Vivimos tiempos de crisis. El descalabro económico que la sociedad española viene sufriendo en los últimos cinco años ha terminado afectando seriamente a todos los ámbitos de la vida política, social e institucional de nuestro país. También al servicio público de Justicia y al Poder Judicial. El extraordinario incremento de la litigiosidad como consecuencia de la crisis económica ha embestido como un tsunami en un servicio público (el de Justicia) que, a causa de la tantas veces denunciada dejación de los sucesivos gobiernos de la época democrática, no había acometido todavía la necesaria modernización de sus estructuras, organización, procedimientos y rutinas.