Una demanda creciente.“China exigió el año pasado casi el cuarenta por ciento de la demanda global, del doce por ciento que representaba hacia el 2000. Hoy, demanda cinco kilos de minerales por habitante. A principios de la década demandaba un kilo y medio”, subrayó Jeannette Lardé, de la División Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal). Nada indica que la voracidad del gigante asiático haya encontrado un techo. “Está lejos de los quince kilos per cápita que consumen los países desarrollados”, puntualizó Lardé durante el seminario de Iade.

En este contexto, no es extraño que los gastos en exploración y las inversiones hayan registrado un notable incremento a nivel mundial y que países como Brasil, Chile, Perú y México se hayan ubicado entre los diez primeros receptores de inversiones destinadas a las actividades extractivas. Para tener idea de la importancia asignada por las multinacionales del sector a la región basta con señalar que, según los cálculos de la Cepal, América latina generó el año pasado aproximadamente el 33% de las rentas mineras a nivel mundial.

“No hubo una respuesta proporcional desde los gobiernos de la región”, advirtió Lardé. La situación nada tiene de coyuntural. Según la especialista, hay una “creciente y perversa competencia” entre los países de América latina que se materializa mediante incentivos y facilidades en pos de captar inversiones. Esto, en un contexto donde los precios se mantendrán por encima del promedio en el largo plazo. En la actualidad, de las 500 mayores empresas que operan en la región, al menos 82 están relacionadas con procesos extractivos, cálculo que excluye a las dedicadas al sector agroindustrial.

¿Un nuevo consenso? Para Mariestella Svampa, socióloga e integrante del colectivo Voces en Alerta, la minería a gran escala constituye un fenómeno que trasciende lo económico: “Se trata de un modelo de desarrollo que pone en tela de juicio el alcance de la democracia. Hay que desmontar el discurso oficial y corporativo”. Svampa, quien también integró el panel convocado por el Iade, destacó el rol de proveedor de materias primas asignado a la región en la división internacional del trabajo. La dinámica, puntualizó la investigadora, se asienta en “la expansión de la frontera extractiva” y en una “política de privatización de tierras”.

Además de subrayar los efectos sociales y ambientales negativos de la megaminería, Svampa también advirtió sobre los aspectos regresivos en lo económico: “Consolidan economías de enclave que no generan encadenamientos hacia el interior del aparato productivo. Lo que hacen es reafirmar el rol tradicional de América latina como proveedora de materia primas”. Una forma de medir la incidencia es cuantificar la cantidad de empleos generados. Según la Secretaría de Minería de la Nación, se trataría de unos 40 mil para el total de la actividad; de los cuales entre 10 y 15 mil serían consecuencia de los megaproyectos.

Según el Indec, la cifra es menor: unos 6.500 puestos, sobre unos 20 mil para el conjunto de la actividad. En San Juan, por ejemplo, el empleo minero roza el 2 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) –8 por ciento si se suma el empleo indirecto–. El porcentaje contrasta con los 750 millones de dólares que exportó en minerales y piedras preciosas en 2010 –64% de las exportaciones totales–. Perfil muy similar al que presenta Chile, donde el empleo directo de la minería apenas llega al 1,45 por ciento de la PEA y al 11,4 por ciento en la II Región, donde se concentra la extracción del cobre.

Al igual que otros especialistas, Svampa puso el acento en la necesidad de construir una perspectiva crítica: “El boom reactivó el imaginario del desarrollo. Hay una aceptación acrítica que deviene de una visión instrumental con relación a los recursos naturales. Desde este punto de vista, se trataría de adaptarse a los ciclos de la economía global. El consenso de Washington fue reemplazado por el consenso de los commodities”, señaló la socióloga. Según la óptica del geógrafo Marcelo Giraud –integrante de la Asamblea Popular por el Agua, que expuso durante la jornada– se trata de “un proceso que tiene que ver con las transformaciones producidas a partir de la década del ’90”.

Antes y después. Si durante la mayor parte del siglo XX, la minería en la Argentina se caracterizó por la extracción de rocas de aplicación y en menor medida de piedras preciosas o semipreciosas en yacimientos subterráneos de relativamente alta ley, la situación comenzó a modificarse a partir del ’93. Con la sanción de las leyes 24.196 y 24.296 de Inversión Minera, y el decreto 2.686/93 de Regulación de la Inversión Directa, la arquitectura legal quedó preparada para los megaproyectos. Ya en 2003, el 73% por ciento de la producción de no combustible correspondía a minerales metalíferos, el 14% a minerales no metalíferos, y el resto, a rocas de aplicación.

Miguel Teubal, economista e investigador del Conicet en el Instituto Gino Germani, coincide con Svampa en que el aprovechamiento de los recursos naturales produjo un efecto reprimarizador en toda América latina: “Es un fenómeno tan actual como global. Al igual que el modelo de los agronegocios, la megaminería responde al paradigma neoliberal. Sus actores son grandes corporaciones integradas en forma vertical. Sus proyectos están localizados. Además de que no generan valor ni cadenas productivas, no son sustentables. Podemos vivir sin oro, pero no sin agua. La buena minería es posible, pero debemos enfocar el tema desde lo estructural”.

