Pero que así como genera importantes ganancias y oportunidades de capitalización en un reducido número de actores concentrados que ostentan el mayor poder económico de la cadena de valor (grandes productores, molinos integrados e hipermercados), produce en simultáneo situaciones de extrema vulnerabilidad social y económica en el otro extremo de los integrantes de esa cadena (cerca de treinta mil familias de pequeños productores y obreros rurales dispersas por todo el territorio provincial y con un muy incipiente nivel de organización gremial). (Gortari J.: 2012). Ello que redunda en que el sector como un todo se vea recurrentemente inmerso en situaciones de conflicto social (cortes de ruta, bloqueos a los accesos a las plantas industriales, paros agrarios, tractorazos, protestas por un mayor acceso de los tareferos al subsidio interzafra), afectado por denuncias y procedimientos de control (Ministerio de Trabajo, RENATEA, ANSES, AFIP) constatando trabajo infantil, trabajo en negro y condiciones deplorables de traslado y campamento durante el tiempo de cosecha, así como por siniestros viales de camiones que transportan obreros de la yerba que generaron en los últimos cinco años 20 víctimas fatales, menores de edad y niños entre ellos.Esta realidad, que fue mediada durante los casi 60 años de funcionamiento de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM, 1936/1991), se agravó rápidamente a partir de su disolución en 1991 (decreto Menem/Cavallo), tuvo su pico de conflicto social a mediados de 2001.

Revista Realidad Económica Nº 280 - noviembre/diciembre de 2013