Contrariamente a lo que han afirmado los dirigentes europeos, el pacto fiscal que introduce una regla de oro presupuestaria no ha resuelto en nada la crisis de la zona euro. El tratado en cuestión no hace más que afirmar buenas intenciones en materia de gestión presupuestaria sin atacar la causa profunda de la crisis: los desequilibrios estructurales de la balanza de cuenta corriente en el seno de los países de la zona euro. Ahora bien, la crisis de la deuda soberana no es la causa de la crisis financiera sino su consecuencia. Al instaurar políticas de austeridad generalizadas simultáneamente en todos los países deficitarios de la zona euro, los responsables políticos corren el riesgo de hundir la zona euro en un decenio perdido de recesión hasta que haga implosión bajo la presión de las revueltas sociales contra el yugo de la austeridad.

Recordemos que la crisis financiera supone una doble crisis de endeudamiento privado y público. Ocultar el exceso de endeudamiento privado es cómodo, pues exonera de toda reflexión crítica sobre los excesos propios de un capitalismo no regulado. La zona euro ha permitido la expansión de burbujas de endeudamiento en los países de la periferia financiadas en gran parte gracias al ahorro de los países del Norte. Durante cerca de diez años, se ha construido una zona euro a dos velocidades con la complacencia de los líderes europeos. El Norte se ha convertido en centro industrial de producción aprovechando una inflación moderada, mientras que el sur se ha convertido en centro de consumo en el que una economía de servicios y del sector inmobiliario ha suplantado a la industria debido a una inflación excesiva. Estas disparidades de desarrollo son las dos caras de un mismo desequilibrio, financiando Alemania el exceso de deuda privada de los países periféricos. El excedente de la balanza comercial de Alemania procede en gran medida de los países europeos: el 63% de sus exportaciones se dirigen hacia la Unión Europea. Mientras que la parte de la industria en el valor añadido de la economía alemana alcanza el 30%, es del 16% y el 18% respectivamente en el caso de Francia y España. El diferencial de competitividad no es sólo cuantitativo, pues la industria se concentra en los países del Norte y ha sido consignada al abandono en los países del Sur.

El pacto fiscal no reconoce en absoluto estos desequilibrios. Se concentra exclusivamente en la disciplina presupuestaria, exigiendo a los países que mantengan el "déficit presupuestario estructural" por debajo del 0.5%. Ahora bien, el déficit estructural es imposible de definir, dando vía libre a todas las interpretaciones y rodeos. Por otro lado, no se puede considerar el déficit presupuestario como único indicador de desequilibrio. Así, por ejemplo, España e Irlanda eran los mejores alumnos presupuestarios en 2007. España tenía una tasa de endeudamiento del 37% como parte del PIB, un indicador presupuestario que hubiera podido envidiar cualquier país de la zona euro sin excepción en la época. Pero la crisis financiera ha hecho estallar la burbuja inmobiliaria convirtiendo en insolventes a hogares y empresas sobreendeudadas. Luego, el Estado español, ha tenido que endosar la deuda de los bancos golpeados de lleno por la acumulación de créditos dudosos.

En virtud de una ecuación fundamental de equilibrio macroeconómico, la balanza exterior es la suma de la balanza privada y de la balanza presupuestaria. El análisis del endeudamiento privado y público muestra que evolucionan en espejo para componer una suma relativamente inflexible, la balanza de cuenta corriente, reveladora de la competencia de un país. Cuando sobreviene una crisis financiera y el sector privado se ve obligado a desendeudarse, el endeudamiento público debe substituirse mecánicamente con el endeudamiento privado para mantener el crecimiento y la balanza de cuenta corriente. El déficit presupuestario español e irlandés no se deben a la irresponsabilidad de sus gobernantes sino ante todo a un déficit estructural de competitividad y a una especialización de sus economías en sectores de débil valor añadido. En un sistema de cambio rígido, los países no pueden modificar su competitividad más que domeñando los costes laborales e invirtiendo en I+D para desarrollar sectores industriales orientados a la exportación con fuerte valor añadido. Pero estas políticas mercantilistas no se construyen más que a largo plazo: no se puede exigir a un país llevar a cabo reformas estructurales de competitividad en el espacio de algunos meses.

Forzoso es constatar que la austeridad preconizada por la doxa europea ha fracasado allí donde se ha puesto en práctica (Grecia, Portugal, Irlanda y España). Por otro lado, apenas firmado el tratado de pacto fiscal, España anunciaba que no cumpliría sus objetivos presupuestarios en 2012, pasando de un déficit del 4.4% del PIB previsto inicialmente a una estimación que se acerca al 6% del PIB. El programa de austeridad español ha acabado de abismar al país en la recesión, con tasas de paro considerables de un 23% sobre el conjunto de la población activa y del 50% entre los jóvenes de menos de 25 años. No hará falta mucho tiempo para que el país haga implosión socialmente bajo el empeño del rigor presupuestario.

La zona euro ha adoptado por unanimidad la doctrina de la austeridad combinada con una política monetaria expansionista, haciendo creer que el rigor presupuestario favorece la confianza y sostiene el crecimiento a largo plazo. ¿Por qué habría de funcionar hoy esta política cuando la austeridad no se ha visto coronada de éxito en la historia económica cuando no ha ido acompañada de devaluación monetaria? Peor todavía, parece confundirse con las políticas de deflación competitiva que se exigían para preservar el patrón oro en los años 30. Los premios Nobel de economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman han mostrado ambos que estas políticas provocaron deflación y sumieron a los países en la depresión.

Cierto es que el programa de refinanciación a largo plazo ("LTRO") de los bancos de la zona euro por parte del Banco Central Europeo nos ha salvado a corto plazo del hundimiento, pero esta política de taponamiento no ha resuelto en nada las causas profundas de la crisis ni ha mejorado la situación de solvencia de los países periféricos de la zona euro, que no cesa de agravarse. Pese a la autosatisfacción de la que alardean los negociadores del tratado, la crisis de la zona euro no ha terminado, y conocerá incluso una fase más aguda en cuanto se debiliten las perspectivas de crecimiento en China y los Estados Unidos y el apetito por el riesgo de los inversores se evaporare de nuevo en los mercados.

Renegociado o no, el pacto fiscal no tiene futuro. Si deseamos preservar el euro, se hace imperativo reconocer la responsabilidad compartida por países acreedores y deudores en los desequilibrios de la balanza de cuenta corriente en el seno de la zona. Un gobernante federal democrático tendrá que ver la luz, establecer un diagnóstico lúcido de la crisis y actuar en interés general de toda la zona, rebasando las reivindicaciones particulares de los estados. Sin inflación en los países del Norte y sin mecanismos de redistribución fiscal entre los países miembros (Tesoro europeo, eurobonos, banco europeo de inversión...), la zona euro desaparecerá. Y de seguir prevaleciendo la política de negación, esta desaparición no se hará de manera concertada y preparada sino en un contexto de caos político y financiero. El euro será federal o no será.