En la práctica, el paquete normativo implicó que la Argentina quedara clasificada en un relevamiento impositivo de la Cepal como el segundo país en el mundo con menor carga tributaria para la explotación de oro y el tercero en el caso del cobre. En los hechos, las normas contienen numerosos beneficios. El más importante: la estabilidad fiscal, levemente modificada en 2007, pese a las protestas de las multinacionales, cuando se generalizó la aplicación de retenciones de entre el 5 y el 10%, según fuera el mineral sólo explotado o también concentrado en el país. Por el mineral a boca de mina, las provincias sólo pueden cobrar hasta el 3%.

Rentabilidad y desarrollo. “En 2005, si consideramos la gran minería junto con todo el panel de minas y canteras, la relación entre las utilidades obtenidas por las 37 empresas más importantes y el costo laboral total, incluyendo contribuciones sociales e indemnizaciones, la relación es de ocho a uno”, señaló Giraud. El indicador habla del carácter fuertemente capital-intensivo de la actividad. El grado de extranjerización queda en evidencia cuando se tiene en cuenta que el valor agregado de las empresas nacionales apenas oscila entre el 3 y el 4% del total producido por la actividad, que aporta poco más del 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Giraud subraya que ningún país salió de la pobreza mediante la gran minería transnacional: “Puede generar un fuerte crecimiento económico, pero inestable en el tiempo, porque se difunde muy poco hacia la población”. La cuestión se expresa en los persistentes altos niveles de pobreza que registran las zonas mineras. Como ejemplo señala al Gran Catamarca, que sigue por encima del promedio nacional, a pesar de que Minera Bajo La Alumbrera comenzó a producir en el ’97.

Roberto Adaro, asesor técnico de la Oficina del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, aportó un dato central: “El 80% de los recursos de la provincia de Catamarca son aportes nacionales. Sólo el 3% proviene de las regalías mineras. Las ganancias de la empresa La Alumbrera será este año de unos 5.300 millones de pesos, cifra superior al presupuesto provincial”. La situación es similar a la que exhibe, por ejemplo, San Juan, donde la canadiense Barrica Gold explota el yacimiento de Pascua Lama que produce oro y cobre, como metal secundario.

“No somos cobayos. El comportamiento de las mineras es el mismo en todo el mundo. Argentina no es una isla. Lo que está en juego en esta actividad, como en muchas otras, es un modelo de desarrollo global. Hay factores externos que maximizan la tasa de ganancia y las empresas aprovechan”, advirtió Alejandro Rofman, economista e investigador del Conicet en el Centro de Estudios Regionales (Ceur). Su mirada subraya que la implantación de megaproyectos debe contemplar que se trata de recursos no renovables. En otras palabras: que la vida del proyecto coincide en forma directa con la disponibilidad del recurso.

“La represa de Salto Grande es un ejemplo de enclave y Concordia la muestra palpable del fracaso en términos de desarrollo social por las altas tasas de desocupación que dejó el proyecto tras su fase de implantación. Debemos reconocer las características técnicas y productivas de los proyectos y darles cabida en un marco político e ideológico que asegure la producción, pero también la distribución social de los beneficios –propuso Rofman–. En pocas palabras, que el excedente mejore la calidad de vida de las poblaciones”.

¿Desarrollo sustentable?
Si identificamos al bien económico sólo con el precio de mercado, no estamos hablando de desarrollo sustentable”, afirma Marcelo Giraud. Los números que aporta el especialista ponen de relieve la disociación que existe entre el mercado y las necesidades de una sociedad. Según sus cálculos, Barrica Gold apunta a extraer, en el período útil del yacimiento de Pascua Lama, unos 14,4 millones de onzas de oro; es decir: unas 447 toneladas o –dada la densidad del material– unos 23 metros cúbicos del mineral. Para concretar este objetivo, la empresa canadiense deberá remover unos 1.800 millones de toneladas de roca –el 82% de ese volumen es material estéril– y utilizar 170 millones de metros cúbicos de agua, equivalente el consumo de 22 mil familias durante dos décadas. La potencia eléctrica requerida por el enclave implica un consumo anual de 1 millón de megavatios/hora, cantidad similar al consumo de casi 400 mil hogares. Las dimensiones expresadas se tornan aún más comprensibles cuando las comparaciones se realizan con los recursos en juego para conseguir un gramo de oro, que mide apenas 3,7 milímetros de lado. En este caso, los resultados arrojan: 4 millones de roca removida, 380 litros de agua utilizados y 43,6 kw/h de electricidad –el consumo promedio de dos familia durante una semana–.

Miradas al Sur - 24 de diciembre de 2011