del debate los problemas derivados de la vigencia de los TBI y la pertenencia al Ciadi. Economistas, abogados y funcionarios locales e internacionales recomiendan denunciar esos tratados y construir una nueva estructura jurídica en el marco de la Unasur. Como antecedente aparece la experiencia de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Sudáfrica.