Lykkeland (Tierra de felicidad) es una popular serie del canal público noruego NRK que cuenta la historia de cómo, en pleno boom petrolero a nivel mundial, se descubrió unos de los mayores pozos de petróleo en el Mar del Norte en los años sesenta del pasado siglo, y de cómo los noruegos decidieron que este sería el motor principal de desarrollo y prosperidad a mediano y largo plazo.

Si fueron empresas privadas como Philips las que iniciaron la prospección y explotación, ya que contaban con la tecnología y el know-how, rápidamente el Estado noruego fundó su propia empresa, Statoil (hoy Equinor, de capitales mixtos), y comenzó a usar los ingresos del petróleo para financiar un estado de bienestar que está entre los más exitosos de Europa. En 1990, además, el Parlamento estableció el Fondo de Pensiones noruego con los excedentes de riqueza derivados de la extracción del mineral, constituidos principalmente por los impuestos a las empresas petroleras (¡78 por ciento!), pagos de licencias para exploración, y dividendos de la empresa estatal –que hoy cuenta con un 33 por ciento de participación de privados–.

A junio de 2021, el “Fondo del Petróleo” era uno de los más ricos del mundo, tanto que alcanzaba para repartirle unos 200 millones de pesos a cada ciudadano. Constituido solo con inversiones extranjeras, su objetivo es proteger a la economía de los cambios bruscos en los ingresos derivados del petróleo y ser una reserva financiera para las generaciones presentes y futuras –sobre todo considerando que los años dorados del oro negro ya pasaron, y que su extracción irá en descenso en las próximas décadas–. Como se resume en su página web, el fondo busca “asegurar que ocuparemos nuestro dinero de manera responsable, pensando a largo plazo, y que aseguraremos el futuro de la economía noruega”. Noruega se convirtió, en breve, en un estado de bienestar hecho de petróleo.

En su reporte de 2021, titulado “El rol de minerales críticos en las transiciones a energías limpias”, la Agencia Internacional de Energía estima que, si los países se esfuerzan por cumplir con el Acuerdo de París, la demanda de minerales necesarios para la construcción de energías limpias se cuadruplicará de aquí al 2040, principalmente para la construcción de vehículos y baterías eléctricas. La demanda de litio aumentará 40 veces según el reporte. Se estima que la construcción de nuevas líneas eléctricas, en tanto, hará aumentar la demanda de cobre a más del doble. Chile es el primer productor mundial de cobre y posee las mayores reservas a nivel mundial, mientras que es el segundo productor mundial de litio y cuenta con la mitad de las reservas mundiales. La pregunta obvia, entonces, es: ¿podría convertirse Chile en un estado de bienestar hecho de litio y cobre?

Desde 2007, Chile cuenta con un Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), formado a partir de los ingresos del cobre, cuyo fin es financiar déficits fiscales y amortizar la deuda pública. Desde 2006, además, existe el Fondo de Reserva de Pensiones, a través del cual el fisco financia las obligaciones previsionales hacia los más desposeídos. Fue a esos fondos soberanos a los que el Gobierno recurrió durante la pandemia, para financiar la ayuda social entregada a familias y pymes.

En un contexto donde el Presidente electo aspira a dar una mejor calidad de vida a toda la población –y debe buscar los medios para hacerlo–, y donde la Convención Constitucional tiene entre sus misiones fundamentales repensar el marco normativo para ciertos recursos naturales clave, es tentador pensar que las arcas fiscales podrían seguir llenándose y creciendo si, como país, trazamos una estrategia para la explotación del litio (y revisamos la del cobre) –así como Noruega trazó la suya para el petróleo–.

Hay, sin embargo, al menos tres diferencias importantes que no hacen fácil simplemente trasponer la experiencia escandinava a Chile. Estas diferencias, a mi juicio, deberían llevar a nuestro país por un camino propio en lo que se refiere a la explotación de minerales en su territorio.

