Cinco claves para entender el fallo de YPF que exige transferir las acciones del Estado al fondo Burford
¿Por qué se pueden embargar activos si el fallo judicial no está firme? ¿El Estado argentino está en condiciones de cumplir con la exigencia de Loretta Preska? ¿La magistrada estadounidense puede ordenar el embargo de cualquier activo estatal argentino? ¿Por qué el caso llegó a la justicia estadounidense? ¿Cómo sigue la disputa a partir de ahora?
Asunto soberano
Con la decisión de recuperar el 51% del paquete accionario de YPF mediante la expropiación a su controlante Repsol, y la declaración de interés público nacional del autoabastecimiento de petróleo, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización, el Poder Ejecutivo dio un paso clave para enfrentar y revertir la decadencia del modelo energético de desregulación y privatización que desguazó la empresa estatal de hidrocarburos. En el contexto de una crisis anunciada desde hace varios años, con caídas bruscas o estancamientos en alguna de sus tres variables más importantes (producción, inversión y reservas), los mecanismos puestos en marcha para revertirla ya despertaron encendidos debates, aunque su tratamiento parlamentario revela hasta el momento un respaldo amplio a la renacionalización de la compañía que, aun cuando en algunos casos se expresaron disidencias parciales, incluye a casi todas las fuerzas políticas.
La matriz energética nacional depende en un 90% de combustibles fósiles, que son recursos no renovables: gas natural, 51%, y petróleo, 39%. Apenas un 7% está constituido por energías renovables, fundamentalmente la hidráulica, mientras que el 3% restante corresponde a la nuclear.
Esta fuerte dependencia nacional de los hidrocarburos contrasta con los porcentajes de consumo que se observan a nivel internacional. En 2008, el 58,9% de la energía consumida en el mundo tuvo a los hidrocarburos como fuente primaria, de acuerdo con el informe Statistical Review of World Energy 2009. Casi un 30% menos que en Argentina.