En primer lugar, mientras el petróleo noruego se ubica costa afuera y su explotación no afecta directamente a poblaciones humanas, las externalidades negativas que genera la gran minería sobre las comunidades circundantes están bien documentadas. Estos costos tienen que tomarse en cuenta si el camino que se quiere seguir –como sugirió en una entrevista reciente el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet– es convertirse en el primer productor mundial de litio. La voz y el voto de quienes se ven más afectados por la industria debería ser así una consideración fundamental a la hora de normar su extracción (lo que han sugerido José Aylwin y Marcel Didier en una columna en este medio).

En segundo lugar, cuando Noruega comenzó a extraer petróleo en los años sesenta del siglo pasado, el cambio climático generado por el uso de combustibles fósiles no era tema aún, y los derrames de petróleo eran considerados daños colaterales, si bien con el tiempo las regulaciones ambientales fueron haciéndose más estrictas. En la actualidad, cuando ya no es posible escudarse en la ignorancia de sus efectos, unos de los temas de debate recurrente en ese país es si es éticamente aceptable seguir extrayendo petróleo y haciendo nuevas prospecciones. Algunos incluso han sugerido que se debiera compensar a quienes salen dañados por dicha extracción; por ejemplo, a los habitantes de países cuyas costas serán inundadas por el aumento en el nivel del mar, causado por el cambio climático antropogénico.  

En el caso de las energías llamadas “limpias”, en cambio, ya sabemos que su “limpieza” se mide en término de emisiones directas de CO2, pero la evaluación se complica si se consideran los costos ambientales de extraer los materiales que se necesitan para producirlas. En el caso del cobre, el sobreúso de agua para los procesos de producción y la contaminación provocada por los relaves son solo dos ejemplos. En el caso del litio, este se encuentra en salares ubicados en las cercanías de parques nacionales. Extraerlo requiere perforar dichos salares y luego evaporar el agua contenida en la salmuera, lo que se hace en piscinas de evaporación de hasta un millón de metros cuadrados (el equivalente a unas 150 canchas de fútbol profesional). Otras tecnologías para extraerlo usan ácido clorhídrico e hidróxido de sodio (soda cáustica) y requieren reinyección de salmuera al salar. En suma, de minería verde, poco.

Por último, y conectado con los dos puntos anteriores, cabe preguntarse si el modelo de estado de bienestar noruego desarrollado a partir de la explotación de un recurso natural puede replicarse en el siglo XXI, y si es deseable de replicar. Mientras los estados de bienestar del siglo XX fueron de la mano de la Gran Aceleración económica posterior a la Segunda Guerra Mundial y se basaron en la premisa de crecimiento económico infinito y en el aumento exponencial en la explotación de la naturaleza, hoy se ha hecho obvio lo problemático de esto. En este contexto, en lugar de correr para satisfacer la demanda de litio o de cobre antes que otros, los chilenos tenemos la oportunidad de preguntarnos antes qué tipo de sociedad queremos, en qué relación con la naturaleza y a qué costo. Quizás, en lugar de un estado de “bienestar” medido por índices económicos estrechos, valdría más la pena enfocarse en construir un estado de “buen vivir” (como ya lo han hecho, al menos en el papel, Bolivia y Ecuador), tomando en serio la necesidad de transitar a otro modelo social, ético, político y económico.

Con una nueva Constitución ad portas y un nuevo Gobierno que ha reconocido al menos en principio la necesidad de hacerse estas preguntas más de fondo, lo que está claro es que estamos en un punto de inflexión, y que tenemos una oportunidad única para sacudir la inercia y convertirnos en un ejemplo de cómo podrían hacerse las cosas de otra manera: con una mirada de Estado de largo plazo, que integre a actores públicos, privados y civiles, y que no dependa de los gobiernos de turno, sino que se mantenga por sobre las alternancias de poder.

^{elmostrador - 18 de enero de 2022}